Consenso para el desarrollo: identidades

El Cardenal Jorge Bergoglio presentó un Contrato Social para el Desarrollo, elaborado por el ex ministro Roberto Dromi, con la colaboración de los ex ministros Armando Caro Figueroa, Andrés Delich, Roque Fernández, Horacio Jaunarena y Jorge Vanossi y la coordinación del vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad del Salvador, Fernando Lucero Schmidt que propone entre otras cosas "Brindar las garantías básicas para la inversión eliminando todas las distorsiones y financiando un nivel de gasto consistente con las posibilidades de recaudación; Instalar el Impuesto a la Renta Financiera, para favorecer un tratamiento equitativo empresario entre capital propio y capital prestado y eliminar el llamado impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones".

Para calibrar en su justo valor el documento presentado por Bergoglio, es conveniente un somero repaso de la actuación pública de quienes lo firman como autores, comenzando por su inspirador.

Roberto Dromi, intendente de Mendoza durante la dictadura militar. Ministro de Obras y Servicios Públicos con Carlos Menem. Fue autor de las leyes de emergencia que desregularon servicios, permitieron el desguace a precio vil del capital social acumulado por generaciones de argentinos en las empresas públicas y suspendieron derechos sociales, durante el gobierno civil más corrupto de la historia argentina. En una sesión secreta en comisiones del Congreso fundamentó su programa de privatizaciones aceleradas con el argumento de que el país estaba de rodillas ante sus acreedores. Junto con Juan Carlos Cassagne y Rodolfo Barra integró la trinidad de administrativistas que concibió los instrumentos maestros para el pase de la etapa de la valorización financiera y la fuga de capitales a la de las superganancias mediante la participación en las privatizaciones y la emisión de nueva deuda externa, que sería una vez más estatizada, durante el provechoso interinato de Duhalde. En la reforma constitucional de 1994 incluyó garantías de que los negocios efectuados en esos años no serían revisados. Retirado del ministerio, Menem lo designó asesor presidencial. Al mismo tiempo actuó como asesor del consorcio Eriday, integrado por Impreghilo-Dumez, que reclamó más de mil millones de dólares que se le adeudaría por la construcción de Yacyretá y se ofreció a cobrarlos administrando la represa. En 1996, quiso fusionar los superfluos ministerios/Cenicienta de Educación y de Trabajo y crear uno de Seguridad, con énfasis en las medidas de control social por las fuerzas de seguridad y, de ser necesario, militares.

Horacio Jaunarena, Ministro de Defensa de Alfonsín, De la Rúa y Duhalde. En su primer mandato fue autor de las leyes de punto final y obediencia debida. En el segundo intentó fusionar la Armada y la Prefectura, borrando la división entre Defensa Nacional y Seguridad Interior. Ya con Duhalde elaboró un proyecto en el mismo sentido, que creaba una pirámide verdeazul, en la que policías y militares formaban parte de un único sistema. Colaboró en su preparación el entonces Jefe de Estado Mayor del Ejército, general Roberto Brinzoni. Fue presentado en la Escuela de Dromi y no prosperó por la oposición del ministro de Justicia, Juan José Alvarez, quien amenazó a Duhalde con su renuncia.

Armando Caro Figueroa fue asesor de Alfonsín, ministro de Trabajo de Menem-Cavallo y vicejefe de gabinete de De la Rúa. Fue autor de los planes de flexibilización laboral que condujeron a un crecimiento explosivo del trabajo informal. Durante su gestión se privatizó el sistema jubilatorio, convertido en un negocio financiero para los bancos. En 1999 fue candidato a la vicepresidencia en fórmula con Cavallo.

Roque Fernández Presidente del Banco Central entre 1991 y 1996 y Ministro de Economía desde entonces y hasta la conclusión del gobierno de Menem. Corresponsable de la política económica de entonces.

Jorge Vanossi, jurista de la UCR, fue ministro de Justicia de Duhalde, emigró luego al macrismo y ahora volvió a recalar en el radicalismo. Participó en la escalada represiva que culminó con los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Dario Santillán, con acusaciones de sedición a quienes cortaban calles. Luego de los asesinatos invocó la ley de defensa de la democracia en una denuncia presentada ante la Procuración General, según la cual los piqueteros intentaban tomar el poder. El entonces secretario de la SIDE, Carlos Soria, dijo que había recolectado inteligencia sobre esas organizaciones sociales a pedido de Vanossi, quien lo negó.

Fernando Lucero Schmidt, es uno de los directivos de la Universidad del Salvador que aseguran la conducción de Bergoglio en esa institución. También es profesor en la Escuela de Dromi. En 2006 creó la Fundación Pescar Argentina, destinada a la capacitación de jóvenes en “la cultura del trabajo”, auspiciada, entre otros, por el banco Santander, La Caja, Celulosa, Coca Cola, Makro, Telecom, Nidera, USAL, Dow, Nokia, Fundesa, Walmart y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Nos vemos,



Fuentes: Musgrave - Finanzas Públicas / Horacio Verbitsky - Página

Comentarios