Cuando se escucha a algunos miembros de la oposición, y también a algunos periodistas, argumentar contra el proyecto de ley que declara de interés público la comercialización de papel de diarios valiéndose del concepto de “derecho a la libertad de prensa” no se puede evitar el desconcierto. ¿Hablan desde el desconocimiento o la confusión, hablan desde la decisión consciente de oponerse a cualquier iniciativa de un gobierno al que detestan, o hablan, simplemente, desde intereses particulares que no confiesan? Más que en su dudosa agudeza, la pregunta se sostiene en un deseo y en una intención. El deseo de no ser torpes en el análisis, de rescatar los matices, de no ser prejuiciosos o injustos. Y la intención de mantener una puerta para el diálogo, especialmente con aquellos con los que, hasta hace días, creíamos compartir al menos conceptos básicos de derechos humanos.Porque de eso se trata precisamente, de entender, y en todo caso criticar, el proyecto desde el ángulo de los derechos humanos, en particular, desde el derecho a la comunicación.
Obsérvese que el punto de vista propuesto no es meramente el del derecho a la libertad de prensa ni tampoco sólo el del derecho a la libertad de expresión sino el mucho más abarcativo concepto de derecho a la comunicación. Esto no implica estrechar sino ensanchar la libertad de prensa y la libertad de expresión y hacer que sus alcances comprendan verdaderamente a todos los hombres.
Hacer que el derecho a la libertad de prensa eluda el peligro de convertirse en un derecho aplicable sólo a las empresas de prensa, restricción por la cual degrada primero en “derecho a la libertad de empresa de prensa” y luego, simple y tristemente, en “derecho a la libertad de empresa”. En otras palabras, el derecho de una empresa que convierte en mercancía y comercializa lo que en realidad es un bien público inalienable: la información.
La comunicación, como derecho de todos y todas, no es de ninguna manera un resorte exclusivo de los profesionales del periodismo ni, mucho menos, de las empresas propietarias de los medios. Tampoco lo es, claro está, de los gobiernos ni de los funcionarios que trabajen en áreas conexas con la información.
La comunicación como derecho humano implica la capacidad y la posibilidad de todos y cada uno de los hombres de relacionarse con los demás en forma horizontal y plural y de expresar en ese contacto igualitario todos sus sentimientos, proyectos y aspiraciones. Tal como dice la Carta de los Derechos de la Comunicación, “…la comunicación es esencial para la vida de todos los individuos y para sus comunidades. Cada persona tiene el derecho de participar en la comunicación y tomar decisiones sobre ella…”.
Sin embargo, en el actual panorama mundial de fusión y creación de cada vez mayores monopolios de información, para que cada persona pueda efectivamente “participar en la comunicación y tomar decisiones sobre ella”, los Estados democráticos, lejos de permanecer permisivos y ausentes, como reza el credo liberal, deberán intervenir activamente para crear las condiciones que hagan posible esa participación.
El monopolio, cuya íntima razón de ser es la eliminación de la competencia primero para poder imponer sus condiciones luego, es la negación misma de la posibilidad de participación amplia y diversificada de muchos actores.
Es fácil ver entonces que si el monopolio es de fabricación de papel para diarios, su existencia implicará posibilidad de restringir la participación generalizada de múltiples y antagónicos medios gráficos. El monopolio del papel podrá, mediante la entrega del papel en cuentagotas, los precios diferenciados a amigos y enemigos o directamente la negación de venta, manejar la cantidad de medios existentes en el mercado, su tendencia y hasta la cantidad de páginas que cada uno tenga. En la Argentina esto no es una especulación teórica, es meramente una constatación histórica que viene siendo denunciada no sólo por muchos diarios del interior sino incluso por diarios de circulación nacional.
En este contexto no resultan posibles las confusiones. Quien defienda el libre albedrío de Papel Prensa para comercializar el papel que produce, aunque enmascare su postura apelando a la libertad de prensa, estará defendiendo sólo la libertad de empresa. Sólo quien postule el aumento de la producción de papel para diarios hasta cubrir toda la necesidad nacional y la justa y equitativa distribución del producto a igual precio puede argumentar a su favor la defensa del derecho a la comunicación y de la libertad de prensa como parte de él.
La definición de criterios democráticos de distribución de un bien estratégico escaso fue y es una obligación de éste o de cualquier otro gobierno pasado o futuro. Esto vale para el papel de diarios y para cualquier otro bien crítico. Y si un gobierno defecciona de esta obligación, los ciudadanos debieran recordársela.
El control democrático sobre la forma en que se distribuye el papel para diarios –además, ejercido por el Parlamento y no por el Ejecutivo– no es otra cosa que el control democrático de la libertad y la igualdad en el acceso a la palabra impresa. Es la forma democrática de evitar que la palabra impresa de todo un país sea secuestrada, administrada o limitada por un grupo monopólico.
Nos vemos,
Tomado de Rodolfo Luis Brardinelli
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