En general, en nuestra sociedad hay una deformada concepción de lo público asignando a sus constancias un carácter secreto que no tienen y que se contrapone al sistema republicano que nos rige. Hay también una necesidad de incrementar y mejorar los mecanismos de contralor en la administración pública para garantizar de ese modo su legalidad, su corrección ética y la eficiencia y eficacia en el empleo de los recursos públicos.
El contralor indirecto de la administración pública por parte de los administrados es también una forma de fortalecer la idea del control como forma de contrarrestar cualquier tipo de desviación por parte de quienes ejercen función o empleo público.
Rudimentariamente, por decirlo de alguna manera, la ley orgánica de municipios establece la frecuencia con la que el Ejecutivo Municipal debe publicar los balances de tesorería; naturalmente, la redacción original de la ley 2765 a quedado desactualizada y fuera de contexto en tanto en el gobierno nacional y en gran parte del gobierno provincial, los archivos de papel comienzan a ser una antigüedad. Decía que la ley se limita a la publicación de los números de caja, pero nada dicen en cuanto a la publicación de compras y licitaciones, listado de personal permanente, contrato, temporario y transitorio, del concejo municipal y de cualquier otro organismo municipal. Es cierto, no todas lo hacen, tal vez porque no se le da a la herramienta de internet el verdadero valor o tal vez, que la pretendida transparencia no lo es tal.
La ley orgánica de Municipalidades (ley Provincial), que fue modificada en el 2002 mediante ley 12065 con relación a la transparencia, modifica el texto del artículo 2º direccionando a dos elementos importantes: 1/ declaración patrimonial de funcionarios electos y políticos y 2/ transparencia de funciones y sueldos de empleados y funcionarios.
“Quienes ejerzan cargos públicos electivos o sean nombrados políticamente deberán cumplimentar las normas que en el orden provincial resulten de aplicación a funcionarios públicos que ejerzan cargos electivos o políticos, en lo que se refiere a la declaraciones sobre antecedentes curriculares y patrimoniales. Las autoridades municipales deberán dar a conocer por los medios que estimen pertinentes la nómina completa de todas las autoridades políticas y agentes-con independencia de su situación de revista-que presten servicio remunerados en el municipio, en cualquiera de sus órganos o dependencias, consignándose los haberes totales que cada uno percibe y todo pago que el ente disponga en provecho del mismo, sea o no de índole remunerativa.”
Pero más allá de que a las ordenanzas, y a las leyes, hay que cumplirlas, es importante que se recuerde que en el 2001, la sociedad estaba harta de la situación, y reclamaba transparencia y frugalidad en el gasto público. La gente no solo estaba cansada de la política y de los políticos, sino de los empleados públicos.
Sentía que había muchos, que trabajaban poco, o que ni siquiera iban trabajar. Además, sentía que el que entraba al Estado era por “acomodo”, y a partir de allí era cómplice de los políticos corruptos para saquear al Estado.
Ante esto, se hacía imprescindible recuperar la confianza en el Estado y por eso, se propusieron varias medidas que se basaron en el ingreso a la Administración pública por Concursos Públicos y transparentes, y la publicación de los listados del personal de planta y político con sueldos, y cargos.
Estas medidas inclusive contaron con el beneplácito de la mayoría de los empleados públicos que entendieron que era la forma de recuperar el respeto de la sociedad. Por otro lado, el imaginario popular cree que los empleados municipales, y sobre todo el personal político, gana mucho más de lo que en realidad ganan. Publicar los sueldos ayuda, no complica. Desmitifica.
Como la desconfianza social es muy alta, muchos ciudadanos decían y dicen, que una cosa es lo que se declara, y otra es lo que se junta realmente, para eso el único antídoto, es saber cuánto gana tu vecino empleado público, porque vos podes asociar el nivel de vida con el sueldo que se declara, y esto permite que se sospeche del que vive más alto que su ingreso, pero también respetar al que vive de acuerdo a sus ingresos. Este control social también lo puede hacer el mismo empleado público que a partir de conocer lo que ganan los demás empleados, puede visualizar si su ingreso se corresponde con su nivel de vida.
