Límites a los excesos dictatoriales

Casi resultan habituales, en algunos medios, los comentarios sobre un supuesto uso oportunista de la temática de los Derechos Humanos por parte del Gobierno. Así, esa estrategia gubernamental no sería otra cosa que un acto de propaganda sobre una cuestión ilusoria en el escenario internacional e irrelevante para la vida cotidiana de los argentinos.

Sin embargo, una verdadera política de Estado se está ejecutando dentro y fuera del país para dotar a la sociedad argentina y a la comunidad internacional de herramientas permanentes para luchar contra una cultura política que postula la noción perversa de que violar los derechos humanos por parte de actores estatales y paraestatales es una suerte de tragedia cíclica y necesaria que, a la larga, no genera costos jurídicos ni políticos para sus autores.

En esa vía, Argentina y Francia han venido impulsando, en las Naciones Unidas, la adopción de un dispositivo legal y político clave para limitar los abusos y proteger a la población de los peligros del despotismo: la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas. Al día de hoy, 81 Estados han firmado la Convención y, luego de la reciente decisión de Chile del 8 de diciembre, son ya 18 los que han formalizado su ratificación . La Convención entrará muy pronto en vigencia, cuando haya sido ratificada por 20 Estados.

Y aquí conviene recordar que la Argentina fue el primer país del mundo en firmar la Convención contra la desaparición forzada de personas y el primer país de América en ratificarla en febrero del 2007. Asimismo, ha aceptado sujetarse a la competencia del Comité de Desapariciones Forzadas, un mecanismo fundamental para asegurar la eficacia de las disposiciones de la Convención.

Esta Convención, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre del 2006, reconoce a la desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad, a la vez que reafirma el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Obliga a los Estados parte a tomar las medidas necesarias para que la desaparición forzada sea tipificada como delito en su legislación penal.

Gracias a ella, la comunidad internacional cuenta ahora con una herramienta eficaz para limitar los excesos dictatoriales. Y no hay modo irónico de reflexionar sobre esta verdad, como no sea coincidiendo, conscientemente o no, con los perpetradores del horror.

Más de una vez se acusa al Gobierno nacional de obsesionarse con el pasado argentino reciente. Sin embargo, viendo el comportamiento de la derecha nacional –ilustrada o no– uno tiene derecho a pensar que el pasado tiene una persistencia inaudita en la Argentina y que el gobierno se ha limitado a impedir que vuelva, recogiendo la ardua labor que los organismos de derechos humanos hicieron en la soledad de la sociedad civil contra el despotismo de turno.

No es oportunismo: es un salto cualitativo de la política dado desde los más altos resortes del poder público. No es una maniobra distractiva: es un reconocimiento oficial a la lucha histórica con impacto en la cultura política de la comunidad.

Nadie afirma que gracias a la Convención los gobiernos no puedan cometer nuevas atrocidades con impunidad. Pero hay –en la Argentina– una nítida voluntad política de crear instrumentos jurídicos vinculantes que obliguen a los Estados a cumplir con lo pactado. Será difícil desandar ese camino.

Nos vemos


Fuente: El Argentino