Argentina y el FMI: un acuerdo con implicancias controversiales

La historia reciente de la Argentina con el FMI demuestra que la negociación de extensiones en los plazos de pago no es un proceso simple ni garantizado.

por Christian Buteler

El gobierno de Javier Milei anunció su intención de enviar al Congreso un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el objetivo de obtener apoyo para un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, esta decisión no está exenta de controversia, ya que parece entrar en conflicto con la Ley de "Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública". En su artículo 2, esta ley establece claramente que "todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el FMI, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente".

La situación actual plantea múltiples interrogantes sobre la estrategia del Gobierno y sus posibles consecuencias para la estabilidad económica del país. En primer lugar, el uso de un DNU para aprobar el acuerdo con el FMI es cuestionable desde el punto de vista legal y constitucional. La normativa vigente requiere que los legisladores analicen y aprueben cualquier operación de crédito con el FMI, lo que implica que deben conocer los detalles del acuerdo, incluyendo el monto, los plazos de devolución, la disponibilidad de los fondos y las condicionalidades que este programa impondrá sobre la economía argentina. Hasta el momento, estos detalles no han sido divulgados porque el acuerdo se sigue negociando.

Otro punto crítico del acuerdo es el cambio de acreedor. El Gobierno dice que se utilizarán los fondos extras para cancelar deuda existente. Actualmente, la deuda a cancelar se encuentra en manos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), lo que permite cierta flexibilidad en su cancelación, dependiendo del resultado fiscal del Tesoro. Sin embargo, si la deuda se traslada al FMI, el país pasará de una deuda interna con el BCRA a una deuda externa con el organismo multilateral, lo que impone plazos de pago más estrictos y limita la capacidad del gobierno para refinanciarla con flexibilidad. La historia reciente de la Argentina con el FMI demuestra que la negociación de extensiones en los plazos de pago no es un proceso simple ni garantizado.

El Gobierno ha afirmado que "el resultante neto de la operación implicará una reducción del total de la deuda pública". Esta afirmación se basa en la contabilidad del BCRA y el Tesoro. Actualmente, el Tesoro ha emitido Letras Intransferibles al BCRA por un valor nominal (VNO) de aproximadamente u$s62.400 millones, que en los balances del Banco Central están registradas a un valor de mercado cercano a los u$s23.000 millones. A nivel contable, el BCRA ya ha reflejado esa pérdida en sus balances, pero si mantiene estos títulos en cartera y el Tesoro los cancela, el BCRA eventualmente recuperaría esos fondos. En cambio, si la operación se lleva a cabo como lo indica el gobierno, el BCRA confirmaría una pérdida sustancial en su patrimonio, lo que debilitaría aún más su posición financiera.

Más allá del impacto contable, existen antecedentes en la historia económica argentina que generan preocupación sobre el destino final de estos fondos. Si el Tesoro toma nueva deuda con el FMI y la utiliza para cancelar su deuda con el BCRA, este último podría disponer de esos dólares para intervenir en el mercado cambiario y sostener artificialmente el tipo de cambio. En los últimos ocho meses, la cuenta corriente del BCRA ha registrado un déficit de aproximadamente USD 8.200 millones, reflejando la presión sobre las reservas internacionales. Si este esquema se repite, el resultado será una nueva reducción de las reservas del Banco Central pero habiendo generado un nuevo incremento en la deuda externa, replicando situaciones como las vividas en 2018.

Desde una perspectiva pragmática, es evidente que el Gobierno necesita alcanzar un nuevo acuerdo con el FMI. Ninguna de las partes involucradas se beneficiaría de un default argentino, y en la actualidad el país carece de acceso a los mercados internacionales de crédito, así como de la posibilidad de generar los dólares necesarios para cancelar sus obligaciones. Sin embargo, la clave radica en la estrategia adoptada para gestionar este acuerdo. En lugar de incrementar la deuda con el FMI sin un plan claro de salida, el gobierno debería buscar una estrategia que permita reducir la dependencia del organismo multilateral y avanzar hacia una mayor estabilidad económica en el mediano plazo.

El desafío que enfrenta el gobierno no es menor. La implementación de este acuerdo deberá equilibrar la necesidad de financiamiento con la sustentabilidad de la deuda y la estabilidad macroeconómica. La historia económica argentina demuestra que los acuerdos con el FMI no siempre han resultado en soluciones de largo plazo, y la falta de transparencia en la ejecución de estas políticas solo incrementa la incertidumbre entre inversores y analistas. A medida que se desarrollen las negociaciones, será crucial evaluar si el gobierno logra diseñar un programa creíble que no solo garantice la continuidad del acuerdo con el FMI, sino que también contribuya a una recuperación económica sostenida.