Kirchner: trabajo y capacitación para el crecimiento

Cuando llegamos al gobierno, allá por 2003, hablar de capacitación laboral y de formación continua era casi un ejercicio discursivo. Veníamos de una década de exclusión, de desamparo y de un Estado que se mantenía indiferente ante la especulación financiera que beneficiaba a unos pocos en perjuicio de la producción nacional y, por consiguiente, de millones de argentinos.

La actual gestión de gobierno ha levantado y dado nuevos contenidos a las banderas históricas de la justicia social: lo que ayer llamábamos los derechos de la ancianidad y de la niñez hoy se expresan en la ampliación y profundización de la cobertura de los beneficios jubilatorios y en la Asignación Universal por Hijo. Los procesos de inclusión social ascendente tienen como eje el trabajo y el empleo de calidad.

Poner en marcha al país para la generación de empleo no fue una tarea sencilla. Tampoco resultó imposible. Cuatro millones y medio de puestos creados en estos años lo demuestran. Queríamos y queremos empleo de calidad; por eso recuperamos las negociaciones salariales colectivas y el Consejo del Salario Mínimo. Queríamos y queremos más y mejor trabajo; por eso las políticas de formación para los trabajadores.

Estamos convencidos de que le damos nuevos significados a nuestras banderas históricas.

Hoy la justicia social se hace carne en instituciones comprometidas con la distribución del conocimiento productivo, para alcanzar a aquellas poblaciones que fueron vulneradas por procesos sociales basados en la creencia que el mercado todo lo solucionaba, y olvidaban que de esta manera se garantizaba que el hombre se convirtiera en lobo del hombre. Los jóvenes son una prioridad, los trabajadores y trabajadoras adultos son una prioridad.

Nuevamente nosotros, desde el Ministerio de Trabajo, tal como lo hizo Juan Domingo Perón en la Secretaría de Trabajo con la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, estamos generando instituciones de calidad. Para ello contamos con la activa participación de organizaciones sindicales, pero también con la participación de organizaciones empresariales a las que comprometemos en nuestras políticas porque entendemos que las mismas son un factor de competitividad económica.

Porque al haber elevado los pisos de la seguridad social, al haberle dado a una gran mayoría de nuestros ciudadanos y ciudadanas un mayor grado de libertad para elegir y construir su proyecto de vida, debemos darle una red de instituciones que contribuyan ahora sí al desarrollo de sus capacidades para que estas decisiones sobre su futuro consideren que hoy la formación no es sólo un derecho, es un deber. Y en esto no somos un Estado ausente.

A los hechos me remito: en 2003 había sólo 15.000 desocupados capacitándose. Hasta hoy esa cifra alcanza a más de un millón de trabajadores. En términos de recursos financieros, de los 5 millones destinados en el año 2003 hemos pasado a un presupuesto de 165 millones de pesos, es decir, 33 veces más grande que el inicial. Esto no implica simplemente facilitar el acceso a un puesto de trabajo, sino proveer las herramientas que permitan preservarlo y realizarlo correctamente. No es un proyecto cortoplacista sino uno que apunta a mejorar el presente con vistas al futuro.

Carlos Tomada
Ministro de Trabajo

PD.: aunque la oligarquía quiera mostrar lo contrario