27 de noviembre de 2016

El dinero nunca duerme


Gordon Gekko, el personaje de Wall Street, dice “El dinero es una perra que nunca duerme. Está con un ojo abierto. Es celosa y si no lo cuidás y le prestás atención de cerca, te despertarás por la mañana y tal vez, se haya ido para siempre”. A la hora de cuidar la caja, los gobernadores están más despiertos que nunca; por eso Macri, en la reunión que mantuvo hace unos días con alguno de ellos, trató de seducirlos con más caja. En realidad, o mejor dicho la realidad del presidente -lejos de su idílica idea del poder- es que hace uso de la birome de una manera absolutamente discrecional. Ahi está el caso de Jujuy, que muchos ya la mencionan como la nueva Santa Cruz.

La convocatoria de Macri a un grupo de gobernadores buscando respaldo para la reforma política -que finalmente naufragó- y consensuar una postura común para que la modificación del impuesto a las Ganancias golpee lo menos posible las arcas públicas, no escapa a la lógica de Gekko.

Después de 12 años de hegemonía kirchnerista, la relación del Presidente con los mandatarios, en su mayoría opositores, no sólo selló un nuevo código en el trato y la negociación, sino que también tuvo su correlato económico y marcó un cambio en el vínculo fiscal Nación-provincias.

La apuesta de los jefes peronistas fue simple: hacer valer al máximo sus votos en el Senado, donde nada se aprueba sin su venia. Esto, a cambio de recursos -en especial, de distribución automática para garantizarse ingresos a futuro sin importar el color partidario del poder de turno- y un grado de mayor "independencia", como por ejemplo, obtener luz verde para tomar deuda en el exterior.

Macri entendió que la "gobernabilidad", palabra fetiche de la época, se comprende mejor puesta en números: Cristina Kirchner presidió el país con mayoría legislativa, y el apoyo férreo de al menos 17 de los 24 jefes provinciales; él apenas cuenta con cinco incondicionales y no maneja el Congreso.

¿Cuál es el balance en el salto del ciclo K a la era M? "Es cierto que ganamos cierta autonomía y tenemos un diálogo abierto, pero los números dan mal. Si la economía no crece, me parece que se complica", dijo el gobernador de Chaco, Domingo Peppo, que hubiera preferido "mayor energía" puesta en la obra pública y el consumo.

Sacudidas por el contexto nacional, todas las provincias están en "recesión técnica", según el Indicador Sintético de Actividad de las Provincias (ISAP) que elabora Federico Muñoz & Asociados, con datos actualizados hasta la primera mitad del año.

La evaluación de Peppo es compartida en general por el resto de sus colegas del PJ, en guardia en la previa de la pelea electoral de 2017. Celebran las instancias de discusión que les devuelven un protagonismo perdido, pero dudan del modelo económico.

La expectativa es moderada. En la agenda del federalismo, el Gobierno exhibe como una escarapela el acuerdo por la devolución del 15% escalonada de la masa de impuestos coparticipables que antes se retenía para financiar a la ANSES. Para este ejercicio se está liquidando el 3%, más otro 6% adicional en concepto de préstamo a tasa subsidiada. A fines de diciembre, habrán totalizado alrededor de $ 37.000 millones extra. En los cálculos oficiales, la restitución correspondiente a 2017 sumará $ 48.500 millones.

La Casa Rosada promete que las transferencias automáticas -sumando la coparticipación y el Fondo Federal Solidario (conocido como Fondo Sojero), que se nutre de los derechos de exportación al agro- treparán el año que viene a $ 765.000 millones, equivalente al 30% de la recaudación nacional. "Son tres puntos más respecto del promedio entre 2004 y 2015, que era de 27%", enfatiza un funcionario para subrayar que el macrismo pretende ser menos discrecional en el reparto de fondos.

