16 de enero de 2012

La mira sobre Repsol YPF, Shell, Esso, Petrobras y Oil

El Gobierno denunció a las petroleras Repsol YPF, Shell, Esso , Petrobras y Oil por sobreprecios de hasta el 30 por ciento en el combustible a granel, con respecto al del surtidor, que venden a empresas de transporte de pasajeros y de carga. Los sobreprecios alcanzarían los $3500 millones anuales.

En una conferencia de prensa, que se llevo a cabo este mediodía en el Ministerio de Economía, el vicepresidente, Amado Boudou, el ministro de Planificación, Julio De Vido, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino y el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, explicaron los alcances de la denuncia.

“La denuncia efectuada por ocho cámaras de transporte de cargas, ante la Secretaría de Transporte, la elevamos a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, por el precio del combustible en el transporte de carga y de pasajeros, que tiene gran diferencia de precio en la venta de gasoil a granel y el de surtidor”, dijo De Vido, que precisó que esa diferencia es de hasta el 30 por ciento mayor en el caso del combustible mayorista.

En este sentido, el vicepresidente afirmó que “hablamos de un Gobierno que no es neutral y que no todo le da lo mismo,  y que en este caso en particular esa no neutralidad se pone a favor de la capacidad de consumo y de la competitividad”.

De Vido indicó que “el Estado cuenta con las herramientas para encausar esto” y agregó que esta acción es parte de la política contra los monopolios. 

El ministro aseguró que para realizar la denuncia el Estado tuvo en cuenta, en el caso del transporte de pasajeros, que es un servicio público, universal y que debe garantizarse el acceso al servicio, como su sustentabilidad y en el caso de transporte de carga, la competitividad del mercado.

“Con esta denuncia queremos que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia  descarte o confirme si ha habido prácticas monopólicas, abuso de posición dominante y cartelización de empresas”, afirmó De Vido.

En este sentido, Boudou explicó que “cartelización es un acuerdo de competidores para no competir, para quitarle a consumidores parte de las posibilidades de estar un poquito mejor” y que “el Gobierno  hace una denuncia justamente para defender la capacidad de consumo y la competitividad de la economía”.

“Estamos hablando de un gobierno que le pone la proa al abuso de los monopolios y oligopolios en cualquier mercado que aparezca”, puntualizó el vicepresidente. 


Mesa de trabajo

De Vido llamó a las empresas petroleras denunciadas a sentarse a la mesa de trabajo que se conformará, para solucionar el problema y remarcó que  de las cinco empresas involucradas Repsol YPF aporta el 65 por ciento del combustible y Shell, el 20 por ciento.

“Hablamos con los propietarios de Repsol YPF y, en aras del orgullo que sentimos por esa empresa, que fue pionera en el desarrollo del petróleo en la Argentina, vamos a encontrar a un diálogo rápido. En el caso de Shell, apelamos a las autoridades regionales o mundiales, porque (Juan José) Aranguren (presidente de Shell Argentina) ha sido un sistemático opositor a todas las políticas del Gobierno”, dijo.

El ministro afirmó que el Estado subsidia en gran medida al combustible, “por lo cual no está dispuesto a que se manipule este insumo fundamental”.

Boudou puntualizó que “este Gobierno es para los 40 millones de argentinos no para que se enriquezcan tres empresas”.


Ganancias extraordinarias

El secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, precisó las diferencias en los precios del combustible a granel con respecto al del surtidor, como así las ganancias extraordinarias que obtienen las empresas denunciadas por el cobro de sobreprecios.

Schiavi ejemplificó la diferencia de precios registrada: “En Tucumán el precio del gasoil a granel es de 5,26 pesos por litro, mientras que el precio minorista es de 4,60. En Salta el precio mayorista es de 5,16 pesos el litro y minorista, de 4,48 pesos. En Córdoba el precio a granel es de 5,29 pesos por litros y minorista, 4,40”.

El secretario afirmó, de esta manera, que el sobreprecio promedio es de 8,4 por ciento, que representa 3500 millones de pesos anuales de sobreprecio y que de esta forma se investigará si estas maniobras no violan el los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia.

“Esta es una contratación entre privados. El Estado interviene porque lo que afecta es el transporte de pasajeros en su competitividad. También al transporte de cargas, y por ello se afecta la competitividad del mercado”, aseguró.

Schiavi explicitó que el parque móvil de ómnibus es de 38.684 unidades en todo el país, que tienen un consumo mensual de 115 millones de litros de gasoil que se compran a granel. Además, dijo que la actividad concentra a 120.000 trabajadores y que transporta por año a 400 millones de pasajeros.

En el caso del transporte de carga, el secretario indicó que es de 430.000 unidades el parque automotor, que utiliza 600 millones de litros por mes, de los cuales el 40 por ciento es obtenido al por mayor y el 60 por ciento en estaciones de servicio en forma minorista. La actividad concentra a 346.000 trabajadores.

Además, el titular de la Secretaría de Transporte citó a las cámaras que efectuaron la denuncia ante su dependencia por las irregularidades. La denuncia la efectuaron: la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi); la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (AETA); la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba);  la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap); la Cámara Empresaria de Transporte de Pasajeros (Cetap);  la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autrotransporte de Cargas (Fadeeac); la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires y la Asociación Civil Transporte Automotor (ACTA).

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