6 de febrero de 2012

Soberanía y petróleo

 
por Marcos Rebasa

El subsuelo es de los argentinos, dijo la Presidenta en su discurso inaugural del año. No es una definición jurídica ni constitucional, ya que eso es así y lo saben todos. Es por lo tanto una afirmación política y, a la vez, una advertencia. Es una señal para las grandes firmas petroleras, incluida la multinacional Repsol-YPF, pero también un anticipo para las provincias petroleras. Y al mismo tiempo una determinación sobre un camino por recorrer. El motivo de esas fuertes declaraciones tiene un origen coyuntural en los sobreprecios que aquellas empresas cobraban a las transportistas. Pero la razón de fondo es su escasa inversión para producir gas y petróleo, especialmente el primero.

El origen de esta actitud empresaria debe buscarse en la privatización de YPF durante el menemismo y en la actitud permisiva del Estado en los años siguientes. Se explotaron los yacimientos existentes y se dedicaron escasos o nulos recursos en exploración, es decir, en mantener o aumentar las reservas. Esta situación tiende levemente a revertirse en los últimos años, a raíz de uno de los mayores yacimientos del mundo en gas no convencional (llamados shale-gas y tight-gas), con petróleo asociado en esas cuencas. Esa es la novedad, pero también el problema.

Novedad, por cuanto una adecuada explotación puede ayudar a solucionar la escasez de gas local –el hidrocarburo de mayor penetración en la economía nacional– con la consiguiente importación de gas licuado para completar la demanda, y la carga que eso significa en el presupuesto nacional, más la pérdida de divisas que expresó la Presidenta.

Problema
, por cuanto la extracción adecuada de gas de esos yacimientos en tiempo y en precio convenientes para el país, es un desafío mayor. El reproche presidencial, por lo tanto, no es solamente a la lentitud en la producción actual de estos promisorios depósitos sino una crítica a una conducta empresaria de permanente maximización de ganancias sin reinversión. La lucha de esta etapa es entonces conseguir las ingentes inversiones que esas explotaciones exigen, obtener los equipos, materiales y tecnología que requieren, hasta ahora mayormente importados, cuidar el medio ambiente con ese sistema de extracción, y hacer ese conjunto de acciones en los tiempos que el país necesita.

Una economía en crecimiento va a demandar todavía por un tiempo la importación de gas de Bolivia y sobre todo de gas licuado de otras regiones, que es el más caro y difícil de transportar y adaptar a nuestro consumo. Por lo cual el factor tiempo es central en las decisiones a adoptar en la explotación de estos yacimientos de gas no convencional. En ello va la posibilidad de sustituir ese drenaje de divisas y desarrollar la industria local de insumos, obteniendo a la vez autonomía energética, que hoy es sinónimo de soberanía.

Quiénes están en condiciones de realizar ese aporte al desafío mayor es la gran incógnita. El tema está planteado. Hasta ahora el sistema de la industria, totalmente en manos privadas, se basa en los planes especiales de estímulo, como el de Gas Plus para el gas no convencional y nuevos yacimientos tradicionales, que dichas empresas adoptan tímidamente, y cuyo precio es levemente superior al internacional del gas, que ronda actualmente entre 3,5 y 4 dólares la unidad de medida, en tanto el Gas Plus remunera un promedio de 5 dólares. Este último parece un precio razonable, dadas las condiciones del país en este incipiente desarrollo.

Pero se advierte todavía una escasa inversión respecto de las urgentes necesidades nacionales, y una creciente presión de las petroleras para obtener precios mayores para este gas no convencional: por ejemplo, el precio de importación de Bolivia, de 10 dólares. Por lo cual nuestro país está supeditado a esas condiciones: tanto en la magnitud de las inversiones privadas necesarias como su consecuencia en los tiempos relacionados con ese ritmo. El Gobierno ha presionado en estos días para que se incremente el monto de estos desarrollos y para acelerarlos. Cuál será el comportamiento empresario, también es una incógnita. La experiencia de los últimos años nos muestra claramente su reticencia a invertir si los precios de la producción no satisfacen sus expectativas. Es una industria acostumbrada a grandes ganancias, y también a los riesgos. La diferencia en este caso es que los riesgos son notablemente menores, ya que los yacimientos están, sólo hay que hacer las perforaciones novedosas y explotar.

En suma, hay inversiones, pero no suficientes en cantidad e intensidad, y el precio no termina siendo satisfactorio para modificar esta conducta empresaria. Esta es la situación que señala el Gobierno y la advertencia: no estamos en el Virreinato. Siempre se ha dicho que este tipo de dilemas tiene dos soluciones: o se otorga precio a los privados de manera tal que sean una señal suficiente para producir, siempre que se adecuen a sus requerimientos; o el Estado interviene activamente en la producción supliendo aquellas retracciones, complementando las inversiones actuales, desarrollando tecnología local, asociándose con los privados, marcando la política nacional.

La primera alternativa contiene siempre dudas sobre su viabilidad, aun dadas esas condiciones de precio, y somete siempre al país a decisiones que provienen del exterior, que quitan autonomía para el desarrollo y aumentan el precio promedio de la energía de la industria, quitándole competitividad. La segunda supone un gran desafío de gestión y una importante decisión política.

Esa participación del Estado debiera estar inserta en la concepción de empresas nacionales. Las provincias petroleras, asumiendo el carácter de titulares de estos recursos naturales, han intentado políticas más o menos activas, pero sin tener un patrón común de criterios de extracción, muy condicionadas además por la configuración privada del sector. Sin tener las suficientes espaldas en lo económico o político para enfrentar estos desafíos de importancia nacional, han reaccionado en los últimos días en un protagonismo tardío. Por el contrario, el Estado nacional tiene la jurisdicción constitucional para fijar las políticas de hidrocarburos, la nueva legislación e intervenir activamente en esta cuestión. Tiene facultades y las herramientas, pero tiene que decidir entre opciones y alternativas de gran complejidad y consecuencias.

Los reservorios de gas no convencional en nuestras cuencas tradicionales –según expertos, los terceros de importancia en el mundo– son de una magnitud y trascendencia estratégica para el país. Se requiere entonces una explotación racional de acuerdo con los intereses nacionales, que permitan rápidamente autonomía en el abastecimiento energético y al mismo tiempo un importante agregado de soberanía económica, en la medida en que el país no dependa para ello de las empresas extranjeras que hoy dominan el mercado.

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