¿Se dispararon entonces los envíos de coparticipación al interior con el nuevo esquema? No, hasta septiembre acumulan una suba nominal de 36% respecto de 2015, pero de apenas 0,1% en términos reales, según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). "Hay dos factores clave. Uno: la pérdida de fuerza de la recaudación por la caída de la actividad. Y dos: la reducción de la presión tributaria decidida por el gobierno nacional con impacto directo en la "copa" (como la modificación en Ganancias y la baja del IVA a jubilados y beneficiarios de planes) y en el Fondo Federal Solidario (por la rebaja de retenciones a la soja)". Se repite, una vez más, el dilema de la sábana corta.

Lo que sí se está generando es una incipiente inequidad entre las provincias. "Hay una coparticipación a tres velocidades", describe Walter Agosto, investigador principal de Cippec. Esto se da porque se generaron tres grupos. 1) Santa Fe, Córdoba y San Luis: fueron beneficiadas por el fallo de la Corte, reciben coparticipación plena y registran un incremento de 47% interanual en los giros. 2) la Ciudad de Buenos Aires: un decreto de Macri corrigió el coeficiente y ahora embolsa 252% más. 3) El resto: arribó a un pacto para recuperar el 15% total en cinco años, y crece a un ritmo de 36%.

En el Gobierno nadie los trata a los gritos pero sienten que les clavaron un puñal con el freno a la obra pública, pilar de la "década ganada". Sea por sospechas de corrupción, la meta de pisar el gasto o ambas, las cifras son elocuentes. Si se compara lo que va del año, con el mismo período del último año de mandato de Cristina, las transferencias no automáticas de capital al interior bajaron 30% en términos nominales y 49% en términos reales, según Iaraf.

Esa parálisis la sufrieron especialmente los distritos mimados, regados al calor del kirchnerismo con planes de infraestructura, como Buenos Aires, Chaco, Tucumán, Entre Ríos y, por supuesto, Santa Cruz. En el presupuesto que se debate en el Senado ya hay un cambio de prioridades: la cuna del modelo, comandada ahora por Alicia Kirchner, tendrá asignados 86% menos de fondos para proyectos y Jujuy, tierra del aliado radical Gerardo Morales, la nueva Santa Cruz subirá 367%.

En un año electoral, el Gobierno parece replicar la lógica anterior: poner plata en obras. Para 2017 en el presupuesto embolsan $ 48.227 millones, según consta en el anexo del artículo 11. Una tabla detallada a la que en el PJ bautizaron hace tiempo como "la planilla de la felicidad".

Y como el dinero nunca duerme, en la era Macri revivieron los ATN; este año, llevan ejecutados $ 2.529 millones, según informaron fuentes oficiales a El Cronista, y el propósito es llegar a $ 4.000 millones a fin de año. En el top ten figuran: 1º- Buenos Aires: $ 861.000.000; 2º - Neuquen: $ 180.000.000; 3º - Tierra del Fuego: $ 178.000.000; 4º - Santa Fe: $ 157.400.000; 5º - Corrientes: $136.000.000; 6º - Misiones: $ 120.000.000; 7º - Chubut: $ 118.500.000; 8º - La Pampa: $ 114.555.000; 9º - Entre Ríos: $ 107.200.000 y 10º - Mendoza: $ 105.000.000

Si bien los gobernadores pretendían que la partida asignada a los ATN se convirtiera en automática, Frigerio se opuso con el argumento de que ése no era su objetivo y, además, eran necesario modificar la ley 23.548. Como contrapartida, cedió un adicional de $ 5.000 millones para el fondo sojero, financiado por el 30% de lo que se recauda por retenciones al agro. De eso, las provincias a su vez coparticipan el 30% a municipios. Ahora, además de destinarse a obras de infraestructura social, se amplió el alcance a infraestructura productiva.

