El uso de las reservas

Las reservas internacionales consisten en oro, dinero en efectivo, depósitos en bancos del exterior en divisas aceptadas a escala internacional, títulos de deuda pública de países desarrollados y otros instrumentos análogos; se caracterizan por su alta liquidez, y equivalen a los pesos que se tienen en el banco o en el bolsillo para no estar corto de plata. Este stock de activos financieros varía a cada momento en función de la entrada y salida de divisas del país.

¿Para qué sirven? Primero, para evitar la interrupción de las importaciones en casos de emergencia (por ejemplo, crisis mundial, caída de las exportaciones) o para hacer pagos puntuales por encima del ingreso corriente de divisas. En segundo término, como reaseguro contra la inestabilidad de los mercados financieros y la especulación (las corridas cambiarias son instrumentos privilegiados de los golpes de mercado). Un caso típico de esta utilización virtuosa de las reservas es el actual mantenimiento de un tipo de cambio competitivo mediante la intervención constante en el mercado cambiario (flotación administrada): si el peso tiende a apreciarse demasiado, el Banco Central compra dólares (que van a las reservas) y emite pesos; si el peso tiende a depreciarse demasiado, vende dólares de las reservas y absorbe pesos.

Existe confusión sobre si tenemos muchas reservas, pocas o suficientes. Pero no dicen cuál sería un nivel adecuado. Cualquier comparación arrojará que tenemos reservas de sobra: las reservas representan 15 meses de importaciones (lo normal son 4 meses), 16% del PIB (son casi 10% en Brasil y en Chile, 7% en México), y son muy superiores a los pasivos monetarios del Banco Central y a la deuda externa de corto plazo.

¿Se puede pagar sin recurrir a las reservas, como sugiere la oposición? Para pagar deuda externa se necesitan dólares. Si el Gobierno no los puede comprar al Banco Central, entonces los tiene que pedir prestado. ¿Adónde y a qué costo? En este momento, el país tiene que pagar intereses muy por encima de los de mercado; la diferencia con la tasa de interés que se cobra sobre las reservas es todavía mayor. Impedir el uso de reservas excedentes por 6.700 millones de dólares le costará al Estado, en un cálculo conservador, entre 500 y 700 millones de dólares por año, y podría ser bastante más, ya que el crédito se encarece cuando más se lo necesita.

El otro camino que se propone es pagar deuda con recursos presupuestarios. Significa que el Gobierno deberá usar pesos recaudados con impuestos para comprar dólares al Banco Central: estará entonces “tocando las reservas” para pagar deuda. ¿En qué quedamos: se puede o no se puede?

Para 2010, los intereses suman el 27% del total, y su pago con recursos corrientes figura en el art. 1 de la ley de presupuesto. Los gastos de capital son el 73% del total y el art. 4 de esa ley prevé financiarlos con “endeudamiento público e incremento de otros pasivos”; entonces, pagarlos con nueva deuda no tiene nada de extraño. Es lo que se haría con el Fondo del Bicentenario, en donde la deuda pública emitida sería comprada por el Banco Central. Ahora, si lo que se quiere es pagar todo el servicio de la deuda (intereses y amortizaciones) con recursos presupuestarios corrientes, entonces habrá que recortar el gasto corriente y de inversión: habrá menos salarios, menos jubilaciones, menos transferencias, menos inversiones… como en 2001.

De las soluciones alternativas al Fondo del Bicentenario, la que implica disminución del gasto público atenta contra el crecimiento económico, el empleo, la obra pública y la asistencia social, y la basada en nuevo endeudamiento externo es gravosa. De allí que, con un análisis razonable, resulte conveniente pagar parte de la deuda externa exigible en 2010 con un porcentaje pequeño de las reservas internacionales. Excepto si, por especulaciones electorales, se intenta provocar una recesión que –se supone– le haría perder votos al Gobierno.

El sentido del Fondo del Bicentenario es dar a los acreedores la señal de que Argentina quiere y puede pagar, para reducir el riesgo país y de ese modo facilitar y abaratar el acceso al crédito. También apunta a ahorrar cuantiosos intereses que de otro modo debería pagar el Estado, y a reducir la demanda pública en el mercado de financiamiento, que de otro modo encarecería el crédito tanto para el sector público como para el privado. Esto permitirá al sector público continuar la recomposición de las infraestructuras físicas y sociales.

Tampoco parece razonable avanzar propuestas sin analizar las relaciones de poder realmente existentes ni considerar las consecuencias económicas que implican, a menos de querer sembrar confusión política.

Nos vemos


Fuente: BAE