Los dichos de Hebe, Roma no se hizo en un día
La multitudinaria marcha del martes 28 frente al Palacio de Tribunales, en la Plaza Lavalle de Buenos Aires, con sus cánticos, consignas y discursos, tuvo un desarrollo previsible y un finale maestoso.
El objetivo básico de la convocatoria no era otro que el de hacer notar, en alta voz, a los ministros de la Corte Suprema de Justicia -aparentemente prontos a resolver en favor de la inconstitucionalidad del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual- que este cuerpo legal es el resultado de largos y esforzados meses de trabajo ciudadano y, por supuesto, legislativo.
Para mejor comprensión, el artículo citado es el que obliga a los licenciatarios a encuadrarse en el número máximo de licencias permitido, y desprenderse de las que exceden lo tolerado, en los próximos doce meses.
Con ese acto en defensa de la mal bautizada ley de medios (un nombre malintencionado, acuñado por el Grupo Clarín que, adrede, sugiere la idea de una ley de prensa, expresamente prohibida por la Constitución Nacional) se buscaba refrescar el hecho de que, como bien señaló el diputado Martín Sabbatella en un reportaje radial, «esa ley fue votada con gente que hoy está en el oficialismo y gente que hoy está en la oposición. Me parece, que es una ley de la democracia y es importante que se implemente.»
Finalmente, Sabbatella redondeó con un concepto que, entendemos, debe ser considerado con seriedad extrema por todos los niveles que conforman el Poder Judicial. Y, también y por supuesto, por quienes desaprensivamente recurren a esos estrados. «No hay que judicializar las decisiones políticas que toma el Congreso», expresó.
Aunque éste no es el momento ni el lugar, en medio de la trifulca de opiniones desatada por el final mencionado (el discurso de Hebe de Bonafini), la relación Poder Judicial/Poder Ejecutivo requiere imperiosamente de un nuevo acuerdo de partes.
Tal vez otro round fundacional como los que se desarrollaron cuando fue reemplazada la impresentable Corte menemista por la conformación actual que, no hace mucho, era considerada de lujo en los más altos niveles del Gobierno.
En cuanto a las opiniones expresadas a propósito del agresivo discurso de Bonafini, bastó repasar los diarios del jueves 30 para advertir que, como era de prever, primó el pensamiento único en torno al cual la derecha, créase o no, consolida sus testas coronadas de laureles reaccionarios y bienpensantes con cabezas democráticas que hasta jurarían estar embanderadas con la izquierda.
En el oficialismo hubo discrepancias. De forma y no de fondo.
Coincidencia total en el reclamo por la inmediata vigencia de la Ley de Servicios Audiovisuales. Apoyo irrestricto a la posición del Gobierno en el tema. Llamado de atención a los jueces supremos respecto de su obligación de respetar el fruto del Poder Legislativo. Y muchos aplausos desde el palco.
Pero no hubo acuerdo sobre el estilo del discurso de la titular de Madres, sobre su vocabulario y, menos aún, sobre la opinión que le merecen los miembros de nuestro más alto tribunal.
Tanto el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en una declaración, como Ricardo Forster, del Grupo Carta Abierta, por tomar dos ejemplos relevantes, condenaron fuertemente los dichos de Bonafini, dejando aclarado que la respetan por ser quién fue y por ser quién es. Pero discrepan de su opinión sobre los jueces máximos y, mucho más aún, de los insultos que les propinara en su alocución.
En cambio, desde la misma vereda cercana al oficialismo, el ya citado Sabbatella opinó que «no se debe hacer eje en las palabras de Hebe, a quien además respeto, quiero y le reconozco una historia de lucha como la de pocos en la Argentina.»
Por su parte, Diego Fernández, un entrerriano que postea un estupendo comentario en el blog Ramble Tamble, razona, impecable: «Si queremos construir un horizonte de Justicia Social, Independencia Económica y Soberanía Política, lo haremos con Hebe. Sin Hebe, podremos tener quizá un horizonte electoral.»
Fernández (Diego) tiene razón. Con sus gritos y sus insultos, Bonafini es un personaje entrañable que recuerda que nada es tan sencillo como a veces parece, no se debe olvidar que no tenemos una justicia revolucionaria porque no tenemos un gobierno revolucionario.
Luchas de años para ganar la vida en democracia nos han ido deparando gobiernos, en los últimos 25 años, que ninguna mayoría, en ningún caso, votó que fueran revolucionarios.
Néstor y Cristina, desde 2003 hasta hoy, han hecho mucho, aunque sea cierto que falta muchísimo. Y se trata de un gobierno reformista, con toda la carga de descrédito que ese calificativo goza en los círculos de izquierda más extrema.
Pero es lo que tenemos, lo que vamos forjando. Y es bastante para lo poco revolucionarios que, casi todos, somos.
Para aquellos insatisfechos, como Hebe, con la inexorablemente lenta transformación de la realidad, va el consejo de González Tuñón: “Eche veinte centavos en la ranura / si quiere ver la vida color de rosa.”