El gran auxilio para 13 provincias será una partida especial para suplir el rojo previsional. Se trata de los distritos que no transfirieron las cajas jubilatorias a la Nación y siempre debieron rogarle ayuda financiera al Poder Ejecutivo. Está previsto un monto de $ 8.000 millones a liquidarse en 12 cuotas equivalentes para 2017. Hasta ahora, la ANSES auditó a casi todas -excepto Santa Cruz y Chubut- para determinar el estado de las cuentas, el proceso de "armonización" y cuánto correspondería pagar. Se llegó a acuerdos con Buenos Aires, Formosa, La Pampa, Neuquen y Córdoba por los que se desembolsaron unos $ 8.500 millones correspondientes a 2016.

El "plato fuerte" de este año fue, por lejos, el regreso a los mercados de crédito externo. Las provincias no se quedaron atrás de la ola de endeudamiento y adquirieron préstamos por más de u$s 7.000 millones. Lo pudieron hacer por el aval del Ministerio de Hacienda, que no bloqueó la posibilidad y, por el contrario, en algunos casos la alentó.

Se enciende, eso sí, una alarma. Si bien los gobernadores argumentan que recurrieron a financiamiento para planes de infraestructura, algunos lo hicieron para refinanciar pasivos o gastos corrientes.


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Con textos de Jesica Bossi

20 de noviembre de 2016

Macri, Lavagna y la psicosis

Leemos a Luis Novaresio

Roberto Lavagna se transformó en un inesperado misil lanzado hacia el gobierno en su línea crítica de flotación. El respetado ex ministro de Economía de la Nación recurrió a su habitual tono mesurado para calificar con crudeza la situación económica del país. "Ya hemos tenido este tipo de modelo, con los militares y en los años '90, y no consigue dar resultados efectivos. Esperemos que haya tiempo de modificaciones y correcciones, pero hoy lentamente nos hemos ido deslizando hacia una política que ya conocemos", le dijo a este cronista en una entrevista radial.

La administración Macri no cabía en su enojo. Un ministro del Poder Ejecutivo propuso recordar trapos viejos sucios del ex funcionario. Hasta se malició rememorar el paso de Lavagna en la embajada de la Unión Europea y un supuesto ingreso de dinero privilegiado por esa función hasta que el jefe de gabinete calmó a los propios.

Marcos Peña encabezó con Alfonso Prat Gay la más templada respuesta y unificaron discurso: "Fueron expresiones poco reflexionadas", dijo el actual titular de hacienda. "Me sorprende su visión. Es propio de alguien que encabeza un lobby devaluacionista. No lo imaginaba haciendo la misma comparación que Bonafini diciendo que el gobierno de Macri es la dictadura", agregó.

La utilización de adjetivos en la política (¿en la vida pública?) argentina parece haber anulado la posibilidad de discutir las cosas. Los adjetivos han asesinado a los sustantivos. Probablemente la comparación de Lavagna sea irritante. Los militares eran Martínez de Hoz. Los 90 eran Domingo Cavallo. Nadie, de buena fe, puede comparar a Prat Gay con esos personajes. Uno gobernaba con la sangre y los fusiles del Estado. El otro, con superpoderes antidemocráticos delegados en el Poder Ejecutivo.

Lavagna planteó una metáfora para graficar y expresar su punto de vista de la situación. Sucede que vivimos en un momento de psicosis. Y ya explicaron los entendidos en psicoanálisis que el psicótico carece que capacidad de abstracción y desconoce la metáfora. Cuando dice "te voy a matar" no lo hace como imagen. Mata. Cuando dice que le falta el aire, recurre a un tubo de oxígeno concreto.

Es apasionante leer el escenario público de este momento con este prisma. El delirio no tiene límites. Amado Boudou reclama honestidad y no se pone colorado. Los dueños de Argentina por 12 años y de la arbitrariedad en el manejo de la obra pública piden ahora que se audite el destino de los pesos estatales. A ellos les cabe el diagnóstico de la negación de la realidad y podrían inaugurar una categoría de los que pasan por la administración pública: el psicótico del poder.

