7 de febrero de 2012

El 2001 empezó en 1975

A diez años de la crisis social y política que se llevó puesto al gobierno de la Alianza, dejando casi cuarenta muertes en su retirada, es importante recordar y volver siempre a reflexionar sobre esa coyuntura histórica que podría catalogarse como el fin de un ciclo.

La pregunta es por qué estalló esta construcción en 2001. Y la respuesta no es singular, es un ramillete de respuestas, algunas de las cuales se esbozarán en este artículo. Sólo pensar que episodios de crisis hubo de sobra en ese largo período: 1977 (reformulación de la política económica y reforma financiera); 1981 (abandono de la tabla de conversión administrada); 1982 (salvataje al sistema bancario y licuación de deudas empresarias); 1985 (Plan Austral y tabla de desagio); 1987 (Plan Primavera); 1989 (hiperinflación, punción de depósitos y nuevo salvataje al sistema bancario); 1991 (inicio del Plan de Convertibilidad, privatizaciones y expulsión de miles de trabajadores del sector público); 1995 (impacto de la crisis mexicana); 1998 (inicio del ciclo recesivo); 1999 (impacto de la crisis brasileña), entre otros.

¿Por qué estalló en 2001, no antes ni tampoco después? Es evidente que hubo una conjunción de condiciones, quizá coincidentes con el agotamiento de la paciencia de una creciente porción de la población en su heterogéneo perfil. El sostenimiento de esta forma de desarrollo, patrón de acumulación en palabras de Eduardo Basualdo, sólo era posible renovando las condiciones que garanticen la pervivencia de las hegemonías. Y las condiciones incluyen centralmente los consensos sociales.

En este gran ciclo ocurrieron novedades importantes en el desenvolvimiento del sistema-mundo, como por ejemplo las siguientes:

1971. El presidente Richard Nixon anuncia la inconvertibilidad el dólar por oro, rompiendo las reglas del acuerdo de Bretton Woods de 1944. Los tipos de cambio fijos dejan su lugar a los flotantes, la inflación “reptante” se transforma a nivel planetario en “galopante”.

1973. Crisis del petróleo, comienzo del ciclo de endeudamiento de los países del Tercer Mundo y primera experiencia en Latinoamérica de las recetas neoliberales: Chile ensaya las recomendaciones de Milton Friedman desde el inicio de la dictadura de Augusto Pinochet.

1979/1982: Reagan/Thatcher comienzan la deconstrucción del Estado de bienestar en Estados Unidos y Gran Bretaña. Al mismo tiempo inician un proceso de desregulación paulatina de los mercados financieros domésticos que más adelante se extiende a los internacionales.

1982: Crisis de la deuda mexicana e inicio del cambio en su composición documental: de las promissory notes a la titulización cotizable en mercados secundarios.

1985: Plan Baker como primer intento fallido para contener el avance de la crisis de la deuda externa del Tercer Mundo, protegiendo de tal modo la solvencia del sistema bancario internacional, léase de sus accionistas.

1989: Plan Brady como segundo intento estadounidense respecto de la deuda externa con “éxito” parcial. Caída del muro de Berlín.

1991: Implosión soviética y comienzo de la recolonización del ex bloque soviético.

1999: Arranque de la zona euro con impacto inicial de envergadura en los precios de los países componentes de menor desarrollo relativo y consecuencias en el terreno del comercio internacional.

2001: Crisis en Estados Unidos y consolidación de sus déficits gemelos.

Volviendo entonces a los condimentos nacionales del estallido, sólo vamos a mencionar uno de ellos que es el relacionado con la deuda pública financiera de la Administración Central del Estado nacional.

En 1983 la pesada herencia de la dictadura decía que el 67% de la deuda tenía por acreedores a bancos comerciales transnacionales y que el 15% lo era con organismos financieros internacionales, entre ellos el FMI. En aquel entonces los títulos públicos sólo sumaban algo más del 9% de la deuda. En 1994, ya iniciado el proceso de titulización antes citado, en el marco de las iniciativas Baker y Brady, los bancos comerciales explicaban sólo algo más del 1%, estando compuesto el 68% por títulos públicos.

En 2001, los títulos públicos explicaban el 73% de la deuda, los organismos financieros internacionales el 21% y los bancos comerciales sólo algo más del 1%, entre otros. Argentina había perdido la capacidad de negociación de su deuda soberana. Antes los acreedores tenían nombre, apellido y domicilio, eran pocos y se permitía alentar la idea de un Club de Deudores como lo propuso el ministro Bernardo Grinspun en 1983. Cambiada la naturaleza documental de la deuda y en cierto modo su nominatividad, sólo se trataba de cumplir los compromisos; la mesa de negociaciones había desaparecido como posibilidad.

La deuda pública –que era centralmente externa– sumaba a fines de 1993 menos de 80.000 millones de dólares, habiendo ascendido a diciembre de 2001 a algo más de 144.000 millones. El motivo determinante de este crecimiento de 64.000 millones de dólares, lo fue el efecto de la creación de las AFJP. El agujero fiscal que provocó la privatización del sistema jubilatorio con la reforma de julio de 1994 ascendió nominalmente a 58.915 millones de dólares (suma de aportes personales derivados al sistema de capitalización por 26.463 millones y reducción de contribuciones patronales por 32.452 millones). Esto obligó al Estado a endeudarse, lo cual permitiría afirmar que el 92% del crecimiento de la deuda 1993-2001 es equivalente en monto al efecto monetario de la reforma previsional. A fines de 2001 más del 40% de esa deuda era interna, tenía como acreedores a residentes en Argentina: AFJP, bancos, compañías de seguro, fondos comunes de inversión, particulares.

Un Estado sin capacidad de nuevo endeudamiento e imposibilitado de cumplir con sus compromisos ya no podía garantizar ni ser soporte del proceso de acumulación del capital como lo había sido hasta entonces desde 1975. Uno de los pilares de la crisis de 2001 es la virtual quiebra del Estado nacional, cuya contrapartida se encuentra en el proceso de concentración económica, porque este proceso implicó una monumental transferencia desde la sociedad –vía Estado– hacia la elite más concentrada del capital, local y extranjera, radicada en Argentina.

El viraje emprendido desde 2003 tuvo como norte inicial de-construir esta bomba de tiempo. Un Estado sin capacidad de ejercicio de autonomía no le sirve a los trabajadores ni tampoco al capital. La pregunta que sobrevuela es si las elites locales, tradicionalmente rentistas en su práctica acreditable, cambiarán su conducta o si por el contrario será tejida una nueva urdimbre con un Estado que ha reconfigurado su capacidad de acción.




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Sobre textos de  Sergio Arelovich

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