Trabajadores agrarios, no escondamos la cabeza

Según estudios del Ministerio de Trabajo del 2009, en promedio el 60% de los peones rurales se encuentra en situación laboral irregular. Para la AFIP, la informalidad trepa al 70%. Esto demuestra que el crecimiento de las ganancias en la producción agropecuaria de los últimos años no se refleja en las condiciones de trabajo de los que ponen el cuerpo y su fuerza de trabajo todos los días en el campo, sino que se mantiene la precariedad en sus condiciones laborales (bajo nivel de ingresos, ausencia de aportes jubilatorios, inestabilidad laboral y alta tasa de accidentes, entre otras cuestiones).

Además de los aspectos estrictamente legales, el reciente envío a la Cámara de Diputados del anteproyecto del nuevo Régimen de Trabajo Agrario (en reemplazo de la ley 22.248 del año 1980) abrirá el debate sobre las características del trabajo en la agricultura y la situación de los trabajadores. Si bien el campo ha tenido en los últimos años una notoria visibilidad pública, ésta se centró más en cuestiones económico-productivas que en las de orden laboral.

Hoy, el trabajo agrario mantiene algunas de sus condiciones históricas pero también ha experimentado cambios siguiendo la reestructuración de la actividad productiva que, aunque con diferencias según regiones, ha tenido una amplia difusión en todo el país y para distintas producciones.

Desde el punto de vista de su estructura, a la todavía relevante presencia de trabajo familiar especialmente para algunas regiones del Norte Argentino se suma una importante proporción de empleo asalariado (una de las más altas de las agriculturas latinoamericanas) en sus modalidades permanente y estacional. Mientras que el número de asalariados permanentes –concentrados en empresas medianas y grandes– es minoritario y probablemente decreciente, los trabajadores estacionales o de temporada han estado creciendo en términos absolutos y relativos.

Entre los permanentes, para un conjunto variado de producciones agrícolas y ganaderas se destaca un grupo de trabajadores con algún nivel de calificación, que ocupan puestos de cierta jerarquía en la estructura ocupacional y que se ubican en las capas más altas de la escala salarial. Aquí se incluyen desde operadores de maquinaria hasta tamberos, pasando por encargados de establecimientos o trabajadores especializados en tareas u oficios de la agricultura.

Para los trabajadores estacionales, la situación es diferente. En principio, su tradicional identificación con el personal ocupado en tareas de cosecha se ha visto ampliada ya que han pasado a ocuparse en otras tareas como consecuencia de estrategias empresarias tendientes a lograr un mejor ajuste entre demanda y oferta de trabajo. Esto ha sucedido tanto en actividades ganaderas como agrícolas, y ha llevado a un incremento en la inestabilidad del empleo que pasa a afectar la inserción laboral de estos trabajadores. Las bajas remuneraciones, el desempleo estacional (que a veces es resuelto con la rotación entre ocupaciones agrícolas y no agrícolas) y el “trabajo en negro” son características corrientes de este segmento.

Un fenómeno con antecedentes históricos pero que ha tenido recientemente una gran difusión, ha sido el de la subcontratación, tercerización o intermediación laboral de personal empleado para tareas de duración variable. En las provincias pampeanas para los cereales y oleaginosas la utilización de “contratistas de maquinarias” –que en algunos casos llegan a ser grandes empresas de servicios– ha experimentado una significativa difusión en establecimientos de distinta escala.

En producciones como la vid, el limón o los frutales en general, las (pseudo)cooperativas de trabajo, las agencias de colocación de personal temporario o los tradicionales “cuadrilleros” son figuras frecuentes que intervienen en la contratación de trabajadores temporarios principalmente para grandes empresas. Además, en estos últimos, la protección laboral es ciertamente ambigua y, en el mejor de los casos, parcial en cuanto a la gama de beneficios que le garantizan al trabajador.

La modificación a la legislación vigente mejoraría la situación laboral, social y previsional de 1.300.000 trabajadores rurales, limitando las jornadas laborales a 8 horas diarias y 44 horas semanales, y estableciendo como piso salarial el Salario Mínimo Vital y Móvil, que actualmente rige ya para todos los demás sectores económicos. De esta manera, el Gobierno avanzaría en una reducción de la precariedad y la desprotección que actualmente detenta el sector, creando mayor empleo y de mejor calidad, profundizando el proyecto nacional.



Fuentes: Neiman / Osuna