Roma, no se hizo en un día.
Nos vemos, buen domingo
Sorbe textos Marcelo Capurro, revista Debate
El objetivo básico de la convocatoria no era otro que el de hacer notar, en alta voz, a los ministros de la Corte Suprema de Justicia -aparentemente prontos a resolver en favor de la inconstitucionalidad del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual- que este cuerpo legal es el resultado de largos y esforzados meses de trabajo ciudadano y, por supuesto, legislativo.
Para mejor comprensión, el artículo citado es el que obliga a los licenciatarios a encuadrarse en el número máximo de licencias permitido, y desprenderse de las que exceden lo tolerado, en los próximos doce meses.
Con ese acto en defensa de la mal bautizada ley de medios (un nombre malintencionado, acuñado por el Grupo Clarín que, adrede, sugiere la idea de una ley de prensa, expresamente prohibida por la Constitución Nacional) se buscaba refrescar el hecho de que, como bien señaló el diputado Martín Sabbatella en un reportaje radial, «esa ley fue votada con gente que hoy está en el oficialismo y gente que hoy está en la oposición. Me parece, que es una ley de la democracia y es importante que se implemente.»
Finalmente, Sabbatella redondeó con un concepto que, entendemos, debe ser considerado con seriedad extrema por todos los niveles que conforman el Poder Judicial. Y, también y por supuesto, por quienes desaprensivamente recurren a esos estrados. «No hay que judicializar las decisiones políticas que toma el Congreso», expresó.
Aunque éste no es el momento ni el lugar, en medio de la trifulca de opiniones desatada por el final mencionado (el discurso de Hebe de Bonafini), la relación Poder Judicial/Poder Ejecutivo requiere imperiosamente de un nuevo acuerdo de partes.
Tal vez otro round fundacional como los que se desarrollaron cuando fue reemplazada la impresentable Corte menemista por la conformación actual que, no hace mucho, era considerada de lujo en los más altos niveles del Gobierno.
En cuanto a las opiniones expresadas a propósito del agresivo discurso de Bonafini, bastó repasar los diarios del jueves 30 para advertir que, como era de prever, primó el pensamiento único en torno al cual la derecha, créase o no, consolida sus testas coronadas de laureles reaccionarios y bienpensantes con cabezas democráticas que hasta jurarían estar embanderadas con la izquierda.
En el oficialismo hubo discrepancias. De forma y no de fondo.
Coincidencia total en el reclamo por la inmediata vigencia de la Ley de Servicios Audiovisuales. Apoyo irrestricto a la posición del Gobierno en el tema. Llamado de atención a los jueces supremos respecto de su obligación de respetar el fruto del Poder Legislativo. Y muchos aplausos desde el palco.
Pero no hubo acuerdo sobre el estilo del discurso de la titular de Madres, sobre su vocabulario y, menos aún, sobre la opinión que le merecen los miembros de nuestro más alto tribunal.
Tanto el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en una declaración, como Ricardo Forster, del Grupo Carta Abierta, por tomar dos ejemplos relevantes, condenaron fuertemente los dichos de Bonafini, dejando aclarado que la respetan por ser quién fue y por ser quién es. Pero discrepan de su opinión sobre los jueces máximos y, mucho más aún, de los insultos que les propinara en su alocución.
En cambio, desde la misma vereda cercana al oficialismo, el ya citado Sabbatella opinó que «no se debe hacer eje en las palabras de Hebe, a quien además respeto, quiero y le reconozco una historia de lucha como la de pocos en la Argentina.»
Por su parte, Diego Fernández, un entrerriano que postea un estupendo comentario en el blog Ramble Tamble, razona, impecable: «Si queremos construir un horizonte de Justicia Social, Independencia Económica y Soberanía Política, lo haremos con Hebe. Sin Hebe, podremos tener quizá un horizonte electoral.»
Fernández (Diego) tiene razón. Con sus gritos y sus insultos, Bonafini es un personaje entrañable que recuerda que nada es tan sencillo como a veces parece, no se debe olvidar que no tenemos una justicia revolucionaria porque no tenemos un gobierno revolucionario.
Luchas de años para ganar la vida en democracia nos han ido deparando gobiernos, en los últimos 25 años, que ninguna mayoría, en ningún caso, votó que fueran revolucionarios.
Néstor y Cristina, desde 2003 hasta hoy, han hecho mucho, aunque sea cierto que falta muchísimo. Y se trata de un gobierno reformista, con toda la carga de descrédito que ese calificativo goza en los círculos de izquierda más extrema.
Pero es lo que tenemos, lo que vamos forjando. Y es bastante para lo poco revolucionarios que, casi todos, somos.
Para aquellos insatisfechos, como Hebe, con la inexorablemente lenta transformación de la realidad, va el consejo de González Tuñón: “Eche veinte centavos en la ranura / si quiere ver la vida color de rosa.”
Roma, no se hizo en un día.
Nos vemos, buen domingo
Sorbe textos Marcelo Capurro, revista Debate
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