27 de noviembre de 2016

El dinero nunca duerme


Gordon Gekko, el personaje de Wall Street, dice “El dinero es una perra que nunca duerme. Está con un ojo abierto. Es celosa y si no lo cuidás y le prestás atención de cerca, te despertarás por la mañana y tal vez, se haya ido para siempre”. A la hora de cuidar la caja, los gobernadores están más despiertos que nunca; por eso Macri, en la reunión que mantuvo hace unos días con alguno de ellos, trató de seducirlos con más caja. En realidad, o mejor dicho la realidad del presidente -lejos de su idílica idea del poder- es que hace uso de la birome de una manera absolutamente discrecional. Ahi está el caso de Jujuy, que muchos ya la mencionan como la nueva Santa Cruz.

La convocatoria de Macri a un grupo de gobernadores buscando respaldo para la reforma política -que finalmente naufragó- y consensuar una postura común para que la modificación del impuesto a las Ganancias golpee lo menos posible las arcas públicas, no escapa a la lógica de Gekko.

Después de 12 años de hegemonía kirchnerista, la relación del Presidente con los mandatarios, en su mayoría opositores, no sólo selló un nuevo código en el trato y la negociación, sino que también tuvo su correlato económico y marcó un cambio en el vínculo fiscal Nación-provincias.

La apuesta de los jefes peronistas fue simple: hacer valer al máximo sus votos en el Senado, donde nada se aprueba sin su venia. Esto, a cambio de recursos -en especial, de distribución automática para garantizarse ingresos a futuro sin importar el color partidario del poder de turno- y un grado de mayor "independencia", como por ejemplo, obtener luz verde para tomar deuda en el exterior.

Macri entendió que la "gobernabilidad", palabra fetiche de la época, se comprende mejor puesta en números: Cristina Kirchner presidió el país con mayoría legislativa, y el apoyo férreo de al menos 17 de los 24 jefes provinciales; él apenas cuenta con cinco incondicionales y no maneja el Congreso.

¿Cuál es el balance en el salto del ciclo K a la era M? "Es cierto que ganamos cierta autonomía y tenemos un diálogo abierto, pero los números dan mal. Si la economía no crece, me parece que se complica", dijo el gobernador de Chaco, Domingo Peppo, que hubiera preferido "mayor energía" puesta en la obra pública y el consumo.

Sacudidas por el contexto nacional, todas las provincias están en "recesión técnica", según el Indicador Sintético de Actividad de las Provincias (ISAP) que elabora Federico Muñoz & Asociados, con datos actualizados hasta la primera mitad del año.

La evaluación de Peppo es compartida en general por el resto de sus colegas del PJ, en guardia en la previa de la pelea electoral de 2017. Celebran las instancias de discusión que les devuelven un protagonismo perdido, pero dudan del modelo económico.

La expectativa es moderada. En la agenda del federalismo, el Gobierno exhibe como una escarapela el acuerdo por la devolución del 15% escalonada de la masa de impuestos coparticipables que antes se retenía para financiar a la ANSES. Para este ejercicio se está liquidando el 3%, más otro 6% adicional en concepto de préstamo a tasa subsidiada. A fines de diciembre, habrán totalizado alrededor de $ 37.000 millones extra. En los cálculos oficiales, la restitución correspondiente a 2017 sumará $ 48.500 millones.

La Casa Rosada promete que las transferencias automáticas -sumando la coparticipación y el Fondo Federal Solidario (conocido como Fondo Sojero), que se nutre de los derechos de exportación al agro- treparán el año que viene a $ 765.000 millones, equivalente al 30% de la recaudación nacional. "Son tres puntos más respecto del promedio entre 2004 y 2015, que era de 27%", enfatiza un funcionario para subrayar que el macrismo pretende ser menos discrecional en el reparto de fondos.

¿Se dispararon entonces los envíos de coparticipación al interior con el nuevo esquema? No, hasta septiembre acumulan una suba nominal de 36% respecto de 2015, pero de apenas 0,1% en términos reales, según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). "Hay dos factores clave. Uno: la pérdida de fuerza de la recaudación por la caída de la actividad. Y dos: la reducción de la presión tributaria decidida por el gobierno nacional con impacto directo en la "copa" (como la modificación en Ganancias y la baja del IVA a jubilados y beneficiarios de planes) y en el Fondo Federal Solidario (por la rebaja de retenciones a la soja)". Se repite, una vez más, el dilema de la sábana corta.

