26 de septiembre de 2010

Mesa de Enlace: fin al matrimonio, nace la J.N.G.?


Hoy, más que nunca, el matrimonio por conveniencia de la Mesa de Enlace atraviesa, por así decirlo, una crisis de pareja. Como suele suceder, la disputa es por los bienes gananciales. En este caso, un poroto que mueve millones: la soja. Ese verde objeto del deseo aglutinó a las patronales chacareras contra la 125, aunque después jamás lograron ponerse de acuerdo en cómo repartir una torta enorme y que no para de crecer.

El capítulo más reciente de esta novela de intrigas telúricas y millonarias tiene que ver con los deseos que hizo explícitos la Federación Agraria Argentina (FAA), desempolvando algunos de los preceptos nacidos con el Grito de Alcorta. Los mismos que la entidad que dirige Eduardo Buzzi había cajoneado para no alterar las normas de etiqueta de la mesa a la que se sentó junto a la Sociedad Rural (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y los cooperativistas de Coninagro. Ahora, mientras estas tres entidades siguen llevándose la parte del león de un mercado que no deja de florecer –la soja acaba de marcar su precio máximo en lo que va del año, cotizando a 400 dólares la tonelada en la Bolsa de Chicago–, los hombres de Buzzi piden más intervención del Estado en el negocio de la compra y venta de cereales, se quejan de los magros resultados que para el bolsillo de sus afiliados trajo la autorregulación del mercado y reclaman lo que para sus aliados es algo así como la suma de todos los miedos: la creación de un organismo de naturaleza mixta que venga a regular la fiesta sojera y garantice un precio de venta para los pequeños y medianos chacareros.

El pedido de la FAA, que hasta ahora había mostrado idéntico nivel de antiestatismo que las otras entidades patronales –de hecho, la Mesa de Enlace nació para enfrentar la política agropecuaria del gobierno nacional–, se había escuchado en enero pasado durante una asamblea de productores trigueros en el teatro Broadway, y ahora tomó la forma de un proyecto girado al Congreso de la Nación, en momentos en que el Parlamento discute qué hacer con las retenciones al agro.

Para el escándalo de Hugo Biolcati, CRA y Coninagro, el dirigente rural Silvio Corti aseguró: «Necesitamos un ente público capaz de meterse en el negocio de la compra de nuestro cereal». Para Corti, «pedir la libertad de mercado es pedir más de lo mismo porque en la Argentina el mercado son cinco señores que se llaman exportadores y veinte molinos». Para más datos, el ex dirigente de la FAA y actual diputado nacional por la UCR Ulises Forte agregó: «Cuando hay cinco que compran y decenas de miles que venden, los mercados no son libres. O los regulan unos pocos o nosotros». Palabras más, palabras menos, Corti y Forte propusieron reflotar la Junta Nacional de Granos, el organismo nacido a principios de los ’30 y que acabó siendo disuelto en 1991, en medio de la fiebre desreguladora encabezada por Carlos Menem y Domingo Cavallo.

Esta nueva fisura del ariete chacarero se suma a otras tantas que se vienen profundizando desde aquella noche del 17 de julio de 2008 y el voto «no positivo» de Julio Cobos. Las diferencias más ríspidas son el debate por la segmentación de las retenciones a los cultivos y la iniciativa oficial de sancionar una nueva Ley de Arrendamiento, dos temas en que la FAA, por un lado, y la SRA, CRA y Coninagro, por el otro, se desconfían todo.

En el caso de la Junta Nacional de Granos, el proyecto de la Federación supone la creación de un organismo mixto, la Agencia Federal de Estímulo y Promoción Agropecuaria, que podrá intervenir y controlar el valor del grano, con el objetivo de defender a los pequeños de los grandes. En pocas palabras, Buzzi pide un escudo estatal de contención para que los otros comensales de la Mesa de Enlace aplaquen su glotonería.

El diputado nacional chaqueño Pablo Orsolini, otro ex FAA convertido en agrolegislador radical, explicó que en esta junta versión siglo XXI el presidente y el vice estarían puestos por el Estado, y serían acompañados por un directorio conformado por todo el espectro de los actores del agro. Por su parte, para Omar Barchetta, el segundo de Buzzi, «la solución a los problemas actuales no pasa por dejar que el mercado se autorregule».

La respuesta no se hizo esperar. Famoso por pedir el cierre del Congreso de no derogarse la 125, Ricardo Buryaile, ex vicepresidente de CRA y diputado de la UCR, salió al cruce, añorando el pasado reciente en que sus aliados rebeldes compartían su repelencia al control estatal. «No quiero organismos burocráticos que terminen creando una superestructura», sostuvo Buryaile, que preside la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Desde la SRA, lo mismo sostiene Biolcati, para quien el Estado es casi tan nocivo para el negocio del campo como las malezas que combate con agroquímicos.

De seguir así las cosas entre los miembros de la Mesa de Enlace, con discusiones por asuntos de dinero y sin el compañerismo de antes, crece la posibilidad de la ruptura. Sería, claro, un divorcio millonario. Tanto como el precio del poroto que le está poniendo fin al amor entre chacareros.

Nos vemos, buen domingo




Contribución de: Carlos Romero


1 comentario:

Mariano T. dijo...

Depende que se considere "intervenir". Si intervenir es comprar o vender, como en los 80,es aceptable. Un comprador más, actuando como cualquier otro en el mercado.
Si intervenir es fijar los precios a los cuales compran y venden los demás, ahí Buzzi va a tener que aceptar que probablemente tienda a perjudicar a los que venden mucho más que a los que compran. Sobre todo en gobiernos como éste.