20 de enero de 2018

Nexo entre la empresa de Caputo, la familia del presidente Macri y los parques eólicos

Tras el polémico negocio por la venta de parques eólicos del Grupo Macri a empresas privadas, ahora se suma el nombre del empresario de la construcción e íntimo amigo del Presidente, Nicolás Caputo, quien se desprendió de su empresa familiar y se la dejó a una importante firma de Real State, cuya parte de su composición accionaria es, en paralelo, dueña mayoritaria de la misma adquisidora de los parques eólicos por los que la familia presidencial ganó más de 48 millones de dólares.

Se trata de la desarrolladora inmobiliaria TGLT, que se dedica a construcción de complejos premium, que este viernes adquirió por 109 millones de dólares el 82,32% de Caputo SAICF, la histórica constructora de la familia Caputo, que ya se desprendió del 20% de los títulos de la compañía fundada por su abuelo. En su composición accionaria, TGLT, pertenece en un 13,6% a PointState Argentum, uno de los fondos de inversión que más invirtió en la Argentina desde la asunción de Mauricio Macri. Lo curioso es que su vicepresidente, Darío Lizzano es, al mismo tiempo, vicepresidente de Genneia y director de PointState Argentum.

12 de noviembre de 2017

La reforma previsional que plantea el Gobierno tenderá a ensanchar la distancia entre los salarios de los trabajadores activos y los haberes jubilatorios


Hagamos un poco de historia. La madrugada del 20 de agosto de 2010 la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría la ley que impuso el 82% móvil para los jubilados. Fueron 135 votos a favor, 89 en contra y 17 abstenciones. Después de la aprobación la presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó la ley al calificarla como una trampa para hacer trastabillar a la jubilación pública y forzar a su gobierno a una medida impopular. Mauricio Macri se lo recriminó: “La Presidenta no tiene autoridad moral para decir que no le alcanza la plata, cuando viene despilfarrando recursos en forma cada vez más grotesca”.

Hoy ya nadie habla del 82%. Dejó de ser una obsesión para las fuerzas políticas que lo impulsaron en su momento. Por el contrario, la reforma previsional que plantea el Gobierno tenderá a ensanchar la distancia entre los salarios de los trabajadores activos y los haberes jubilatorios, hundiendo cada vez más a estos últimos.

2 de agosto de 2017

No aprendemos más

Más temprano que tarde habrá una nueva crisis de la deuda. Es triste escribir esta frase

por Reynaldo Sietecase

Más temprano que tarde habrá una nueva crisis de la deuda. Es triste escribir esta frase. En dos, cinco o diez años habrá una nueva crisis socioeconómica. Sólo es cuestión de tiempo. Y ya conocemos las dramáticas consecuencias que esta situación ocasionará a los sectores populares. Pasó y volverá a pasar.

La dirigencia política argentina funciona como un adicto que se recupera y vuelve a recaer con un entusiasmo cada vez mayor. Los que firman estos acuerdos aberrantes lo saben. Los opositores también pero casi todos callan.

Según datos oficiales, el año pasado la deuda externa aumentó en 35 mil millones de dólares.

Entre enero y mayo de este año, la emisión de deuda fue de 40 mil millones de dólares. Cuarenta mil millones en cinco meses. Estos datos los consigna el Ministerio de Economía no el Partido Obrero.

Hace algo más de un mes, el gobierno firmó un bono de deuda a un plazo de cien años con una tasa mucho más alta que el promedio del mercado (casi ocho por ciento). La sola enunciación parece un chiste de mal gusto. Se tomó deuda por 2750 millones de dólares pagaderos a razón de 200 millones de dólares por año durante un siglo (se estima que en 14 años se pagará el capital y los otros 86 años serán para pagar los intereses).

Todavía hay algo más grave que el plazo delirante del empréstito. Semejante endeudamiento no tiene como objetivo renovar infraestructura, ni hacer grandes obras sanitarias, ni carreteras ni escuelas. La plata será utilizada para solventar el déficit y pagar intereses de la deuda.

Para Ismael Bermúdez, el periodista económico de Clarín, la única explicación a esta operación es “la necesidad de los acreedores” de colocar su exceso de fondos.

Una decisión que compromete a 25 gobiernos y a varias generaciones de argentinos no pasó por el control del Congreso de la Nación y sólo tomó estado público cuando se concretó. Es decir cuando el gobierno ya la había realizado.

Algunos medios y periodistas presentaron el bono a cien años como si se tratase de una buena noticia: “Un signo de confianza en el país”. Apenas hubo algunas voces críticas. El silencio de la CGT y otras organizaciones intermedias fue atronador.

En pocos días el tema pasó al olvido. La deuda no se ve pero siempre está. Y crece.

En la actualidad el 43% del déficit fiscal está compuesto por intereses de la deuda. “Lo que el gobierno se ahorró en el pago de subsidios por el aumento de las tarifas se perdió en el pago de intereses de la deuda”, señaló Bermúdez. La conclusión es simple: el esfuerzo de los usuarios que pagaron los aumentos en los servicios públicos terminó en el segmento financiero que sigue haciendo grandes negocios saltando de las letras al dólar y viceversa.

La mayoría de las fuerzas políticas son corresponsables del endeudamiento. Avalaron sin chistar el presupuesto que contemplaba esta posibilidad sin que se tenga la necesidad de consultar a los legisladores y ahora callan.

Varias generaciones deberán hacer frente a esta hipoteca que no para de crecer en una lógica perversa: más se paga, más se debe.

Esta cuestión no está en la agenda electoral. Esta cuestión no se discute en los medios. No es tema.
Se entiende el silencio de los cómplices. No se entiende el silencio de los inocentes.