Memoria del saqueo

Decía Menem: «Las empresas públicas son el agujero negro de la economía argentina.», «Hay que privatizar. Los ferrocarriles pierden un millón de dólares por día. Los teléfonos nos dan perdida, son malos y caros. Privados van a ser buenos y baratos.», «Empresas como ENTel e YPF dieron pérdida durante los años anteriores a su privatización.», «Con lo que saquemos de las empresas públicas vamos a obtener una solución doble. Resolveremos el endeudamiento externo y terminaremos con el eterno déficit del sector público.»

El proceso fue posible gracias a las Leyes de Reforma del Estado N° 23696 y de Emergencia Económica N° 23697. La opinión pública las conoció con el nombre de “Leyes Dormí”, por el primer ministro de Obras Públicas de Ménem, José Dromi. Este fue una de las piezas importantes para las privatizaciones, junto con José Manzano y Eduardo Bauzá.

El politólogo Chileno Francisco Godinez Galay publicó en la revista Caras y Caretas lo siguiente: “Esta transición de la vuelta a la democracia abrió el paso a una nueva oleada de control económico y financiero con figuras polémicas al frente, de derecha, inescrupulosos, con delirios de poder, corruptas escandalosas, que llevaron al máximo la bandera del neoliberalismo y las recetas del capitalismo financiero. Ocurrió en los años ’90. Entre los representantes de esta oleada estuvieron Carlos Ménem en la Argentina, Alberto Fujimori en Perú, Gonzalo Sánchez de Losada en Bolivia, Fernando Collor de Melo en Brasil y Salinas de Gortari en México”.

Mientras todos hablaban de la Ferrari y las avispas, el Estado era desguazado, la Argentina se endeudaba como nunca antes y casi un tercio de los habitantes de este país perdía el trabajo, en un plan de reingeniería social y económica que fue defendido y naturalizado por la prensa tradicional como si fuera necesario para todos, cuando sólo era conveniente para unos pocos.

Después, De la Rúa y la nada.

A partir de la crisis de 2001, el Estado nacional decidió retomar la vieja senda de asumir una participación directa, activa e intensa en las actividades comerciales e industriales que hasta ese entonces estaban en manos privadas, revisando así la política de privatizaciones de los ‘90. De este modo, bajo la presidencia de Duhalde y, con mayor fuerza, simbolismo y coherencia ideológica, en la de Néstor Kirchner, es que el Estado procedió a hacerse cargo de la gestión de tales actividades vía rescisión de concesiones, estatizaciones, nacionalizaciones o expropiaciones.

Una de las técnicas más utilizadas volvió a ser la creación de “empresas públicas”, pero ahora bajo una nueva modalidad jurídica: las sociedades anónimas bajo injerencia estatal (SABIE), principalmente regidas por el derecho privado. Los ejemplos más resonantes son AR-SAT (satélites), Radio y Televisión Argentinas, el Correo Oficial (que si bien tenía carácter transitorio, su eficiente labor ha hecho que perdure en manos estatales), la empresa de energía Enarsa (emulando la vasta experiencia argentina del siglo XX y la de nuestros vecinos) y AySA, cuyo accionar no deja de ser destacado aun por los voceros del sector privado. También la creación de la Unidad Ejecutiva Atucha II, como máximo exponente de la reasunción de un Estado activo que confía en sus propias capacidades productivas y profesionales.

Otras manifestaciones de estatizaciones o nacionalizaciones adoptadas a partir de 2003 son la expropiación de Aerolíneas Argentinas (tan vilipendiada por sus “ineficiencias” a tan sólo dos años de su rescate luego del vaciamiento); el retiro de la concesión del espacio radioeléctrico y de la licencia de Fibertel; la operación de Yacimientos de Río Turbio y de Astilleros Tandanor y la creación del programa Fútbol para Todos. Otro caso destacable es la estatización del régimen previsional, que permitió –vía disolución de las AFJP– que la ANSeS ingresara con una participación accionaria en unas 40 empresas que cotizan en Bolsa.

Es así como el “Estado empresario” ha recobrado, a partir de 2003, un importante y estratégico rol en la gestión de variados cometidos públicos de carácter comercial e industrial. Lo que parece innegable es que la justificación privatista relativa a las bondades del funcionamiento “desregulado” del mercado y, por ende, a la necesidad del achicamiento del Estado y consiguiente desaparición de las “empresas públicas”, si no fracasó, al menos resultó herida de legitimidad. Ello en el marco de un nuevo modelo ideológico y de un renovado proyecto político de tinte progresista que intenta corregir los desvaríos de la época neoliberal.

Modelo cuyo desafío pasa por lograr el equilibrio entre la persecución directa del interés público por medio de instrumentos empresariales, y el imperativo constitucional de sujeción a los controles estatales a la hora de desempeñarse como un actor más en un mercado pretendidamente competitivo.

Nos vemos,



Aportes de Roberto Caballero y Juan José Carabajales