Un sector del kirchnerismo no se enteró de que perdió las elecciones. Y de que la alternancia republicana es más sana con el recambio de signo político. Pero al actual gobierno, la confrontación de Lavagna, lo endulza para su propia psicosis. A Cambiemos le apasiona ver hablar a Boudou o a Cristina destilando rencor porque cree que con este desatino le alcanza para negar sus fallos, torpezas e irregularidades. Que no se equivoque Macri: no se hace gestión con la sola memoria de la herencia.

Superemos los adjetivos. Vayamos a los sustantivos que enumeró el ex ministro de Eduardo Duhalde y Néstos Kirchner: Argentina vive una etapa de alta inflación, caída del consumo y de la producción y por ende de recesión, tasas de interés muy altas y ausencia de inversión. ¿Dijo algo que no fuera cierto? ¿Podemos convertir en metáfora la calificación de militares y "cavallos" y ver el fondo?

Este año cerraremos con una inflación que portará un número cuatro en la primera de las dos cifras del valor. Los indicadores privados coinciden en que la producción, toda, ha caído en sus diferentes ramas. El consumo sigue en baja y la pobreza ha aumentado. Las tasas de interés no caen a menos del 25 o 26 por ciento. ¿Mintió Lavagna?

El propio presidente sabe que no fue así. Si no, no se explica la felpeada que le propinó a sus ministros responsables de la obra pública y a los (des)controladores de la actividad del Estado en materia de precios de productos básicos de la canasta familiar. María Eugenia Vidal fue, otra vez, la encargada de advertirle a Macri que si la obra pública no se hace sentir en la calle ya, el riesgo de la comezón del primer año de gobierno es enorme. "Obra pública es trabajo, consumo y paz navideña", le habría dicho la gobernadora a su jefe político.

Respecto de quienes deben atenuar las consecuencias de los monopolios u oligopolios que manejan las principales góndolas de productos de consumo masivo, las esperanzas son escasas. Cuenta un empresario mediano que le dijo al Secretario de comercio de la Nación Miguel Brown que es inadmisible que un litro de leche se pague cuatro pesos ya producido, once en algunas PYMES que lo comercializan directamente y veinte en los grandes supermercados. El funcionario respondió (porque aunque no se le conozca la voz públicamente, es bueno decir que tiene el don del habla) que "de a poco el mercado se va a ir acomodando".

El Pro parece haber cambiado su marcha en temas prometidos en campaña. En la semana en que se instaló el día de la mentira para recordar lo dicho en el debate presidencial y que, en mucho, no se cumplió (de paso: enojémonos con los incumplimientos y no con el debate que debe realizarse siempre. Aunque algunos, enojados ahora, hayan abandonado en el primero de ellos), se anuncia el envío a sesiones extraordinarias del nuevo proyecto de impuesto a las ganancias. Allí vuelve a aparecer el factor Sergio Massa. El líder del Frente Renovador y cabeza del equipo que integra Lavagna vuelve a tener los números suficientes como para conseguir la aprobación. El gobierno está dispuesto a negociar con él los montos (se habla de sueldos a partir de los 60 mil pesos que tributarían), siempre y cuando el ex intendente de Tigre acompañe la reforma política y otros proyectos oficiales.

Mauricio Macri se encamina hacia su primer año de gobierno. Ha exorcizado claramente el fantasma de la Alianza de Fernando de la Rúa. Sin embargo, la ausencia de respuestas en temas concretos como la situación social lo obliga a resolver ya en pos de los que peor la pasan con la misma presteza que atendió el reclamo de corporaciones económicas, como las mineras y financieras.

La psicosis de algunos opositores no autoriza a pensar el camino de la propia. La herencia merece una respuesta. Es en los tribunales. La administración del país está para mejorar la calidad de vida, promover mayor inclusión y pavimentar el camino de un proyecto de futuro.



13 de noviembre de 2016

Santa Fe, probable catarata electoral

Si hasta hace 30 días aparecía casi como una certeza el desdoblamiento de los turnos electorales, hoy esa opción se modificó y el propio gobernador admite entre los suyos que se tomará al menos 60 días para analizar a fondo los escenarios. Los efectos no serán neutros.

