El Cronista destaca la «pelea» entre Gobierno y la UIA al inicio de las conversaciones en el marco del «pacto social». El tema es la inflación. Creo que este tema traído a debate es un globo de ensayo, porque la realidad es otra: Pese a que, en los últimos años, medidas estatales de protección a la producción nacional beneficiaron a industriales de diversos sectores, la cúpula de la UIA volvió a arremeter contra la intervención estatal.El empresario Alfredo Nicholson, importante industrial del sector azucarero que presidió la reciente Conferencia de la Unión Industrial Argentina, afirmó que el excesivo intervencionismo estatal está ahogando la economía. Es interesante discutir en profundidad el sentido de esas palabras. Si la economía creció en lo que va del año el 9 por ciento, resulta difícil detectar a qué ahogo se refiere Nicholson. Además, los balances presentados a la Bolsa de Comercio por importantes firmas industriales dan cuenta de crecientes beneficios. Tampoco por ese lado se advierten signos de dificultades empresariales.
Si se asume por un momento que esa declaración tiene visos de realidad y que, puestos a desentrañar los mecanismos intervencionistas del Estado, vale especular con un escenario donde el Gobierno se propone limitar o reducir la presencia de su gestión en la dinámica del mercado empresarial. En tal sentido, sería importante plantear a Nicholson y a los directivos de la UIA -que no salieron a desmentirlo- las siguientes medidas para aliviar la pesada carga estatal en la marcha de la economía:
1 Abolir toda medida arancelaria que grave el ingreso de mercancías desde el exterior en tanto aumenta su costo en el mercado interno, en especial los equipos industriales y los bienes intermedios que se utilizan para ensamblar productos terminados del sector manufacturero. De este modo, bajaría el costo de la producción interna y se favorecerían los consumidores locales, ya sea de productos intermedios, bienes de capital o bienes de consumo final. Al cesar esta intervención estatal distorsionante serían desplazadas del mercado las empresas argentinas ineficientes, con el consiguiente impulso al funcionamiento libre del mercado
2 Dejar sin efecto todas las medidas antidumping que se adoptan para prevenir invasión de bienes competitivos desde el exterior que impiden gozar de los mismos, y que se podrían obtener a más bajo costo. Las decisiones del Estado, de carácter proteccionista para la industria nacional, se deberían dejar sin efecto, con lo que se restablecería la plena libertad de importar como en la década de los ‘90, descartándose la intolerable intervención estatal en el mercado.
3 Eliminar todos los subsidios a las tasas de interés que el Estado ofrece para créditos de promoción de la inversión de equipos de producción dirigidas hacia las Pymes. De este modo cesaría un factor de distorsión y perturbación del pleno funcionamiento del mercado financiero, donde el Estado no tiene por qué inmiscuirse.
4 Eliminar el Repro, que el año pasado posibilitó que el Estado ofreciese a los privados una parte de las remuneraciones del personal que las empresas debían suspender por menor demanda y que impidió la cesantía de decenas de miles de trabajadores. El Estado no debe intervenir en estos asuntos y la contratación de los trabajadores y sus salarios es cuestión exclusiva de los dueños de las compañías.
5 Cerrar los fondos de la Anses para toda operación de financiamiento empresarial, como el crédito otorgado a la empresa General Motors y muchos otros más, que permitieron que tales firmas no despidiesen trabajadores y siguiesen avanzando con sus programas de inversión y/o manufactura de sus productos. La Anses sólo se debe ocupar de cobrar los aportes jubilatorios y pagar los beneficios del sistema previsional. Toda otra gestión invade la actividad privada y la condena al ahogo.
6 Restablecer los aportes patronales por ley al sistema previsional para resguardar la seguridad jurídica que está lesionada por la intervención del Estado, que rebajó los valores de dichos aportes en la era Cavallo. El Estado no debe modificar los citados aportes, por cuanto ello supone invalidar normas que ya han sido consagradas por la legislación y modificarlas altera el cálculo de los costos empresariales, crea inquietud sobre la seguridad jurídica y distorsiona los precios relativos de los bienes que se producen entre los que se elaboran internamente y los que podrían importar a más bajo costo.
7 Dejar sin efecto la ley 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo. dado que este instrumento es altamente intervencionista y obliga a los empresarios a convenir remuneraciones con los trabajadores de forma tal que el Estado impone mecanismos de negociación que traban la libre voluntad de los dueños de las empresas. Cada empresario debe convenir individualmente las condiciones de trabajo con sus empleados sin que el Estado deba intervenir arbitrariamente, limitando la libertad de los agentes económicos privados.
8 Cesar toda intervención del Banco Central para impedir la revaluación de la moneda en relación con el dólar, interrumpiendo su política de compra de divisas externas y permitiendo que la relación cambiaria flote libremente. Frente a la indudable revaluación del peso, no actuar de ningún modo, lo que posibilitaría un precio de relación peso/dólar de equilibrio en el mercado, sin interferencias.
Esta lista podría ampliarse de manera significativa. Nos permitiría volver a los ‘90 o a la época de la dictadura militar, cuando la aplicación de medidas similares posibilitó un singular daño al tejido social y a la calidad de vida de la mayoría de la población, con el pretexto de que la intervención estatal ahogaba la iniciativa privada y se constituía en un proceso “contra natura” que era preciso desterrar.
Nos vemos,
Fuente: CASH
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