Redrado, por el bien del país...

A casi un mes de promulgado el DNU 2.010, que crea el Fondo del Bicentenario, nunca fue tratado en las reuniones del directorio del Banco Central. La creación del fondo ha atravesado las más disímiles críticas, las más ácidas. Todas ellas interesadas. La presentación ante la Corte Suprema la realizó la provincia de San Luis, cuyo ex gobernador Adolfo Rodríguez Saá fue quien decretó el default que enterró económica y moralmente a la Argentina por varios años.

Como si eso no fuera suficiente, la presentación se encuentra patrocinada por Rodolfo Barra y Horacio Tomás Liendo, importantes espadas jurídicas del menemismo, aquel que sancionó en 1992 la Carta Orgánica del Banco Central. Ese texto está inspirado en los postulados de la economía neoliberal del Consenso de Washington. Si los lobbistas –el elenco estable de analistas económicos del establishment conservador-neoliberal y la oposición política, representada por los mismos que empujaron a la Argentina a la bancarrota económica y social– salen a defender la autarquía del Banco Central tan entusiastamente no se puede dejar de sospechar: ¿qué estarán cuidando?

Los exaltados defensores de la anulación del DNU 2.010 pertenecientes a la bancada radical deberían recordar que el efímero gobierno de Fernando de la Rúa asumió con u$s30.000 millones de reservas y al momento de abandonar el cargo dejaba en las arcas del Estado menos de u$s10.000 millones. Son éstos los personajes que por estas horas se encuentran defendiendo a capa y espada al presidente del Banco Central y su mal comprendida autarquía.

La misión fundamental que la legislación le impone al Banco Central –y por ende a su titular– es la de velar por la defensa del valor de nuestra moneda. La creación del fondo es una medida que avanza en ese sentido. Sin embargo, Redrado obstaculizó con su accionar el cumplimiento de ese cometido, incumpliendo el decreto que tiene plena vigencia en tanto y en cuanto no sea derogado por la comisión bicameral. De por sí, este hecho implica una violación a la ley, pero además tipificaría una conducta de incumplimiento de los deberes de funcionario público. A esta interpretación Redrado opuso lo prescripto en la carta orgánica respecto de la autarquía del organismo.

Este accionar tuvo sus consecuencias. El riesgo país había alcanzado el pasado 11 de diciembre, último día hábil previo a la sanción del decreto 2.010, un valor de 733 puntos básicos. A partir de la sanción, ese indicador transitó una senda descendente, que se profundizó luego de que la oposición legislativa fallara en su intento de derogarlo. El 5 de enero tocó su piso: 613 puntos básicos. Si se acepta la validez de este indicador para medir las expectativas respecto de la estabilidad de la moneda y el desenvolvimiento de la economía, debería concluirse que la sola creación del Fondo del Bicentenario y el mantenimiento de su vigencia permite una baja de las tasas tanto para el sector público como el privado que coadyuvan al desarrollo económico interno, tal como se contempla en los considerandos del decreto. Habiendo tomado estado público el incumplimiento y la aceptación de la renuncia de Redrado –que pusiera a disposición repetidas veces– por parte de la Presidenta de la Nación, el riesgo país escaló hasta los 656 puntos básicos el 6 de enero. Siguiendo la lógica del pensamiento económico ortodoxo, significaría que en un solo día el comportamiento caprichoso del presidente del Banco Central fue interpretado como una caída del 36% de la confianza de los mercados respecto de la estabilidad de nuestra moneda.

La oposición puso el grito en el cielo y los grandes medios batieron el parche de la quiebra institucional. En aras de sincerar las cosas, sería deseable que Martín Redrado recordara que hace cinco años asumió la presidencia del Banco Central como parte de un proyecto político y no que fuera seleccionado a través de un aviso clasificado. Tiene todo el derecho del mundo a opinar distinto del Gobierno que integra, pero su actitud delató una falta de respeto a los acuerdos, carencia de códigos y un sino de incumplimiento. Si tan mal cree que se están haciendo las cosas, debería haber anunciado públicamente que ya no se sentía parte de este proyecto y renunciar. Por el bien del país que él dice defender.

Nos vemos



Juan José Primosich