Lo que sí se está generando es una incipiente inequidad entre las provincias. "Hay una coparticipación a tres velocidades", describe Walter Agosto, investigador principal de Cippec. Esto se da porque se generaron tres grupos. 1) Santa Fe, Córdoba y San Luis: fueron beneficiadas por el fallo de la Corte, reciben coparticipación plena y registran un incremento de 47% interanual en los giros. 2) la Ciudad de Buenos Aires: un decreto de Macri corrigió el coeficiente y ahora embolsa 252% más. 3) El resto: arribó a un pacto para recuperar el 15% total en cinco años, y crece a un ritmo de 36%.

En el Gobierno nadie los trata a los gritos pero sienten que les clavaron un puñal con el freno a la obra pública, pilar de la "década ganada". Sea por sospechas de corrupción, la meta de pisar el gasto o ambas, las cifras son elocuentes. Si se compara lo que va del año, con el mismo período del último año de mandato de Cristina, las transferencias no automáticas de capital al interior bajaron 30% en términos nominales y 49% en términos reales, según Iaraf.

Esa parálisis la sufrieron especialmente los distritos mimados, regados al calor del kirchnerismo con planes de infraestructura, como Buenos Aires, Chaco, Tucumán, Entre Ríos y, por supuesto, Santa Cruz. En el presupuesto que se debate en el Senado ya hay un cambio de prioridades: la cuna del modelo, comandada ahora por Alicia Kirchner, tendrá asignados 86% menos de fondos para proyectos y Jujuy, tierra del aliado radical Gerardo Morales, la nueva Santa Cruz subirá 367%.

En un año electoral, el Gobierno parece replicar la lógica anterior: poner plata en obras. Para 2017 en el presupuesto embolsan $ 48.227 millones, según consta en el anexo del artículo 11. Una tabla detallada a la que en el PJ bautizaron hace tiempo como "la planilla de la felicidad".

Y como el dinero nunca duerme, en la era Macri revivieron los ATN; este año, llevan ejecutados $ 2.529 millones, según informaron fuentes oficiales a El Cronista, y el propósito es llegar a $ 4.000 millones a fin de año. En el top ten figuran: 1º- Buenos Aires: $ 861.000.000; 2º - Neuquen: $ 180.000.000; 3º - Tierra del Fuego: $ 178.000.000; 4º - Santa Fe: $ 157.400.000; 5º - Corrientes: $136.000.000; 6º - Misiones: $ 120.000.000; 7º - Chubut: $ 118.500.000; 8º - La Pampa: $ 114.555.000; 9º - Entre Ríos: $ 107.200.000 y 10º - Mendoza: $ 105.000.000

Si bien los gobernadores pretendían que la partida asignada a los ATN se convirtiera en automática, Frigerio se opuso con el argumento de que ése no era su objetivo y, además, eran necesario modificar la ley 23.548. Como contrapartida, cedió un adicional de $ 5.000 millones para el fondo sojero, financiado por el 30% de lo que se recauda por retenciones al agro. De eso, las provincias a su vez coparticipan el 30% a municipios. Ahora, además de destinarse a obras de infraestructura social, se amplió el alcance a infraestructura productiva.

El gran auxilio para 13 provincias será una partida especial para suplir el rojo previsional. Se trata de los distritos que no transfirieron las cajas jubilatorias a la Nación y siempre debieron rogarle ayuda financiera al Poder Ejecutivo. Está previsto un monto de $ 8.000 millones a liquidarse en 12 cuotas equivalentes para 2017. Hasta ahora, la ANSES auditó a casi todas -excepto Santa Cruz y Chubut- para determinar el estado de las cuentas, el proceso de "armonización" y cuánto correspondería pagar. Se llegó a acuerdos con Buenos Aires, Formosa, La Pampa, Neuquen y Córdoba por los que se desembolsaron unos $ 8.500 millones correspondientes a 2016.

El "plato fuerte" de este año fue, por lejos, el regreso a los mercados de crédito externo. Las provincias no se quedaron atrás de la ola de endeudamiento y adquirieron préstamos por más de u$s 7.000 millones. Lo pudieron hacer por el aval del Ministerio de Hacienda, que no bloqueó la posibilidad y, por el contrario, en algunos casos la alentó.

Se enciende, eso sí, una alarma. Si bien los gobernadores argumentan que recurrieron a financiamiento para planes de infraestructura, algunos lo hicieron para refinanciar pasivos o gastos corrientes.


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Con textos de Jesica Bossi