Si tenemos en cuenta que una de las estrategias de negocios de las empresas mediáticas es el sensacionalismo o dramatismo en las historias, se crea un sistema de valores falsos que son sostenidos por estudios de mercado y lanzados como "lo que interesa al público", que no es lo mismo que "el interés público". El hecho es que si los medios de comunicación no fomentan los valores democráticos y enriquecen la cultura cívica, el negocio que representan no es compatible con los propósitos democráticos. Es más, el sensacionalismo ha probado ser mitigante de dichos valores, en especial cuando se asocia la protesta social con la delincuencia o los reclamos por falta de seguridad justificando la justicia por mano propia, entre otros ejemplos cotidianos.El rol del periodismo en las sociedades democráticas es sumamente importante y la libertad de expresión es un logro que en el país ha costado la sangre de muchos como para que en la actualidad haya sospechas sobre su extensión y consenso. Y pese a lo condenatorio que resulten los agravios personales, la opinión pública no debe dejar de exigir a los periodistas el ejercicio de una profesión responsable, permitiendo a sus interlocutores tener diferentes herramientas para sacar conclusiones propias sin imposiciones o restricciones de ningún tipo.
Todo sistema democrático requiere como garantía de funcionamiento una cultura cívica sólida interesada por los asuntos públicos. Sin embargo, la realidad construida por los medios muchas veces distorsiona ese interés por lo público y las necesidades cívicas de quienes reciben y consumen esa construcción de la realidad. Al mismo tiempo, la propia lógica del mercado que ha imperado en los medios hasta hoy ha concentrado las opiniones y las diferentes formas de expresión en grandes monopolios, que asumieron como "natural" la función de ser jueces para decidir arbitrariamente qué está bien o mal.
De esta manera, ya lejos de ser un nexo entre la sociedad y el Estado, o desempeñarse como supervisores del poder político, parecen ser entidades con una prepotencia económica suficiente para decidir sobre los intereses políticos y económicos en disputa, sin la responsabilidad social que exige de ellos la democracia. Así es como los medios se constituyen en una fuerza capaz de intervenir políticamente de acuerdo a su conveniencia. La posibilidad que brinda la nueva ley, pues, apunta a fomentar en la sociedad civil una masa crítica capaz de anteponer sus propias necesidades y demandas frente a la información y contenidos de los medios, para de esta forma volcar los esquemas mediáticos actuales a favor de la democracia y ser capitalizados de manera útil por la sociedad.
El desafío que se plantea entonces consiste en modificar la experiencia y la estructura de medios actual y redireccionarla. Resulta evidente que no se trata de una tarea sencilla luego de años de concebir la información como mercancía de lujo de algunos monopolios con capacidad para imponernos lo que tenemos que saber y posicionar los temas sobre los cuales construir el debate. A diferencia de la ley vigente, que contempla sólo la explotación comercial y posibilita que el universo audiovisual sea cooptado simplemente por grupos con fines lucrativos, la nueva ley permite el acceso a las licencias de organismos sin canales de expresión hasta el momento, que democratizará a los medios y permitirá más y mejores lecturas de la realidad.
Nos vemos,
Sobre textos de Arturo Trinelli
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