Para entenderlo: si la Casa Gris decide que las elecciones a concejal, presidente de comuna e intendente de algunas ciudades medianas sean en fecha diferente a las de diputado nacional, en enero se iniciará el calendario con la convocatoria, en febrero empezará la rosca por las listas y en marzo la campaña comenzará a planear.

En ese marco, los santafesinos deberán ir a votar en cuatro oportunidades: Paso y generales provinciales y nacionales. Un dislate que encontrará a los ciudadanos escuchando en verano a los candidatos en campaña.

Imagino votando el año próximo en abril-junio-agosto-octubre. Y algo más: si el proyecto de necesidad de la reforma de la Constitución Provincial es aprobado, en 2018 deberán elegirse convencionales constituyentes.

Hoy no sólo que la sociedad no está involucrada en la cuestión preelectoral sino que ninguno de los partidos y/o frentes, incluido el oficialismo, tiene candidato a mano. Al Frente Progresista una candidatura de Antonio Bonfatti a diputado nacional le solucionaría todos los problemas: el ex gobernador fue el más votado a diputado provincial en los comicios de 2015.

Pero Bonfatti hoy no parece demasiado dispuesto a dejar la Presidencia de la Cámara de Diputados para largarse a una campaña que, sabe, le instalará una agenda temática muy dura de parte de la oposición, tras las acusaciones que debió soportar de Elisa Carrió y el programa de Jorge Lanata.

Por lo pronto, Lifschitz dice que al menos un ministro de su gabinete podría ser candidato. Todas las miradas convergen ahí en Maximiliano Pullaro, quien, sin embargo, siempre está sometido al subibaja del cargo que ocupa. Pero aparece aquí otra línea de acción: no pocos radicales quieren que Bonfatti sí o sí sea el candidato. "Está muy bien en las encuestas, es el que más mide en la provincia, puede haber caído un poco en Rosario", razonan.

La verdad, que para los amigos del Frente Progresista es un dilema el tema del desdoblamiento. Como hay radicales PRO, radicales socialistas, radicales libres (lo que demuestra la amplitud de criterios políticos del centenario partido) quieren tocar las campanas y al mismo tiempo estar en la procesión; Corral y otros quieren que se desdoble para no romper los dos frentes donde “actúa”.

Mientras tanto, la reforma de la Constitución Provincial sigue a paso firme. El gobernador evalúa proyectar en la reforma constitucional la limitación de los mandatos legislativos a dos períodos y que los jueces de la Corte Suprema de Justicia también estén no más de ocho años. Además una reforma constitucional que no contemple limitación de mandatos no tiene demasiada razón de ser.

Como el antón pirulero, cada cual atiende su juego ya que para que sea aprobada se necesita una mayoría especial de senadores y diputados, y es difícil que voten a favor de algo que se les puede volver en contra con la limitación de mandatos. Por eso, los 8 años de duración serán hacia adelante, desde el 2019.

Al fin, el 2017 y las listas de candidatos serán (sin elementos trágicos) como la mítica Puerta 12 de la cancha de River: apurados y a los empujones. Pero con la reforma constitucional, si se aprueba la limitación de mandatos, lo mejor estaría por venir. De lo contrario, todo será más o menos lo mismo.


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Sobre textos de Mauricio Maronna

1 de noviembre de 2016

La gran deuda

Según datos oficiales del Ministerio de Economía, concluido el segundo semestre del presente año, la deuda interna y externa del Estado en moneda nacional y extranjera era de 245.505 millones de dólares. Se trata de datos preliminares, que aún deben ser ajustados, pero que son un reflejo de la realidad en cuanto al endeudamiento del país, constituyendo esa cifra el 55% del PBI, incluyéndose además los bonos emitidos para pagarle a los fondos buitre, como así también lo que todavía se adeuda a un reducido grupo de bonistas que no ingresaron a los canjes de deuda.

