82% ¿soplar y hacer botellas?

Lozano y otros tiraban números para demostrar que el financiamiento del 82% móvil es posible. En rigor, la preocupación está en demostrar que el gobierno tiene fondos suficientes como para alcanzar ese número maravilloso.

En el Club nos ocupamos del tema, como tantos otros compañeros de la bloguería nacional y popular; sin embargo, pese al facilonguismo de Lozano's, nos parece que no es tan fácil hacer números y que es necesario volver a las fuentes del sistema jubilatorio.

Los sistemas de seguridad social de reparto, como el argentino, se basan en un precepto simple: la solidaridad intergeneracional entre trabajadores. Aquellos que están en actividad mantienen con sus aportes a los que se encuentran retirados. Sin embargo, estos sistemas se encuentran amenazados por dos fenómenos.

El primero, esta asociado al mercado laboral. La persistencia de la alta desocupación y el empleo precario en cualquier sociedad deriva en el desfinanciamiento del sistema; puesto que los recursos que ingresan no son suficientes para hacer frente a los gastos demandados por el pago de las jubilaciones. La problemática de la desocupación puede ser relativamente temporal y, ante cambios en los modelos de crecimiento y desarrollo económico, puede revertirse –como sucedió en la Argentina post-2001.

El segundo es permanente e inapelable: el envejecimiento poblacional. Es sabido que la esperanza de vida viene experimentado un sostenido crecimiento gracias a los avances en la medicina, la mejora en la calidad de vida, el acceso al sistema de salud y al agua potable, entre muchos otros factores. Este fenómeno provoca un aumento del tiempo durante el cual una persona percibe haberes estando retirada. A su vez, este proceso ha sido acompañado con una reducción en la tasa de natalidad.

En todo el mundo, pero sobre todo en los países desarrollados, cada vez hay mayor cantidad de ancianos y menos jóvenes que aporten al sistema. Ésta es una tendencia al agravamiento en las próximas décadas. Por ejemplo, a principios del siglo XXI, España tuvo que salvar la sustentabilidad de su seguridad social con la legalización de los inmigrantes sin papeles y convertirlos en aportantes del sistema. Aquellas migraciones (tantas veces perseguidas, discriminadas y estigmatizadas) vinieron a solucionar la baja tasa de natalidad.

Cómo financiar la seguridad social –e incluso si hay que financiarla– es un debate que se viene dando desde hace años en el mundo, pero sobre todo en Europa, y ha tomado mayor impulso a partir de la crisis económica mundial que está golpeando al viejo continente.

En Argentina, desde el 2003 hasta la actualidad los jubilados y pensionados han pasado de 3 millones a 5,5 millones; sin embargo, la explicación de este crecimiento no hay que buscarlo en el envejecimiento poblacional, sino en las distintas políticas de inclusión que volvieron a dar cobertura social a los que habían quedado excluidos en los noventa. Ante este crecimiento, la sostenibilidad del sistema de seguridad social fue posible por la gran capacidad de creación de empleo registrado que tuvo el modelo económico. Lo que implicó un aumento de 5 millones a 8,4 millones de aportantes al sistema. A pesar de ello, la cantidad de contribuyentes activos por jubilado se redujo de 2,15 en el 2003 a 1,52 en diciembre de 2009, y del total de recursos de la Anses, poco menos del 60% proviene de aportes de los trabajadores activos, el resto tiene su origen en recursos tributarios y contribuciones figurativas.

Puede observarse, entonces, que la gestión de la seguridad social es compleja y delicada, y cómo financiar el sistema es una discusión que aún esta pendiente.

Llevar las jubilaciones al 82% del salario mínino, vital y móvil -como dijimos- sería un acto de justicia, además de una buena medida económica y distributiva. Sin embargo, medidas como éstas no pueden ser planteadas escindidas de los recursos que las sustentarían.

No hay gobierno que haya hecho tanto por los jubilados como éste: aumento de las jubilaciones de un 500%, el ajuste automático dos veces al año, la recuperación de los fondos de las Afjp y la posibilidad de acceder a este derecho de dos millones de personas que estaban excluidas. No faltarán los jubilados que reconozcan en esto una chicana opositora contra el gobierno que mayores incrementos les concedió, luego de más de una década de congelamiento de la cual son responsables los peronistas que apoyaron al menemismo y los radicales que comulgaron con Fernando de la Rúa. Algunos de los legisladores que impulsan ahora el ajuste jubilatorio parecen haber perdido la memoria, ya que apoyaron al gobierno de la Alianza que redujo las jubilaciones en 13% en términos concretos.

En este sentido, sólo parecen libres de culpa los integrantes de los bloques de centroizquierda que nunca gobernaron y que siempre acompañaron los reclamos de los jubilados, desde la época en que Norma Plá hizo llorar a Domingo Cavallo. Por entonces, cada miércoles los jubilados cortaban la Avenida Rivadavia reclamando de viva voz que sus haberes mínimos fueran elevados a “cuatro cincuenta”.

Lamentablemente, declaraciones como las de Gerardo Morales que referencian a la Anses como una “cajita feliz” o el proyecto de Giustiniani de quitarle recursos a esa entidad o las intenciones de algunos legisladores de financiar el aumento con los recursos del Fondo de Garantía del Anses, bastardean la discusión y no contribuyen a darle densidad a un debate que debe ser serio y cuidadoso. Debate que los jubilados necesitan con urgencia.

No se puede buscar el desfinanciamiento de la Anses y al mismo tiempo pretender que la Anses aumente sus erogaciones. Hay que sentarse y discutir en profundidad la política tributaria en general. Estas son discusiones de fondo y por lo tanto las banderas partidarías deben dejarse de lado. Vamos a discutir la forma de llegar al 82%, vamos a ver qué dice el PRO de los aumentos al aporte patronal.

Nos vemos,



Contribuciones: Ariel Lieutier, Alberto Dearriba, Héctor Recalde