7 de septiembre de 2016

El gobierno nacional quiere tomar el control de la policía santafesina

Cruje la seguridad y la política de seguridad de Santa Fe. Hace poco terminó el censo policial que encaró el Ministerio de Seguridad de la Provincia tiró como resultado que, el 31,9 por ciento de los agentes posee sobrepeso, que va desde uno hasta 10 kilogramos de más, mientras que el 17,3 por ciento padece obesidad, sobre un universo de 20.300 policías.

Por si esto fuera poco, en consonancia con los reproches de la sociedad, desde 2003 a 2016 hubieron 12 cambios de jefes de la policía de Santa Fe: 4 cambios durante el gobierno de Jorge OBEID, 3 en el de Hermes BINNER, tal vez el más escandaloso, 3 en la era de ANtonio BONFATTI y hasta ahora 2 en los primeros 8 meses del gobierno de Miguel LIFSCHITZ

Hoy, es un espanto el escenario, por eso comparto lo que leí hace momentos en La Capital de Rosario y que le da título al post

El proclamado diseño conjunto de un plan de seguridad pública en las principales ciudades santafesinas está empantanado por las diferencias entre la Nación y la provincia en un punto crucial: el manejo de la policía provincial. La aspiración del gobierno central es la integración de un comando unificado de todas las fuerzas de seguridad que tengan actuación en los territorios urbanos bajo un control exclusivo que asumiría un funcionario nacional. Aceptar esto implicaría en los hechos que la provincia ceda una de las atribuciones esenciales del federalismo, que es el manejo de su policía. Algo que altas fuentes de la Casa Gris ayer desestimaron con dos elocuentes palabras. "Ni locos".

Para el gobierno de Miguel Lifschitz se trata de una encerrona mayúscula. Desde antes de asumir no deja de solicitar el establecimiento permanente y no ocasional de fuerzas de seguridad federales como la Gendarmería o la Prefectura en las mayores ciudades santafesinas, como ocurre de manera notoria en la ciudad de Buenos Aires y en los municipios del conurbano. La Nación dice estar dispuesta a transferir esos recursos, pero señala que la capacidad de lograr cambios en la escena del delito local no depende de un parche sino de una acción decidida de gestión diaria. Para ello requiere el comando de todos los uniformados. Que las decisiones de operatividad quede en manos de un enviado nacional.

Intervención. Aunque todas las partes se esfuerzan en evitar su mención, se trataría en los hechos de una intervención de la policía provincial. Si no lo definen así es porque para la provincia es, en términos políticos, algo ruinoso. Implicaría la aceptación de una incapacidad y la delegación de una facultad constitutiva del federalismo.

Altas fuentes del gobierno nacional señalaron ayer a La Capital que si la provincia acepta el borrador del plan en las próximas 48 horas estarían firmándolo con esa condición irrenunciable. Y en caso de que se dé el aval los funcionarios nacionales vendrán a hacerlo en Rosario.

El gobierno provincial indica que hasta el lunes a la noche el Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich estuvo de acuerdo en cerrar un convenio cuyo borrador fue convenido entre aquella cartera y la provincia con una pequeña enmienda en el apartado seis del plan. Sin embargo a la tarde, en el Congreso Nacional, funcionarios de Cambiemos dijeron otra cosa. "Si es así, esto no avanza. Coordinación sí, pero la provincia nunca renuncia a conducir su policía porque es inconstitucional. Esto no está en duda ni en debate", dijeron en el despacho del gobernador.

En el gobierno de Cambiemos hay posiciones diversas respecto del planteo. Patricia Bullrich lucía como la más intransigente. Sostiene que la crisis de seguridad en Santa Fe es muy profunda, que la policía provincial está penetrada por factores de la criminalidad y que los índices delictivos son en algunos rubros, como los homicidios dolosos, los más altos del país. Para ello no concibe otro esquema más que un aterrizaje en la provincia con la suma del control de las fuerzas.

Otros funcionarios entienden el diagnóstico, pero aceptan que la exigencia a la provincia es draconiana: admiten que es muy inviable trasladarle a Lifschitz una exigencia tan severa.

Hace ocho días el gobernador provincial y su ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, llevaron a las autoridades nacionales una propuesta de trabajo coordinado entre ambas jurisdicciones a partir del anuncio de Bullrich de enviar 1.500 gendarmes a la provincia. Lo que pidieron fue que las fuerza se asienten de modo permanente en la provincia. También que se realice un control en los puertos del litoral fluvial que está bajo jurisidicción nacional y es por donde se presume ingresan importantes cargamentos de droga. Y que se nombren más jueces y fiscales federales para la provincia.

Los funcionarios nacionales dicen que al remitir gendarmes a la provincia asumen un costo político que en una provincia con niveles delicitivos altos no quieren transformar un salto al vacío. Por eso avizoran que no pueden arriesgarse a que los problemas de la policía provincial —a la que Bullrich ayer trituró en una reunión con legisladores santafesinos de Cambiemos— echen a perder el proyecto de contención del delito. Aluden que están facultados por el artículo 24 de la ley de seguridad interior a comandar en ocasiones especiales las fuerzas provinciales. En la Gobernación dicen que eso es exclusivamente para situaciones de conmoción muy puntuales, como un alzamiento policial o situaciones de alteración del orden público como hechos de saqueo. "Pero nunca abdicaremos del manejo policial y pedirle eso a una provincia es inconcebible", dijeron.

El planteo del gobierno de Mauricio Macri escala de modo incisivo en un momento en que la gestión de seguridad provincial tuvo en Rosario una fuerte desaprobación. Hace dos semanas más de 20 mil personas marcharon de modo masivo pidiendo prevención del delito y mañana habrá una reedición de esas movilizaciones en las dos mayores ciudades de la provincia. El domingo el edificio de un dirigente de Newell's, Tiki Martínez, fue baleado por segunda vez en un mes y ametrallado el patrullero que lo custodiaba, cuestión que tuvo gran cobertura nacional.

La izquierda dice

La Policía es una institución clave para mantener la gobernabilidad en una provincia donde un puñado de multinacionales, constructoras, hoteles y casinos amasan fortunas y levantan ciudades para los ricos, mientras 300 mil familias no tienen vivienda, el 30% de los trabajadores están precarizados y 200 mil rosarinos habitan en villas de emergencia. La represión policial es una herramienta fundamental para mantener este esquema, por eso los gobiernos del PJ, como los del Frente Progresista, han amparado y garantizado la impunidad de la policía todos estos años. Incluso se arrodillaron ante las mismas cuando se amotinaron en 2013, generando saqueos, asesinatos y disturbios en las principales ciudades del país. Pero la creciente descomposición policial impide que la policía pueda cumplir eficientemente este rol. Es generalizada la desconfianza y descontento con la fuerza. Sin autoridad moral ni legitimidad de ningún tipo, la policía puede dejar de cumplir efectivamente el rol represivo para el cual los gobiernos, sean del PJ o del PS, la necesitan.


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