17 de octubre de 2010

El veto al 82, partió el eje


La discusión por imponer el 82% y el veto posterior, sirve para decantar conceptos, analizando por donde pasa el eje de los conocimientos y como -de un modo sutil- trata de generar opiniones fáciles y peyorativas. El ídolo Eliaschev, se escandaliza por el uso del vocablo. Pero ante un escenario donde, los actores que tanto daño le hicieron al país, pretenden transformarse en la Madre Teresa, no existe forma de graficar lo que se siente.

El caballo de batalla opositor, fue «tienen la tutuca»; es decir razonan que hoy puede darse el 82% móvil debido a que el gobierno se quedó con la plata de las AFJP. Detrás de esta idea aparece una tergiversación surgida de omitir una elemental distinción entre un stock y un flujo de recursos. Es decir, a partir de una estimación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES cercana a los 150.000 millones, se propone un ejercicio cuasi escolar de división, donde el denominador está representado por el número de jubilados. ¿Qué se haría en cuanto se acabase el FGS?

Por otra parte, este Fondo no está constituido por una pila de billetes sino por una cartera de activos financieros diversos, imposibles de ser transformados en liquidez en el corto plazo. En realidad, cualquier flujo de gasto continuo requiere, para ser sustentable en el tiempo, un flujo equivalente de ingreso que lo sostenga. No debe olvidarse que la tendencia global al envejecimiento poblacional y el aumento estructural de la informalidad laboral, llevaron a que la “tasa de sostenimiento” (el número de personas laboralmente activas por cada persona de más de 65 años) sufriera una caída estructural, pasando de una holgada relación de 11 aportantes efectivos por jubilado en la década del ’50 a una relación de sólo 2 a 1 desde principios de los ’80.

En este contexto, una regla que decidiera atar las jubilaciones a una proporcionalidad tan elevada es altamente riesgosa porque determina una muy fuerte restricción en términos del financiamiento del sistema y no deja más que dos alternativas frente a cualquier tipo de evolución desfavorable en las múltiples variables que determinan la dinámica previsional: o bien se sube la tasa de imposición a los trabajadores para brindar fondos adicionales a la previsión social, o bien se vulnera el principio de la proporcionalidad.

Otro argumento utilizado es el gobierno está malgastando la plata de los jubilados al usarla para cualquier otra cosa. Aparece aquí un dilema respecto de la determinación específica de los derechos de propiedad de los fondos previsionales. ¿Realmente el FGS y el actual superávit corriente del SIPA1 son propiedad exclusiva de los jubilados de hoy? ¿Por qué no pensar, en cambio, que esos activos pertenecen también a los trabajadores registrados que contribuyeron y contribuyen a generarlos con una parte de sus salarios? ¿Y por qué no considerar que esos fondos son, asimismo, propiedad de los trabajadores informales y los desocupados, quienes a través del IVA que pagan por sus consumos básicos son solidarios en el financiamiento del sistema?

Aceptada la dificultad de la identificación precisa de los derechos sociales sobre los fondos del SIPA, surge el debate sobre el objeto de su utilización. Distribuirlos hoy entre los jubilados actuales es una alternativa, pero no es la única. Y si la decisión es posponer parte del potencial gasto previsional para el futuro, surge la necesidad de invertir los fondos excedentes. Hoy el gobierno incorporó las inversiones productivas al abanico de posibilidades, lo cual, si los proyectos son rentables y contribuyen a estimular la actividad y el empleo, aparece como una alternativa absolutamente válida.

El estrecho marco de razonamiento opositor impide dimensionar el desastre neoliberal del menemato y la ineptitud delaruista, por eso dice que el gobierno amplió la cobertura previsional a más de 2 millones de personas que no tenían los aportes necesarios y ahora dice que no hay plata para pagar el 82% móvil a quienes aportaron puntualmente durante toda su vida. Es innegable que existe una tensión distributiva entre la extensión de la cobertura jubilatoria y el aumento de los haberes de quienes ya están cubiertos, debido a que ambos elementos elevan la masa de recursos necesarios. Sin embargo, no cabe duda de que las leyes que posibilitaron la incorporación de los nuevos jubilados constituyeron una clara medida de redistribución progresiva del ingreso. Esa política vino a enmendar una trayectoria de exclusión masiva, vinculada directamente con la dificultad creciente de sostenerse en un empleo formal y estable en un contexto de precarización de los vínculos laborales como el que se observó en los ’80 y los ’90 en la Argentina.

Es decir: la discontinuidad o ausencia de las contribuciones personales al sistema no partieron, en la inmensa mayoría de los casos, de una decisión voluntaria del trabajador sino que respondieron a la consolidación de una estructura macroeconómica que signó regresivamente la dinámica del mercado laboral. Siendo además, como se dijo antes, que aún los excluidos de los beneficios del sistema jubilatorio son solidarios en su sostenimiento debido a la porción de impuestos generales destinada a las arcas previsionales, es innegable el efecto progresivo de toda medida que tienda a universalizar la cobertura.

La más obvia de estas implicancias es que la masa de recursos sociales necesaria para sostener a los jubilados es cada vez mayor. En la Argentina representa hoy cerca del 9% del PIB cuando hace 50 años era poco más del 3%. Conviene, entonces, explicitar algunos aspectos del escenario jubilatorio que ofician de marco al debate y que refutan diversos reduccionismos y lugares comunes que suelen escucharse al respecto.

Nos vemos,



Notas. 1 - SIPA, Sistema Integrado Previsional Argentino - Sobre textos de Germán Herrea/BAE


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