21 de marzo de 2012

Sintonía fina para todos


Finalmente, el gobierno socialista de Santa Fe pidió permiso legislativo para tomar deuda, van a emitir 456 millones de pesos en Letras de Tesorería o pagarés.

Hay diferencias notables entre cómo el gobierno nacional y los de acá encaran este tiempo marcado por la estrechez económica y la necesidad de sintonizar mejor el rumbo. Una diferencia entre unos y otros es cómo se explica la necesidad de tomar medidas, reasignar recursos públicos y salir a buscar dineros para alimentar las cuentas públicas.

El gobierno nacional en esto ha mostrado enorme destreza política, generando discurso, explicando qué piensa el gobierno o al menos un relato verosímil sobre por qué se da tal o cual paso. Puede no gustar la forma y los momentos que la presidenta y sus funcionarios utilizan, pero está claro que el mensaje está en el centro de la escena.

En Santa Fe esta pareciera ser una dificultad de las administraciones del Frente Progresista. La necesidad de dar el debate político con la oposición, de explicar los tiempos de gestión, el estado de situación, por qué se avanza en determinado sentido y no en otro. Pedir perdón cuando no se puede dar respuesta es de una nobleza novedosa, pero no es lo que se espera como promedio de un gobierno.

La oposición sí tiene un relato. Le está planteando a la sociedad santafesina que esta estrechez financiera es resultado del despilfarro de los gobernantes del FPCyS, de nombramientos de personal masivos y le exige ajuste y austeridad. Le reprocha que en 2011 aumentó el gasto corriente y redujo el gasto de capital. En el juego de la política la oposición tira la piedra y es el oficialismo el que tiene, si quiere, que salir a desmentir que sea así.

Supongamos que de los 3 mil cuadros políticos que requiere un gobierno provincial, el derrochón Frente Progresista nombró mil de más con un sueldo promedio de 10 mil pesos mensuales. Entonces los ñoquis le cuestan al erario público 10 millones al mes, 120 millones al año, con cargas sociales poco más de 150 millones. Pero el déficit de 2011 fue de 1.600 millones. Algo no cierra.

No se trata aquí de rebatir argumentos de la oposición, porque esa es la tarea que corresponde al oficialismo si puede rebatirlos. Sí se puede afirmar en tren del debate político que se trata de un planteo de raíz economicista, que centra su mirada en el número final, que está más atento al déficit contable y despreocupado del déficit social, invocando un discurso en el que todo nombramiento de personal es malo, sin distinguir ñoqui de funcionario, maestro, policía o camillero; o la diferencia entre un empleado público precarizado de uno debidamente titularizado.

¿No fue el propio ministro de Economía Ángel Sciara el que desde 2008 viene advirtiendo que la inercia de crecimiento de la cuenta gastos corrientes era desde hacía unos años más rápida que la de los ingresos del Estado y que en algún momento ambas curvas iban a cruzarse? ¿Entonces, lo que se está discutiendo es un problema de despilfarro y nombramiento de ñoquis –que los habrá– o un problema estructural de las cuentas del sector público provincial al que el oficialismo y la mayoría legislativa opositora deben encontrarle una salida? ¿Qué tienen para decir legisladores, funcionarios de alto, medio y bajo rango y militantes? Nadie defenderá la gestión por ellos. Y la única forma de hacerlo es dando la discusión política, mostrando qué se hizo, cambiando de rumbo en los casos donde se producen situaciones insostenibles porque las cosas se hicieron mal.




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Con textos de David Narciso

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