"Las prácticas de torturas" en la Policía de Santa Fe son "regulares y sistemáticas". Lo reveló ayer el Ministerio Público de Defensa al denunciar 322 casos de abusos y violencia institucional a 130 víctimas en el Gran Santa Fe en 2015, que se agregan a 274 en Rosario en el mismo período, que había informado en mayo.
La escalada estremece: 404 atormentados en comisarías o unidades de traslado en la provincia. "Son prácticas regulares y sistemáticas", dijo la subsecretaria del Registro de Torturas y violaciones a los derechos humanos de la Defensa Pública, Lorena Negro. La mayoría de los torturadores operan en la Santafesina, la "mayor violencia" la ejercen "en los primeros momentos de la detención". La mayoría de los perseguidos son jóvenes vulnerables, que rondan los 18 años y viven en barrios populares caracterizados por la "pobreza y la exclusión".
El defensor provincial Gabriel Ganón asoció el fenómeno al "desgobierno" de la Policía y a la falta de controles judiciales que calificó como un "agujero negro". Mientras que el subsecretario de Prevención de la Violencia Institucional Enrique Font alertó sobre otra causa: la "decisión política" del jefe del Ministerio Público de la Acusación, Julio de Olazábal, de "no asumir la obligación estatal de perseguir la tortura y la violencia institucional" en Santa Fe.
Ganón, Font, Negro y el defensor regional Sebastián Amadeo presentaron ayer el informe del Registro de Torturas en el Gran Santa Fe. Los acompañó la abogada de Hijos, Lucila Puyol, por el Foro contra la Impunidad y por la Justicia que agrupa a organismos de derechos humanos. El salón del consejo directivo de la Facultad de Derecho de la UNL estaba repleto, pero Amadeo llamó "la atención sobre las ausencias institucionales", como identificó al faltazo de fiscales, jueces y funcionarios del gobierno de Miguel Lifschitz.
Negro explicó que el Registro sistematiza "violaciones a los derechos humanos" que involucran a "funcionarios de fuerzas de seguridad" y "operadores judiciales en contextos de restricciones de libertad". Hasta diciembre de 2015 había registrado 322 casos de abusos a 130 personas.
→ El 98% de las víctimas son varones y sólo el dos por ciento, mujeres. La mayor cantidad tiene 18 años. El promedio de edad es de 26, porque los denunciantes oscilan entre 15 a 74, pero la mayor cantidad se concentra en pibes de 18 años", dijo Negro. "El 78% son jóvenes de 18 a 28 años".
→ El 87% de los casos se concentra en los menores niveles de educación formal, que van desde sin instrucción hasta el secundario incompleto. Sólo el 13% completó la escuela media o llegó a la universidad".
El informe ubicó los abusos policiales sobre la cuadrícula de la ciudad de Santa Fe para cruzar los casos de violencia con "barrios populares con necesidades básicas insatisfechas (NBI), en la zona norte y el cordón oeste". El resultado confirmó su hipótesis. "La concentración de las violaciones a los derechos humanos coincide con estos lugares caracterizados por la pobreza y la exclusión social", reflexionó.
Otro dato llamativo: en los casos de abusos que "ocurren en la zona céntrica" de Santa Fe, las víctimas de la persecuciones son las mismas que en extramuros: "varones de sectores populares, de alrededor de 18 años y de universo económico y nivel de instrucción, bajos", explicó la defensora.
→ El 60% prefiere no hacer la denuncia formal. Y cuándo se pregunta por qué, contestan que por temor a represalias (86%), porque puede emporar su situación en la detención (42%), por que la palabra de un preso no vale nada (27%) o porque no confía en los jueces (11%).
El Registro tiene el perfil de los torturadores. El 90% opera en la Policía de Santa Fe; el 57% en comisarías, el 22% en el Comando Radioeléctrico, el 10% personal de traslado o Guardia de Infantería. "Hemos relevado también casos de Gendarmería nacional y del Servicio Penitenciario".
Los métodos de tortura son físicos: el golpe (82 casos), la golpiza (78), balas de goma (8), picana eléctrica (5), submarino seco (5), gas pimienta (3), manguera de agua fría (2), puntazos o cortes (2) y pata- pata (1). Y psicológicos: ?amenazas constantes? (52), impedimento de los vínculos familiares (20) y otros maltratos (4).
Las "otras afectaciones a los derechos humanos" que identificó el Registro son el "armado de causas judiciales" (25), la falta de atención médica (16), exigencias indebida de dinero (6), obtención de pruebas falsas (5), falta de atención a grupos de personas de alto riesgo (5) y falta de recepción de denuncias (2).
Ganón dijo que la OEA tiene "un protocolo de protección a los derechos humanos que parece que los jueces y fiscales de Santa Fe están decididos a ignorar. Quieren impedir que la Defensa patrocine a víctimas de violencia institucional. Sin embargo, la OEA, a propuesta de la Argentina dijo que la Defensa tiene que llevar registros de torturas y asistir a las víctimas. Es una obligación de los estados que Santa Fe está decidido, a través de sus jueces, fiscales y funcionarios del PE, a rechazar a la Defensa pública. Nosotros vamos a insistir, aunque senadores como Lisandro Enrico pidan mi destitución por patrocinar a víctimas de torturas", concluyó.
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Fuentes: Rosario/12 - La Capital de Rosario
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