Macri o la teoría de la confusión de poderes

Tiene razón Mauricio Macri cuando piensa que el asunto de las escuchas puede terminar en un show; primero, solicitó su propio juicio político y luego desandando los tiempos y con los votos insuficientes, sus legisladores promueven la construcción de la Comisión Investigadora en la legislatura porteña. Cambios de escenarios para generar una especie de impronta vinculante ante el Poder Judicial.

Suele atribuirse a Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu, la teoría de la separación de poderes que significa la organización de un Estado dividido en tres poderes con funciones separadas: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

El trámite de la causa penal en la cual Sergio Burstein querella a Mauricio Macri brindó la oportunidad de conocer una concepción más reciente de aquel principio.

Todo lo que aquí se escribe es público, tiene reflejo en versiones taquigráficas de sesiones de la Legislatura porteña, resoluciones judiciales, ha sido difundido en sitios de Internet por el propio Mauricio Macri y conocido por su difusión en prensa.

La primera señal que hemos tenido de la revisada teoría fue conocida al ser elegido Jorge Alberto Palacios como primer jefe de la Policía Metropolitana y oponerse Sergio Burstein a su designación, invocando el trámite de una querella contra Palacios por considerarlo sospechoso de haber participado en el encubrimiento del atentado a la sede de la AMIA. En aquella ocasión, Mauricio Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad (Poder Ejecutivo), le encomendó a Guillermo Montenegro (Ministro de Seguridad y Justicia que depende de Mauricio Macri) que analice el expediente en el cual era y sigue siendo imputado Palacios. Cumplida la orden, la conclusión del Poder Ejecutivo de la Ciudad (la transmitió el jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, ante la Legislatura) consistió en que la imputación contra Palacios no era impeditiva de su nombramiento.

En palabras de Macri, Jorge Palacios estaba mal imputado en la querella de una persona (Sergio Burstein) perteneciente a un grupo radicalizado, que hizo una denuncia falsa y respondía a intereses políticos. Así, el Poder Ejecutivo de la Ciudad se arrogó el conocimiento de una causa de la justicia federal.

Se descubre entonces el primer antecedente de la renovada teoría que podríamos bautizar de confusión de poderes.

A los fanáticos del Baron de Montesquieu resta contarles que el juzgado federal competente en el asunto dictó el procesamiento de Palacios dando crédito a la querella de Burstein, resolución luego confirmada por la Cámara Federal.

En los últimos días ha tomado estado público un nuevo intento por consagrar la teoría de la confusión de los poderes de Mauricio Macri. Sergio Burstein, escuchado ilegalmente por una organización criminal de la cual Mauricio Macri es considerado uno de sus integrantes, impulsó el procesamiento del jefe de Gobierno, que fue dictado por el Juzgado Federal Nº 7. Luego, solicitó su confirmación ante la Sala Primera de la Cámara Federal, pretensión que también fue aceptada por el Poder Judicial de la Nación.

Resulta que Macri, con posterioridad al fallo, ha arrojado infundadas sospechas contra tres camaristas que para serlo han pasado por un concurso de oposición y antecedentes, fueron ternados por el Consejo de la Magistratura de la Nación, seleccionados por el Poder Ejecutivo de la Nación y recibido acuerdo de parte del Senado de la Nación. Macri nunca recusó a los integrantes de la Sala Primera de la Cámara Federal que ahora cuestiona simplemente por haber fallado en su contra.

En cambio, los difamó públicamente en una conferencia de prensa. La respuesta institucional vino de parte de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, que afirmó que “el estado de derecho y el orden republicano requieren que no se propicien linchamientos mediáticos, estableciendo los mecanismos por medio de los cuales se deben analizar y juzgar las eventuales inconductas, sancionándolas sólo si son adecuadamente comprobadas”. Sobre la adecuada comprobación de la denuncia mediática de Mauricio Macri, debe relevarse que ninguna prueba que respalde sus dichos aportó el jefe de Gobierno sobre irregularidad alguna vinculada al pronunciamiento de la cámara federal.

Luego de ello, Macri decidió ser juzgado por sus propios legisladores, por lo cual, llamativamente, quien lo sucedería en caso de ser destituido (el vicepresidente 1º de la Legislatura, Oscar Moscariello, puesto que la Ciudad ha quedado sin vicejefa de Gobierno por la renuncia de Gabriela Michetti) ha presentado un proyecto para someter a juicio político a Mauricio Macri por “alguna de las causales” (así es dicho en el proyecto de resolución presentado ante la Legislatura) previstas por la Constitución de la Ciudad, que bien puede ser interpretado como un pedido de juicio político basado en ninguna causal en concreto. En realidad, el objeto del juicio político se define por su vinculación con los hechos que son objeto de investigación en la justicia federal (art. 1º del proyecto).

Pasado en limpio, en tanto el jefe de Gobierno cuenta con los votos suficientes para impedir a la Legislatura llegar a los dos tercios necesarios para votar su destitución, ordena la promoción de su propio juicio político para generar una decisión del Poder Legislativo de la Ciudad que compita con fallos dictados por el Poder Judicial de la Nación.

No debe perderse de vista que el legislador que promueve el juicio político por los hechos que son objeto de una investigación judicial ha participado en la misma conferencia de prensa en la cual el fallo de la cámara federal ha sido descalificado. Es decir, quien promueve el juicio político de Mauricio Macri a la vez ha fijado su posición a favor de su rechazo.

Lo cierto es que más allá del intento de imponer la teoría de la confusión de los poderes, la causa penal seguirá su trámite camino al juicio oral, cuyo inicio no dependerá de los caprichos de Macri (manifestó quererlo dentro de las próximas semanas) sino de la previa clausura de la instrucción que tiene pendiente un importante tramo de investigación señalado por la cámara federal en la misma resolución que confirmó el procesamiento del jefe de Gobierno.

Pese a todos los intentos de Macri, conforme al programa constitucional vigente de organización de los poderes del Estado, seguirá siendo el Poder Judicial de la Nación el escenario en el cual se establecerá su culpabilidad o inocencia.

Nos vemos,



Textos: Hernán Del Gaizo, abogado del querellante Sergio Burstein en la causa del espionaje.