Los fallos reparatorios de la justicia
Con razón, Hebe de Bonafini se enorgulleció en su discurso ante la multitud que repudió el golpe del 24 de marzo de 1976 por vivir en una Nación que –aunque no haya juzgado con celeridad - tampoco consagró la impunidad total de los represores. La enérgica Madre de Plaza de Mayo agradeció a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández por empujar las causas contra los militares genocidas. Bonafini hablaba frente a una multitud que mayoritariamente apoya al kirchnerismo, pero también ante miles de izquierdistas que vibraron con el triunfo del Frente Amplio en el Uruguay, pero no se los movió un pelo con la victoria electoral de Kirchner en 2003, ni con la de Cristina en 2007. Se conmovieron con la llegada al gobierno de un líder obrero marxista en Brasil, pero siempre desconfiaron del devaluado reformismo de los peronistas. Sin embargo, en materia de derechos humanos –como en política exterior- los gobiernos kirchneristas tuvieron una impronta de cambio mayor que las exhibidas hasta ahora por algunos gobiernos de la nueva izquierda latinoamericana.
Pero eso no indica que la evolución de la sociedad argentina haya acompañado al gobierno en esa marcha. Si bien no se conocen encuestas importantes sobre el pensamiento mayoritario en la materia, la propuesta de Duhalde –un dirigente con fama de vivir al ritmo de las encuestas- no parece casual. El ex presidente, también peronista, no hubiera hecho obviamente nada porque las causas avanzaran. Junto a su esposa Chiche, son los más claros exponentes de posiciones reaccionarias desde el mundo político en materia de derechos humanos.
Ni siquiera los líderes de partidos más conservadores, como Mauricio Macri, se atreven a abjurar públicamente de la justicia. El jefe de gobierno porteño conoce el valor del silencio en estos temas porque tuvo que echar a la hoguera a su efímero Ministro de Educación, Abel Posee, por haberse ido de boca. Pero Duhalde se anima en cambio a proponer el plebiscito, en sintonía con lo que plantean algunas defensores de los represores desde hace al menos un lustro. Confían en que son más los que quieren impunidad que justicia. Cómo eran más los que repetían “por algo será”. Se montan en la natural necesidad de “mirar hacia adelante” que hasta aparece en los propios sostenedores de la cuestión de los derechos humanos. “Sueño con no tener que venir más a esta Plaza a reclamar justicia para los que mataron a mis compañeros”, confesó un ex militante que ya pasó los 65 años. Pero sólo con justicia se podrá “mirar hacia adelante” sin el remordimiento del pasado.
Es curioso además que los mismos que proponen olvidar un genocidio, exijan mano dura para los ejecutores de la microviolencia cotidiana. Muchos votarían en favor de la pena de muerte de los criminales actuales, pero quieren exculpar a quienes cometieron un genocidio. No es ocioso recordar además que esa criminalidad creció en forma paralela a la exclusión social provocada por la política neoliberal, lo cual devuelve la mirada hacia los civiles que se enriquecieron con la dictadura militar. No parece efectivo desligar un recuerdo del otro: la matanza de militantes populares fue la precondición para poder avanzar en el cambio de una matriz de producción por otra de especulación financiera.
El establishment que orientaba la acción directa de los militares, necesitaba 30 mil desaparecidos para poder disciplinar a la clase trabajadora, endeudar al país hasta el extremo, desmontar el estado benefactor, desregular la economía y profundizar la desigualdad social. No lo hubieran conseguido sin haber aterrorizado a la sociedad.
Los militares se retiraron a sus cuarteles en 1983 tras haber arrasado la economía, perdido una guerra absurda y provocado una herida social que seguirá sangrando hasta que haya justicia. Pero le dejaron a la democracia un presente griego que aún funciona: la deuda externa. Los gobiernos kirchneristas decidieron pagar la hipoteca con descuento e iniciaron paralelamente el desmonte de la matriz económica heredada para reponer el modelo de substitución de importaciones y desarrollo industrial.
Después de años que la cuestión de la deuda quedó relegada en la agenda política, volvió a estallar ahora al cumplirse el segundo año de la gestión de Cristina Fernández. El intento de pagar deuda con reservas desató la reacción de los mismos que pagaron hasta el cansancio y del modo que pudieron, de los que se fueron dejando en el Banco Central un exiguo nivel de reservas, de los que agigantaron la deuda en acciones que la justicia investiga morosamente y de quién anunció el default con una sonrisa impropia de la admisión de una imposibilidad de pago.
La acción del Gobierno es trabada hoy por magistrados de una justicia que vio impávida como se vendían las joyas de la abuela, o por los herederos de gobiernos que hicieron lo que quisieron mediante decretazos. Los mismos que institucionalizaron los plumazo del Ejecutivo –que fueron limitados por ley recién durante el gobierno de Cristina Fernández- dicen ahora que no es legal pagar deuda con reservas mediante un decreto.
Después de la Semana Santa se reiniciará un debate en el que el gobierno no puede permitir que la crítica de las formas lo empuje a lo que quieren muchos opositores: que vuelva a pagar con la calidad de vida de los argentinos. Pero tampoco ceder a la tentación de retornar como mendigo a los mostradores internacionales para volver a endeudar indebidamente a la Nación.
