20 de octubre de 2010

Prioridades de la política económica Argentina

En el último cuarto del siglo pasado y primeros años del actual, entre todas las economías que integran el orden mundial, el comportamiento de la argentina fue el peor. En ningún otro caso significativo se registró, en el período abarcado entre 1975 y el 2002, una caída del PBI per cápita del 10%, y del industrial en 40%, un profundo deterioro de todas las variables sociales y, finalmente, un caos macroeconómico que provocó el default sobre la deuda externa.

En cambio, entre el 2002 y la actualidad, la economía argentina registra una de las mayores tasas de crecimiento dentro del orden mundial, en un contexto macroeconómico ordenado. El único indicador relativamente negativo es el del aumento de precios sin que, de todos modos, existan evidencias de descontrol ni obstáculos insalvables al crecimiento de la producción y el empleo.

¿Cuáles son las prioridades de la política económica en una Argentina que está aprendiendo a vivir con estabilidad institucional, cuya economía resiste adversidades y en la cual está pendiente la transición, desde el subdesarrollo a la formación de una estructura integrada y abierta capaz de erradicar, definitivamente, niveles intolerables de pobreza e injusticia distributiva?

La política económica debe responder a cuatro desafíos fundamentales: 1) la gobernabilidad de la macroeconomía; 2) crear un escenario propicio al despliegue de los medios y talento de los agentes económicos; 3) orientar la asignación de recursos y la distribución del ingreso hacia los objetivos prioritarios del desarrollo y la equidad distributiva; 4) fortalecer la posición internacional de la economía nacional. Estos cuatro desafíos son interdependientes.

La gobernabilidad requiere consolidar la solvencia del sector público en sus tres jurisdicciones (Nación, provincias, municipios) de un Estado federal y el reparto racional de ingresos y responsabilidades, entre las mismas. Debe consolidarse el proceso de desendeudamiento. La solvencia fiscal tiene, como contrapartida, el superávit del balance de pagos, un nivel suficiente de reservas del Banco Central para preservar al sistema de los shocks externos y la administración de la paridad a través de un tipo de cambio de equilibrio desarrollista (TCED). La administración de la paridad es una tarea compleja que debe adecuarse a la evolución de las variables internas y externas de la realidad económica, incluyendo la regulación de los movimientos especulativos de capitales. La instrumentación del TCED recae en la autoridad monetaria, pero su existencia es un requisito del éxito de la política económica y, por lo tanto, responsabilidad primaria de la política económica del Estado nacional.

La gobernabilidad de la macroeconomía es esencial para crear el escenario propicio a la inversión privada. Los agentes económicos deben convencerse de que el lugar más rentable y seguro para invertir el ahorro interno es el propio país y que la puja distributiva, inclusive la relación utilidades-salarios, debe resolverse en el marco de la estabilidad razonable del nivel de precios. Si se consolida la gobernabilidad del sistema, el país dispone del poder necesario para vincularse al orden mundial en una posición simétrica no subordinada. La experiencia de las naciones emergentes de Asia revela que los países con suficiente densidad nacional y recursos propios, tienen la capacidad de decidir su estructura productiva y, consecuentemente, su propio destino en el orden global. Éste es el rumbo necesario y posible, también, en la Argentina.

Para ello es necesario observar los problemas desde la perspectiva de los intereses nacionales, sin prejuicios y buscando las coincidencias para encuadrar y resolver los conflictos. El mayor obstáculo para responder a los dilemas que enfrentamos no radica en la gravitación de los intereses neoliberales ni en las restricciones externas. El problema de fondo es la división de los sectores y actores sociales creadores de riqueza, es decir, la falsa división de las aguas dentro del mismo campo de los intereses nacionales.

Así se frustraron procesos de transformación en el pasado y corre el riesgo, actualmente, de volver a repetir la experiencia. En diversas expresiones políticas, están dispersos actores económicos y sociales, partícipes necesarios y beneficiarios del desarrollo nacional, los cuales, aparecen divididos por cuestiones periféricas a los problemas centrales que tenemos por delante. Ésta es una severa debilidad subsistente en la densidad nacional que debe resolverse para consolidar lo alcanzado en estos últimos años.

Nos vemos,



Sobre análisis de Aldo Ferrer

1 comentario:

  1. además compañero, porque la cuestión esta coómo legitimada desde los sectores sociales que no tienen participación política, en los desinteresados.

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