En el mes de septiembre del año pasado, antes de la devaluación de diciembre e incluyendo lo adeudado a los fondos buitre, el total de la deuda era de 239.959 millones de dólares, un equivalente al 43,7% del PBI de ese entonces. De tal modo tenemos que en un breve lapso el endeudamiento se acrecentó algo más de 5.000 millones de dólares, a pesar que en ese lapso se realizaron importantes emisiones de deuda.

Es que, la devaluación licuó la deuda en pesos, de manera especial lo correspondiente al Fondo de Garantía de la ANSES que cuenta con un importante volumen de bonos en moneda nacional ajustables por el CER, y del Banco Central por los anticipos dados en pesos.

Pero además, como fue reducido el cálculo del PBI en dólares y el gobierno a su vez emitió más bonos y letras, el endeudamiento se expandió 12 puntos del PBI.

De los 245.505 millones de dólares del total de la deuda a fines de junio pasado, una gran parte de la misma es en títulos públicos, sumando 167.911 millones de dólares, adeudándose además 19.000 millones de la misma divisa a organismos internacionales como el BID y el Banco Mundial, y aun cuando no existen otros detalles en el informe anticipado, se estima que otra importante parte de la deuda corresponde a obligaciones con el Banco Central por las reservas que se vinieron usando para el pago de deuda y por los anticipos al Tesoro nacional, ANSES y otros organismos públicos.

De tal manera en los últimos 54 meses y tras los canjes de deuda, como consecuencia de las devaluaciones, el estancamiento y la caída de la actividad económica, junto a la toma de deuda con altas tasas de servicio, la deuda pública subió 50.000 millones de dólares, pasando del 38,7% al 55,5% del PBI.

Si se retrocede al año 2005, veremos que la deuda ascendía a 154.271 millones de dólares, arrojando como resultado que el aumento hasta ahora fue de 90.000 millones. Suma que no incluye lo que deben las provincias, que estaría en el orden de los 20.000 millones, y tampoco la deuda del Banco Central en Lebac tanto en pesos como moneda extranjera, que estaría en el orden de los 40.000 millones de dólares.

De tal manera, la suba de los intereses en el gasto público y en proporción a la recaudación produjo otro fuerte sacudón, ya que según lo detalla la Asociación de Presupuesto, de enero a agosto de este año los intereses de la deuda pública ascendieron a poco más de 98.000 millones de pesos, nada menos que 77,6% más que los intereses pagados hace un año.

En otros casos puede quedar margen para la discusión política de los objetivos perseguidos, pero en cuanto a la deuda no existen más alternativas que las de los números, y los mismos en ese caso son lapidarios. De 2005 en adelante, es decir durante 10 años, la deuda pública creció 90.000 millones de dólares, a razón de 9.000 millones promedio por año.

Lo que sí cambió son los acreedores, pues se redujeron los montos con los organismos financieros internacionales, siendo reemplazados en cambio por organismos locales como la ANSES y PAMI -dinero de los jubilados-, Banco Central, Banco Nación, y cuantas cajas hayan estado al alcance.

Habrá que aguardar ahora el informe oficial definitivo, que según se presume, puede llegar a ser aún más contundente que estos datos preliminares.

Addenda

Aldo Pignanelli dixit → "Lo que más preocupa es el altísimo nivel del endeudamiento, que ya se dio este año, se va a dar el año que viene y se va a dar en 2018. A esto hay que agregarle que no se prevé superávit de la balanza comercial, sigue habiendo un dólar atrasado y el Banco Central hace equilibrio para financiar el déficit y formar Lebacs para que no haya tanta base monetaria. Es una falacia el argumento del Gobierno de que el nivel de deuda actual con respecto al PBI es bajo, ya que si se toma toda la deuda bruta completa hoy es el 50 por ciento del PBI, y en eso no están incluidas ni las provincias ni el sector privado, que si se los suma, hay que hablar del 70 por ciento. En diciembre de 2001, cuando fuimos al default, la deuda total de todo el sector público era el 42 por ciento del PBI."


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Leido en La Opinión de Rafaela / La Política On Line