Necesidades y urgencias

A casi un mes del decreto de necesidad y urgencia, decidido por el Poder Ejecutivo en relación con el alejamiento de Martín Redrado, la comisión bicameral se expidió sobre un dictamen no vinculante, que lo relevó en la presidencia del Banco Central. En síntesis, un lugar común de consenso del Gobierno y la oposición hicieron posible la decisión política emanada en el DNU de los primeros días de enero de la presidenta Cristina Fernández.

Lo cierto es que el mediático ex presidente de la entidad que rige la política monetaria de la República debió en última instancia abandonar el cargo y admitir –con su renuncia innecesariamente tardía– que en cualquier país del mundo globalizado la política monetaria se articula en consonancia con las directrices en materia económica de sus respectivos gobiernos.

La tan cacareada autonomía de la entidad rectora de la banca será materia de debate y se ubicará como un punto a resolver por los representantes parlamentarios, con proyectos que reformen la Carta Orgánica del Banco Central, subsanando una rémora propia de la más rancia tradición de épocas del neoliberalismo salvaje, en tiempos de los militares y del ministro de Economía Domingo Cavallo.

Cuando se abra la actividad parlamentaria se retomará una discusión olvidada a lo largo de dos largas décadas, por distintos gobiernos, desde la restauración democrática hasta nuestros días. Se trata, nada menos, que del análisis y la conformación de la millonaria deuda externa, principalmente aquella que ha pasado por la Justicia, la de la dictadura militar y la relativa al megacanje del ministro Cavallo.

Historiar sobre el rol que jugó cada gobierno de la transición democrática, sobre la deuda ilegítima, de alguna manera, es retomar un ejercicio pendiente de memoria, sobre quién es quién en esta historia de concesiones a los organismos internacionales. Y pondrá luz sobre un pasado no tan lejano, que ha incidido de manera directa en las profundas inequidades de la sociedad argentina y la irracional exclusión de millones de familias que se han visto impedidas, por lo menos en dos generaciones, a vivir con plenitud su formal ciudadanía en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad. También el nuevo Parlamento, a finales del verano, deberá debatir proyectos de ley que realmente incidan en el desarrollo de nuestro país y repercuta en la vida cotidiana de las mayorías.

Una nueva ley de entidades financieras será el principal paso en el camino de transformar un sistema de crédito, que alimentó durante décadas la especulación financiera que dio la espalda a cualquier proyecto de desarrollo que tuviera como norte una operatoria crediticia dirigida a la producción de pymes y pequeños emprendimientos, que pudieran reconstruir el dañado tejido económico y social desde mediados de los años ’70.

Pero para poder instalar en la agenda política de ambas Cámaras esta orientación transformadora deberán superar las actuales controversias el heterogéneo territorio del llamado progresismo. Para ese objetivo tanto el ala más progresista del oficialismo y sus aliados, deberán tender puentes de entendimientos con el resto de la centroizquierda, que en más de una oportunidad han exacerbado sus diferencias con los gobiernos kirchneristas, y en algunos momentos coyunturales se han aliado en acuerdos circunstanciales con sectores conservadores, partidarios de la restauración de los ’90.

Para saldar esta deuda de cara a la sociedad, ambos sectores deberán superar actitudes sectarias, morigerar el personalismo de sus liderazgos y trascender el coyunturalismo, apostando a gestar de manera común espacios de debate sobre qué proyecto de país y qué perfil de desarrollo se articula con un programa de equidad social que enfrente la pobreza estructural desde sus causas, y haga de la tan mentada distribución una realidad para las mayorías excluidas.

También se deberá discutir sobre una problemática que en las últimas décadas ha sido eclipsada por la lucha contra la desocupación. El problema del trabajo no es tan sólo su escasez sino también es –en su dimensión vivencial el malestar de millones de argentinos– su calidad. Debatir sobre la precariedad que se fue instalando durante la década del ’90 y los primeros años del nuevo siglo, y que hoy se ve expresada por más del 40% de la mano de obra ocupada, que pervive en la incertidumbre contractual, con trabajos intermitentes, salarios bajos e inexistente asistencia sanitaria que atienda la salud de sus familias. Instalados en una profunda asimetría donde sus derechos laborales se tornan inexistentes, y el derecho constitucional a la libre agremiación, imposible.

No se entiende que las fuerzas progresistas de adentro y afuera de los partidos mayoritarios están necesariamente llamadas a transformar el anquilosado espectro partidario y transitar un camino común, donde con nuevas prácticas se rompa con el aislamiento y el escepticismo de importantes sectores de la sociedad.

La atomización social heredada de las etapas del terror, y reforzadas con los dispositivos de dominación de la hiperinflación de los ’80 y el miedo a perder el trabajo de la desocupación impuesta en la década de los ’90, sirvieron a las fuerzas de la reacción y el privilegio como tres momentos de un mismo objetivo, el disciplinamiento social. Estos mecanismos han sido y siguen siendo, junto a la concepción elitista de importantes sectores del establishment, el gran impedimento que instala en el individualismo y la falta de solidaridad a la sociedad contemporánea.

Dar vuelta la historia entre todos es la principal necesidad y urgencia de las grandes mayorías.

Nos vemos,


Fuente: BAE