El manejo de la política monetaria

La disputa alrededor del anunciado Fondo del Bicentenario, el uso de reservas del Banco Central y la continuidad o no de Martín Redrado al frente de esa institución es, de alguna manera, asimilable a la que estalló en marzo de 2008 por las retenciones a las exportaciones de granos: como ésa, tiene ulterioridades potenciales preocupantes para la gobernabilidad, y también se le parece en cuanto al uso de discursos engañosos, disimuladores, por parte de los protagonistas del conflicto. En todo caso, y más allá de las intenciones mostradas hasta ahora, al respecto, por esos protagonistas, está en juego un problema central: ¿a quién le corresponde el manejo de la política monetaria de un país?

Hito conceptual del país neoliberal y de hegemonía del capital financiero, la “independencia” del Banco Central es un instrumento claramente funcional a la estrategia de evitar cualquier intención alternativa a un modelo de acumulación y organización de la producción establecido. No en vano la ley que consagró el instituto, la 24.144 de Carta Orgánica del Banco Central, fue aprobada y promulgada en pleno auge del menemismo, en octubre de 1992. El ministro de Economía era entonces Domingo Cavallo, el mismo que en una gestión ya famosa al frente del Banco Central de menos de dos meses, diez años antes y en la última etapa de la dictadura militar, había dejado bien en claro para qué puede servir que la política monetaria de un país se maneje desde la cúpula del sistema financiero. Había decidido y ejecutado ni más ni menos que la socialización de la deuda externa privada.

Lo cierto es que, a partir de 1992, y con excepciones más bien marginales dentro del sistema político-partidario, toda la dirigencia asumió como un principio inalterable la pérdida por parte de los sucesivos gobiernos democráticos de la capacidad de manejar, de controlar, la herramienta principal para cualquier diseño de política monetaria.

También es cierto que esa generalizada reverencia a una concepción tan paradigmáticamente neoliberal, tan de los ’90, no impidió que los distintos sectores políticos, en sus etapas de manejo de resortes importantes del Poder Ejecutivo, convirtieran el principio en una abstracción ideológica en función de las necesidades cotidianas de la política económica.

Roque Fernández, el titular del Banco Central cuando se hizo ley su autonomía, pero ya como ministro de Economía de Menem, y Pedro Pou, su sucesor en el BCRA, acordaron en diciembre de 1996, por ejemplo, un fondo de garantía de liquidez para el sistema bancario argentino mediante la concesión de una línea de crédito por u$s6.100 millones –observar la similitud con los 6.500 millones de reservas que Redrado no liberó para el Fondo del Bicentenario– por parte de un comité de trece bancos norteamericanos y europeos encabezado por el Chase Manhattan Bank. La historia demostró, pese a la actual amnesia de tantos políticos de la oposición y economistas opinadores extasiados entonces por la política económica menemista, que esas operaciones de endeudamiento eterno afectaron gravemente la estabilidad real de la moneda argentina, ese valor que el Banco Central debe preservar sin aceptar “injerencias” del Ejecutivo según el estatuto neoliberal.

Ni hablar de los atentados contra la estabilidad y solidez del peso ejecutados después por el reaparecido Domingo Cavallo del gobierno radical de Fernando de la Rúa, con las políticas de “blindaje”, “megacanje” y demás yerbas con las que se corrió alegremente hasta el desastre de diciembre de 2001, mientras los bancos fugaban divisas sin parar. El “megacanje”, especialmente, constituyó un brillante negocio para algunos bancos privados internacionales, especialmente el JP Morgan, uno de cuyos ejecutivos más brillantes, Alfonso Prat Gay, llegó después, ya con Eduardo Duhalde en la Rosada, a la presidencia del Banco Central, en diciembre de 2002, después de que sus antecesores, Mario Blejer –el mismo que el Gobierno quiere ahora como sucesor de Redrado– y Aldo Pignanelli renunciaran sucesivamente por sus desavenencias con el entonces ministro de Economía Roberto Lavagna –el mismo que ahora cuestiona la “injerencia” kirchnerista–, de quien decían que no respetaba el principio de independencia de la entidad guardiana de la política monetaria.

Redrado también llegó al Banco Central, en septiembre de 2004, cuando el gobierno de Néstor Kirchner decidió no renovar el mandato de Prat Gay porque no coincidía en los criterios con los que Lavagna preparaba el plan de renegociación de la deuda en default concretado en 2005.
Queda claro que en la Argentina de las últimas décadas el tema del Banco Central y la política monetaria está estrechamente ligado con un eje de nuestra realidad económica, social y política, el del endeudamiento.

Hoy, esa estrecha relación sigue claramente vigente. Tanto como los radicales, con el poder en el Ejecutivo y en el Legislativo en aquel momento, el resto de la dirigencia política, incluida la del kirchnerismo, siempre hicieron como si no existiera el fallo que dio a conocer en el año 2000 el ahora camarista Jorge Ballestero sobre la causa por el endeudamiento externo argentino abierta dieciocho años antes por Alejandro Olmos. Las investigaciones y peritajes llevados a cabo esos años habían demostrado, así lo dice el fallo, el nivel de fraudulencia e ilegitimidad de buena parte de la deuda externa, y la complicidad de los ministros y funcionarios del área económica, desde la dictadura en adelante, y también de bancos privados y de los organismos financieros internacionales, con las operaciones fraguadas de endeudamiento. El fallo exhortaba al Congreso a retomar sus facultades constitucionales de “entender” sobre la deuda y actuar en consecuencia.

Muchos de los dirigentes que hoy descubren la importancia que tiene que un gobierno soberano pueda manejar los instrumentos de política monetaria, como el Banco Central, sólo lo hacen en función de la necesidad de usar reservas como garantía de la deuda, en lugar de pensar en usarlas como instrumento de una estrategia vigorosa de crecimiento productivo y cambio social. No hay tanta diferencia con los sectores de la oposición que en sus respectivos tiempos no cuestionaron atentados contra la moneda y la economía nacionales y sólo cuestionan el uso de reservas porque creen que para pagar deuda, como en la década de los ’90, hay que volver a endeudarse.

Nos vemos



Carlos Eichelbaum