El fantasma del camionero

La airada reacción empresaria ante la idea de compartir utilidades con los trabajadores parece más un exabrupto propio de un momento de ánimos exasperados que una queja con real fundamento. No puede haber sorpresa, ya que no es la primera vez que en el Parlamento se gesta una iniciativa para echar mano de esa renta. En aquella ocasión, como ocurriría ahora, la propuesta tenía un alcance muy acotado, ciñéndose a las ganancias excepcionales e involucrando sólo a un segmento del universo patronal. Finalmente, y tal como hace un año, todo podría quedar en un simple amague sin el esquivo aval del Gobierno.

Carlos Tomada definió en las últimas horas el marco de cualquier eventual discusión sobre la posibilidad de que los trabajadores accedan por ley a las utilidades de sus empleadores. El ministro de Trabajo reivindicó las convenciones colectivas como forma de resolver cualquier puja y rescató el concepto de “productividad” como parámetro para encauzarla, eludiendo un pronunciamiento expreso sobre una nueva norma para habilitar aquella participación. Sin el respaldo contundente del Ejecutivo, un proyecto de esta naturaleza y delicadeza estaría condenado a convertirse en letra muerta, aun cuando esté fogoneado por hombres afines a la política oficial.

Hace poco más de un año, el diputado oficialista y asesor letrado de la CGT, Héctor Recalde, había conseguido varias firmas para impulsar el Trámite Parlamentario Nº 19, del 27 de marzo. Ese anteproyecto pretendía crear un Fondo Empresario Anticrisis con el exclusivo fin de sostener el empleo en aquellas empresas que estuvieran afectadas por las crisis económica. Los recursos serían administrados por el Ministerio de Trabajo y se obtendrían gravando con una sobretasa de 3 puntos adicionales las “ganancias extraordinarias” de las empresas.

Ese trabajo definió “rentabilidad” como un porcentaje de las utilidades netas sobre ventas y precisó que éstas serían extraordinarias cuando “superen el 20% de los ingresos brutos anuales”. Ese porcentaje, a priori arbitrario, surgió de sumarle algunos puntos al interés vigente para plazos fijos y de duplicar la tasa de ganancia media propia de los países desarrollados, asumiendo que en estas latitudes las inversiones son más riesgosas y, por lo tanto, ameritan una renta mayor. Hasta aquí, nada que emparente la propuesta del legislador del FPV con alguna osada propuesta socialista.

La remozada versión en ciernes de ese proyecto, que Recalde trabaja codo a codo con Hugo Moyano, pareciera a simple vista más ambiciosa y audaz. En principio porque parecería que su alcance es mayor, ya que afectaría a todas las empresas con más de 300 empleados y porque podría estar en juego toda la ganancia neta y no sólo la excepcional. Según sugiere su autor, la alícuota sería del 10% y 8 puntos alimentarían el bolsillo de los trabajadores bajo la forma de un bonus anual.

Pero, en caso de concretarse, esta nueva embestida también estaría lejos de cualquier carácter revolucionario. El premio anual a los empleados ligado a los resultados de la gestión es rutina en muchas grandes firmas, cuya estrategia de recursos humanos casualmente termina honrando el mandato del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Entre las protecciones al trabajo que éste ennumera se incluye expresamente la “participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección”.

¿Qué hombre de empresa podría reclamar falta de seguridad jurídica si una nueva ley se inspira en una orden constitucional? Cuba, e incluso Venezuela, siguen estando a miles de kilómetros de la Argentina y lo que verdaderamente encoge el estómago patronal es que cunda el ejemplo de Hugo Moyano bloqueando las puertas de Siderar.

Nos vemos, buen domingo



Tomado de Buenos Aires Económico