Los abogados del diablo

La intención del Poder Ejecutivo de crear el Fondo del Bicentenario para garantizar el pago de los vencimientos de la deuda externa puso de relieve una vez más la intrincada red de vasos comunicantes que unen los sectores trasnacionalizados de la economía local con algunos de los estudios jurídicos más influyentes del país. Comunión de intereses y afinidad ideológica mediante, la construcción de poder nació en los años de plomo, se reconvirtió en la década menemista y hoy aflora con nuevos ropajes, pero iguales propósitos. Una situación que aprovecharon los fondos buitres EM Limited y NML Capital para torpedear en el juzgado neoyorquino de Thomas Griessa la estrategia del Gobierno.

“Hay reservas suficientes y voluntad de pago. ¿Si el país no puede pagar, no estaríamos ante un verdadero sabotaje?”, se pregunta un consultor de la city. Obviamente, la pregunta es retórica e interesada. El hombre apostó al canje. Acostumbrado a transitar despachos donde se toman decisiones trascendentes, agrega –para sorpresa del cronista– un análisis que coincide con la lectura oficial. “Mire bien. Los verdaderos artífices de la judicialización no están en la superficie. Algunos son muy impopulares”, dice con tono confidencial. Según su lectura, se trataría de operadores con profundos conocimientos de temas económicos, financieros y legales. Una vez más, el interlocutor no quiere hacer nombres. Mucho menos que se lo mencione. “No se equivoque, Redrado es, a lo sumo, un peón en este ajedrez”, dice antes de dar por terminado el diálogo.

Algunos de los protagonistas del intrincado entramado ocuparon cargos relevantes en el Poder Judicial antes de saltar a la actividad privada o brindaron soporte técnico al andamiaje legal que precedió a las privatizaciones. Otros –menos presentables– sirvieron como funcionarios durante la dictadura o hicieron difusión de las políticas neoliberales que aplicaron José Alfredo Martínez de Hoz y Domingo Cavallo. Comparten un denominador común: sus servicios sólo entran a tallar cuando grandes sumas de dinero o intereses políticos de gran envergadura están en juego.

Especializados en derecho público, regulación económica y reestructuración de pasivos, son los preferidos por las multinacionales, las empresas de servicios públicos, los bancos extranjeros y los acreedores del Estado. También por Martín Redrado para resistir el decreto de necesidad y urgencia que lo removió de la presidencia del Banco Central de República Argentina. Quienes conocen el ambiente judicial no se sorprenden de que la elección de Redrado haya recaído en el abogado Juan Carlos Cassagne. Por su estudio, aseguran las revistas de negocios, pasaron algunos de los asuntos y de las operaciones más importantes de los últimos años. En el Palacio de Tribunales subrayan que en su track récord figura la demanda que patrocinó –junto a su ex socio Emilio Cárdenas– en nombre del Bank of Nova Scotia contra el Estado nacional por 600 millones de dólares. Apenas un renglón de un extenso currículum que incluye la colaboración que brindó a Roberto Dromi y Rodolfo Barra en el diseño del andamiaje legal que precedió a las privatizaciones.

No es el único caso. Héctor Mairal –actual socio de Marval, O’Farrel & Maizal– fundó en 1971 con Guillermo Walter Klein el estudio Mairal & Klein, de influyente actuación hasta que en 1984 la comisión del Congreso que investigó la estatización de la compañía Italo obligó a dos sus integrantes –José Alfredo Martínez de Hoz (h) y Mariano Grondona (h)– a huir de las oficinas del buffet cargando documentos. Recuperada la documentación, los legisladores pudieron reconstruir la ruta del dinero que, fugado del país durante los años de plomo, había sido consignado como préstamos por los bancos extranjeros y que Domingo Cavallo –durante su paso por el Banco Central en 1982– convirtió en deuda pública.

La trayectoria de Mairal registra otros destacados. Entre los más recientes: la representación de bonistas italianos ante el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial. Pero también, cuando la Convertibilidad lanzaba un último suspiro, la nominación en la publicación británica Chambers & Partners como uno de los cien abogados de negocios más importantes del mundo. Un ranking que incluyó a Cassagne. Menos prestigiosos, aunque siempre presentes, Martínez de Hoz (h) y Mariano Grondona (h) también recobraron protagonismo tras la salida de la Convertibilidad. Las empresas extranjeras Pan American Energy, El Paso Energy, Mobil Argentina y RGA Reinsurace son algunas de las firmas que les confiaron sus asuntos; además de los grupos Enersis y Wintershall, holdings en nombre de los cuales presentaron demandas ante el Ciadi por u$s 1.800 y u$s 480 millones, respectivamente.

Dos buitres importados. Menos refinados, pero tan eficientes en sus objetivos como los estudios locales, los abogados de los fondos buitres EM Limited –de Kenneth Dart– y NML Capital –de John Singer Elliot– ocasionaron, judicialización local mediante, un serio daño al Gobierno. Acostumbrados a lidiar con dictaduras africanas y especializados en acorralar naciones, sus propietarios pueden alcanzar rendimientos que oscilan entre el 75 y el 300 por ciento. Dispuestos a esperar el tiempo que sea necesario, sus apuestas no se hacen en los mercados. De allí que en sus estructuras corporativas tengan un mayor peso los abogados especializados que los buenos financistas.

Tal el caso de EM Limited, fondo que tiene acreencias por u$s 2.700 millones, de los cuales unos u$s 1.500 están bajo litigio en el juzgado de Griessa. Perseguido por evasión impositiva en Estados Unidos, Dart perdió su condición de ciudadano estadounidense y se refugió en las Islas Caimán. Antes de desembarcar a fines de 2001 en nuestro país, y de profundizar sus operaciones cuando el default era un hecho, fundó la West Indias Company, una firma con la que incursionó en oscuro terreno de las privatizaciones.

Similar es la historia de Elliot, titular de Elliot Asociates –controlante de NML Capital–. Residente en Belice y Bahamas, los dos paraísos fiscales desde donde opera un banco con sede en Miami, posee u$s 1.500 millones de títulos públicos que adquirió apenas declarado el default. Financista de la industria cinematográfica de Hollywood, consiguió poner contra la espada y la pared a la República Democrática del Congo por una deuda de u$s 1.200 millones con un embargo que afectó la embajada del país africano en Washington.

Nos vemos


Fuente: Sur, historia de buitres y caranchos