Muchos ciudadanos, entre ellos empleados públicos, decían que existían muchas personas que cobraban sueldo sin ir a trabajar, barrabravas de clubes de fútbol, por ejemplo. La publicación de los listados permitió que los mismos agentes públicos pudieran revisar y denunciar, en su caso, esto.
Desde su primer acto de gobierno, en los recambios que da la democracia, los nuevos mandatarios municipales o comunales, valoran el concepto que los empleados deben ingresar por concurso, tal como lo manda el escalafón municipal (Ley 9286) al expresar en el decreto 004/2009 «que el ingreso solo tendrá lugar cuando medien los concursos abiertos...» citando la normativa provincial, fustigando a las administraciones anteriores al no seguir este camino, una manera elegante para dar lugar a la militancia. Es válido recordar que las administraciones municipales toman personal contratado para determinadas tareas que se van prolongando en el tiempo, en especial profesionales de ciencias económicas, abogados, psicólogos y otras disciplinas; esta práctica con el tiempo hace que se valore la tarea y como premio, se la incorpora a planta permanente.
Otro tanto puede ocurrir (de hecho, ocurre) con personal no calificado pero idóneo para la conducción de maquinarias especiales que es contratado para la ejecución de distintas tareas que se prolongan en el tiempo. Más allá de esto, es probable que los municipios de nuestra provincia implementen el sistema de concursos, que establezca (a través de una selección que incluyó: antecedentes, examen escrito y entrevista), un orden de mérito para cubrir las vacantes de ingreso a la administración municipal, pero como no existe legislación sobre la transparencia en la información pública, es razonable pensar que el ingreso por concurso es una mera declamación; obviamente, la pretensión pública de lograr que se publiquen los nombres de los que ingresan contratados y de aquellos que tiene el carácter de temporarios, es un quimera aun cuando la misma legislación de los empleados municipales de la provincia, contemplan en el escalafón a estas categorías.
Los presupuestos por lo general establecen el marco del personal municipal, contabilizando el rubro de personal contrato y temporario con un número “elástico” ya que permite la rotación en las tareas no calificadas (limpieza de calles, cunetas, etc., etc.)
La publicación de los listados de personal y de los sueldos y otros conceptos, permitirá terminar con los malestares internos que existen entre los empleados públicos que a veces sienten que los que eran amigos del poder cobraban más por hacer lo mismo que los otros.
La publicación de sueldos permite recuperar la confianza de las bases en sus dirigentes sindicales.
Algunos sostienen que puede generar inseguridad: no hay una sola evidencia en ningún lugar del mundo incluido países como México, que tienen altísimos niveles de violencia en donde se demuestre que la publicación de los sueldos de los empleados públicos genere mayor inseguridad a estos. Menos aun, en nuestro país. Este argumento se usa siempre en las gestiones públicas donde se quiere ocultar cosas.
Algunos de los que no quieren que se sepa cuánto se gana en el Estado, dicen que publicar estos datos atenta contra la confidencialidad, esto ha sido rechazado por fallos de Suprema Corte en Chile, México y Brasil por ejemplo. Pero más allá de lo que hacen otros países, es increíble que gente que quiere trabajar en el Estado no quiera asumir el compromiso de la transparencia. Si una persona no es transparente con sus actos, menos confianza entrega para que la sociedad piense que será transparente en los actos que tengan que ver con la gestión de lo público. El que quiere trabajar en el Estado, debe ser transparente en todos sus actos y lo primero es decir lo que gana por su trabajo.
En muchos países democráticos, (Brasil, México, Perú, Chile) se publican los sueldos de los empleados, y en la ciudad de Las Toscas, con la pretensión de ser líder a nivel provincial de transparencia, no hacerlo sería un retroceso que generará un mayor malestar ciudadano, y mayor malestar de los empleados públicos que en el secreto pierden el derecho a controlar que todos reciban igual remuneración por igual tarea.
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