Los fallos reparatorios de la Justicia servirán para que la sociedad pueda mirar hacia adelante y cerrar heridas. Pero un futuro distinto para el país, necesita además profundizar una política económica que reduzca la desigualdad social, genere igualdad de oportunidades, distribuya equitativamente el conocimiento y no cometa el suicidio del pasado.
Nos vemos
Con textos de Alberto Dearriba
Pero eso no indica que la evolución de la sociedad argentina haya acompañado al gobierno en esa marcha. Si bien no se conocen encuestas importantes sobre el pensamiento mayoritario en la materia, la propuesta de Duhalde –un dirigente con fama de vivir al ritmo de las encuestas- no parece casual. El ex presidente, también peronista, no hubiera hecho obviamente nada porque las causas avanzaran. Junto a su esposa Chiche, son los más claros exponentes de posiciones reaccionarias desde el mundo político en materia de derechos humanos.
Ni siquiera los líderes de partidos más conservadores, como Mauricio Macri, se atreven a abjurar públicamente de la justicia. El jefe de gobierno porteño conoce el valor del silencio en estos temas porque tuvo que echar a la hoguera a su efímero Ministro de Educación, Abel Posee, por haberse ido de boca. Pero Duhalde se anima en cambio a proponer el plebiscito, en sintonía con lo que plantean algunas defensores de los represores desde hace al menos un lustro. Confían en que son más los que quieren impunidad que justicia. Cómo eran más los que repetían “por algo será”. Se montan en la natural necesidad de “mirar hacia adelante” que hasta aparece en los propios sostenedores de la cuestión de los derechos humanos. “Sueño con no tener que venir más a esta Plaza a reclamar justicia para los que mataron a mis compañeros”, confesó un ex militante que ya pasó los 65 años. Pero sólo con justicia se podrá “mirar hacia adelante” sin el remordimiento del pasado.
Es curioso además que los mismos que proponen olvidar un genocidio, exijan mano dura para los ejecutores de la microviolencia cotidiana. Muchos votarían en favor de la pena de muerte de los criminales actuales, pero quieren exculpar a quienes cometieron un genocidio. No es ocioso recordar además que esa criminalidad creció en forma paralela a la exclusión social provocada por la política neoliberal, lo cual devuelve la mirada hacia los civiles que se enriquecieron con la dictadura militar. No parece efectivo desligar un recuerdo del otro: la matanza de militantes populares fue la precondición para poder avanzar en el cambio de una matriz de producción por otra de especulación financiera.
El establishment que orientaba la acción directa de los militares, necesitaba 30 mil desaparecidos para poder disciplinar a la clase trabajadora, endeudar al país hasta el extremo, desmontar el estado benefactor, desregular la economía y profundizar la desigualdad social. No lo hubieran conseguido sin haber aterrorizado a la sociedad.
Los militares se retiraron a sus cuarteles en 1983 tras haber arrasado la economía, perdido una guerra absurda y provocado una herida social que seguirá sangrando hasta que haya justicia. Pero le dejaron a la democracia un presente griego que aún funciona: la deuda externa. Los gobiernos kirchneristas decidieron pagar la hipoteca con descuento e iniciaron paralelamente el desmonte de la matriz económica heredada para reponer el modelo de substitución de importaciones y desarrollo industrial.
Después de años que la cuestión de la deuda quedó relegada en la agenda política, volvió a estallar ahora al cumplirse el segundo año de la gestión de Cristina Fernández. El intento de pagar deuda con reservas desató la reacción de los mismos que pagaron hasta el cansancio y del modo que pudieron, de los que se fueron dejando en el Banco Central un exiguo nivel de reservas, de los que agigantaron la deuda en acciones que la justicia investiga morosamente y de quién anunció el default con una sonrisa impropia de la admisión de una imposibilidad de pago.
La acción del Gobierno es trabada hoy por magistrados de una justicia que vio impávida como se vendían las joyas de la abuela, o por los herederos de gobiernos que hicieron lo que quisieron mediante decretazos. Los mismos que institucionalizaron los plumazo del Ejecutivo –que fueron limitados por ley recién durante el gobierno de Cristina Fernández- dicen ahora que no es legal pagar deuda con reservas mediante un decreto.
Después de la Semana Santa se reiniciará un debate en el que el gobierno no puede permitir que la crítica de las formas lo empuje a lo que quieren muchos opositores: que vuelva a pagar con la calidad de vida de los argentinos. Pero tampoco ceder a la tentación de retornar como mendigo a los mostradores internacionales para volver a endeudar indebidamente a la Nación.
Los fallos reparatorios de la Justicia servirán para que la sociedad pueda mirar hacia adelante y cerrar heridas. Pero un futuro distinto para el país, necesita además profundizar una política económica que reduzca la desigualdad social, genere igualdad de oportunidades, distribuya equitativamente el conocimiento y no cometa el suicidio del pasado.
Nos vemos
Con textos de Alberto Dearriba
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