7 de mayo de 2010

España, al filo de la navaja


Paul Krugman termina la reflexión que publicamos ayer diciendo: "Cuando se unieron al euro, los gobiernos de Grecia, Portugal y España se negaron a sí mismos la posibilidad de hacer algunas cosas malas, como imprimir demasiado papel moneda; pero también se privaron de la capacidad de responder con flexibilidad ante los acontecimientos. Y cuando la crisis golpea, los gobiernos tienen que ser capaces de actuar. Eso es lo que olvidaron los arquitectos del euro, y lo que el resto de nosotros tenemos que recordar."

El parlamento griego aprueba un severo plan de ajuste; España, mientras tanto con su deuda pública ha vuelto a situarse en zona de grave riesgo. La crisis de la deuda pública griega ha arrastrado a aquellos países de la Zona Euro en los que el mercado financiero tiene una menor confianza. España todavía está muy lejos de la prima de riesgo que los inversores internacionales asignan a Grecia, más de 600 puntos básicos, e incluso se ha visto menos afectada que otros países como Portugal, cuyo diferencial con el bono alemán se sitúa en 200 puntos básicos. Pero al haber superado la barrera de los 100 puntos básicos, la deuda pública española se aleja en su valoración de la de los países centrales de la Zona Euro y supera en riesgo a países de alto endeudamiento como Italia o Bélgica.

Las medidas adoptadas no han sido ni son suficientes. Estamos ante una emergencia fiscal dice Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la patronal CEOE - Confederación Española de Organizaciones Empresariales, y esta es su reflexión:

En poco más de dos años, España ha dejado de ser uno de los alumnos más aventajados de la Zona Euro. La pérdida de confianza en la deuda pública española no tiene su base en el endeudamiento acumulado. De hecho, el esfuerzo presupuestario realizado entre 1997 y 2007 permitió que el volumen de la deuda pública española se situara entre las más bajas de la Zona Euro. La pérdida de confianza tiene su origen en el déficit público. Con el inicio de la crisis, este se descontrola, y España se convierte en el país de la OCDE donde el agujero presupuestario crece más deprisa. Este fuerte y rápido aumento del déficit se explica por un mayor incremento del gasto, como consecuencia de un desempleo que crece más que en el resto de la UE, y unos menores ingresos ante el derrumbe del sector inmobiliario y del consumo.

Pero el mercado no castiga sólo el crecimiento del déficit en 2008 y 2009. La mayoría de los países, para hacer frente a la crisis, han incurrido en fuertes desfases durante estos dos años, aunque bien es cierto que no con la magnitud de España. Lo que verdaderamente está penalizando el mercado son las dificultades de reducción de este déficit público en un plazo razonable. A los inversores internacionales les surgen dudas sobre la sostenibilidad de la deuda pública española.

Hasta ahora la actitud del Gobierno y las medidas adoptadas no han sido ni son suficientes. Estamos ante una verdadera emergencia fiscal. Hay que adoptar las medidas adecuadas y dar señales claras e inequívocas de que el ajuste fiscal es prioritario. Además, debemos sanear las cuentas públicas porque comprendemos la necesidad del equilibrio presupuestario para favorecer el crecimiento económico. El ajuste no debe ser sólo una respuesta a la amenaza de los mercados, sino algo de lo que estamos convencidos.

Desde la CEOE creemos que aún tenemos margen, que aún estamos a tiempo. Es preciso dar a conocer a la opinión pública la gravedad de la situación. Los españoles deben conocer que en estos momentos la Hacienda Pública necesita una profunda reforma, y que si no la llevamos a cabo, antes o después podemos caer en una crisis de deuda.


En las próximas semanas, los empresarios vamos a hacer propuestas que creemos pueden contribuir a solucionar este problema. Sabemos que la solución debe venir primordialmente por la reducción del gasto y no a través de la subida de impuestos. La experiencia de todos los países muestra cómo los ajustes fiscales sólo tienen éxito cuando se realizan a través del gasto, especialmente del corriente, ya que las subidas de impuestos reducen la actividad, comprometen la recuperación y dificultan la salida de la crisis.


La sociedad española debe decidir cuáles son sus políticas prioritarias y recortar en los programas más secundarios. Los precios deben reflejar mejor el verdadero coste de las cosas, y así poder ajustar mejor los escasos recursos existentes. En los programas prioritarios se deben mejorar la eficiencia del gasto, elevando la productividad de la Administración pública, y debemos reordenar un sector público que ha crecido desmesuradamente en los últimos años. El presupuesto debe recortarse lo menos posible en aquellas partidas que elevan la productividad y la capacidad de crecimiento, y simultáneamente se debe mantener la red básica de protección para los sectores sociales más vulnerables.


Muy probablemente no recuperemos plenamente los niveles de ingresos que teníamos antes de la crisis. En buena parte, los ingresos públicos estaban inflados por los propios desequilibrios que presentaba la economía española. El crecimiento extraordinario del sector inmobiliario y el inmenso déficit por cuenta corriente provocaban una recaudación artificialmente elevada. La crisis ha provocado una reducción permanente de los ingresos públicos respecto a la recaudación que teníamos en 2007.


Por otro lado, el importantísimo crecimiento del desempleo y de la deuda pública incrementa de forma estructural los gastos del sector público. La combinación de una caída estructural de los ingresos y de un crecimiento, también estructural, del gasto lleva a un déficit permanente, que es el que están detectando los mercados financieros.


Por ello, el ajuste presupuestario no sólo precisa de un inmediato recorte del gasto, sino que se hace a su vez imprescindible un conjunto de reformas estructurales que eleven el potencial de crecimiento de la economía española. Con una tasa de paro del 20%, que no se espera que se reduzca de forma sustancial en los próximos años, es imposible corregir las cuentas públicas. La reforma laboral es una magnífica oportunidad de cambiar esta situación. Esta favorecerá que se necesite menos crecimiento para crear empleo y que con el mismo crecimiento se creen más puestos de trabajo. Junto con la reforma laboral se precisa un amplio conjunto de reformas en la educación, en las administraciones públicas, en la justicia, etcétera, que permitan ayudar a mejorar la productividad y la competitividad de la economía española. También es necesario dar un impulso a la gestión privada de los servicios públicos. La gestión privada ahorra costes a igualdad de servicios.
En definitiva, sólo mediante la combinación de un importante programa de ajuste del sector público y unas reformas estructurales en profundidad que faciliten el crecimiento y la creación de empleo se puede revertir la delicada situación de la Hacienda Pública. No actuar de forma inmediata es permanecer en el filo de la navaja.


Argentina 1990, todo un ejemplo; las experiencias no se trasmiten.

Nos vemos.

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