Más allá de la polvareda

La discusión sobre el alza de los precios ha ganado la coyuntura política y económica. Sobre las explicaciones del actual proceso inflacionario, se percibe a los economistas del establishment sin lograr un consenso básico. Mencionan explicaciones monetaristas, de atraso cambiario, de excesivo gasto público y, más recientemente, asumen que quizás se trate de un problema de expectativas.

Esos economistas, no ofrecen otras salidas para el problema inflacionario por fuera de las fórmulas recesivas y de enfriamiento de la economía, sacrificando, en mayor o menor grado, el crecimiento del conjunto. Por este motivo, los controles de precios de Moreno, con toda su “tosquedad” e innegables efectos sobre lo concreto se muestran como el “mal menor” frente a la sorprendente falta de ideas del establishment, que repitiendo consignas remiten al abismo oscuro y ya conocido del pasado reciente argentino.

En la actualidad, con un mundo que se derrumba, la lección argentina desde el período iniciado en 2003 es que, en condiciones de alta pobreza, el crecimiento y el desarrollo deben y pueden hacerse a tasas de inflación “moderada”. La discusión –fuertemente política– es qué se entiende por “moderada”. Si un piso de 15 por ciento y un techo de 25 por ciento son “moderados” o “excesivos”. Aquí es donde hace su entrada el aspecto netamente político del problema.

Si bien el proceso inflacionario tomado en abstracto es regresivo –por el deterioro del poder adquisitivo–, no resulta admisible para explicar las tasas actuales de pobreza, donde el factor empleo informal posee la mayor importancia. En un artículo reciente, el Premio Nobel de Economía Paul Krugman advierte, en referencia al caso estadounidense, que hay que cuidarse de los “profetas de la inflación” que, blandiendo el fantasma alcista, pretenden mantener y profundizar, vía enfriamiento, las altas tasas de desempleo que posee la “gélida” economía del Norte.

El principal problema de la economía argentina no parece ser el crecimiento excesivo. Sí, en cambio, la enorme cantidad de evasión y de fuga interna, dados los altos márgenes de informalidad, que alimentan el círculo vicioso de la desinversión y presionan al conjunto hacia la dinámica de un patrón redistributivo regresivo. Medidas como la asignación universal –que ha demostrado tener un fuerte impacto sobre la reducción de la pobreza– ayudan sobre los efectos, pero no resuelven una de las patas estructurales del subdesarrollo nacional, que es la anteriormente mencionada informalidad.

Hacer sostenible el modelo, y su proyección a mediano y largo plazo, depende en gran medida de comenzar a establecer sus pilares en agentes económicos sólidos. El asalariado formal es un ejemplo puntual. Siguiendo el camino de blanquear progresivamente la economía se contribuye a dar una base fiscal sólida de sustentación basada en recursos internos, sin contar para la construcción de la solidez, el importante –pero históricamente volátil– frente externo.

Visto en perspectiva histórica, y desde un punto de vista político- social, parecería que la economía se encamina hacia un régimen de inflación con movilización social. Proceso similar a los tiempos vividos durante los años ’60 con “puja distributiva” como una constante conflictual, que pasa a ser estructural e inherente al modelo, sólo que esta vez, afortunadamente y más allá de lo que deseen ciertos analistas del establishment, una ruptura institucional no se muestra en el horizonte. Durante el proceso del desarrollismo hasta el golpe militar del ’76, se creció con una inflación promedio anual de 30 por ciento, sin representar un problema en sí mismo, por lo menos hasta la llegada del “stop” a mediados de los ’70, con la abrupta apreciación cambiaria y el quiebre del flanco externo, iniciando el camino de la desindustrialización.

Como señaló Aldo Ferrer, sin la restricción externa, es decir, manteniendo las exportaciones en alza permanente y con las importaciones bajo control, el modelo actual no presenta peligros mayores. Con respecto al futuro inmediato, las actuales proyecciones de crecimiento para 2010 indican un piso de 6 por ciento. Si a ese efecto general “de derrame”, se suma una actualización de la asignación universal, es posible llegar a diciembre de 2010 con los mejores indicadores de pobreza e indigencia desde la recuperación democrática.

La batalla contra la inflación sólo podrá ser dada satisfactoriamente en el campo de la política: accionando sobre la informalidad, sumado al camino de la transferencia directa de ingresos con la asignación universal, y el fomento del ahorro interno con objetivos de inversión productiva y desendeudamiento. En esta perspectiva, el problema inflacionario con su consecuencia directa sobre la pobreza y la desigualdad puede dejar de serlo más pronto que tarde.

Nos vemos,



Contribución de Gonzalo Flores Kemec