82%: un texto con trampas y sin números

Escribe: Damián Panigo*

El proyecto de ley está bien pensado desde un punto de vista maquiavélico. Si el artículo 1º, donde se plantea el aumento de la jubilación mínima al 82% del salario mínimo vital y móvil, propusiera una genuina fuente de financiamiento, sería un artículo con el que un peronista no podría estar en contra. Y eso sería independientemente de que haya plata o no para pagarlo.

Pero el proyecto no se queda ahí. Los artículos 5º, 6º y 7º son los tres artículos de la discordia y, entonces, el artículo 1º se convierte en un caballo de Troya.

Si el proyecto de ley que se debatirá el miércoles terminara en el artículo 1º, muchos de nosotros estaríamos de acuerdo. Pero no termina ahí e incluye otros tres artículos que implican darle plata de los pobres (porque no prevé nuevos recursos) a los ricos y esto no tiene sentido en materia de justicia social.

Por lo tanto, hay dos formas de leer el proyecto de ley: una está basada en la buena voluntad de los legisladores que la impulsan, aunque a un proyecto que aumenta un 15% la desigualdad, es difícil encontrarle buena voluntad.

Leyendo de buena fe la iniciativa diría que el sentido que podría tener es que podría reducir la litigiosidad al incluir los fallos de la Corte Suprema de Justicia en materia previsional («Caso Eliff» en el artículo 5º, «Caso Sánchez» en el artículo 6º y «Caso Badaro» en el artículo 7º). Podría servir sí, para reducir la litigiosidad y dejar que la Justicia se ocupe de otras cuestiones.

Pero en verdad, es inaplicable porque genera un gasto extra de 60.000 millones de pesos, que amenaza con retrotraer todos los logros hechos en materia previsional a foja cero. Además, lo que haría esta ley sería plasmar muchos de los fallos de la Corte pero lo que vemos en el Conicet es que a veces la Corte se equivoca. Creo que en algún momento se dará cuenta de que lo que está haciendo es perjudicar a la justicia social aunque, por algunas razones, pueda ajustarse a derecho.

La otra lectura, que es más política, es que simplemente se busca, con este proyecto, que por primera vez la presidenta Cristina Fernández tenga que vetar una ley que tiene un artículo que beneficia a los trabajadores. Y si no la veta, sabe que se desfinanciará completamente el sistema y se generará una crisis fiscal como la que tuvimos a mediados de los ’80 o a finales de los ’90.

Si uno piensa que es la primera opción, le decimos a los senadores (y a la Corte Suprema también) que estamos dispuestos a mostrarles los números y las explicaciones de estos temores que nosotros tenemos en el Conicet. Pero como quieren sacar la ley entre gallos y medianoche se corren estos riesgos. El error central no es solamente desfinanciar al sector público sino aumentar significativamente desigualdad.

* Economista, investigador del Conicet