Del estallido al país normal

Fruto de la ineptitud de un gobierno que no supo ni quiso asumir el desafío de afrontar la crisis, hace exactamente ocho años, implosionaba un Estado que había abandonado su rol institucional de contenedor -y componedor- de las tensiones sociales desatadas por el modelo especulativo y de exclusión que se había iniciado en 1976 y que, con variantes, se prolongó hasta consolidarse hacia los años 90.

En esos doce días, del 20 de diciembre de 2001 al 2 de enero de 2002, cinco presidentes se sucedieron con la función de mero ornato, sin capacidad ni autoridad para hacer cumplir orden alguna ni dar respuesta a ninguna de las múltiples demandas de entonces las que, además, partían de una básica: "que se vayan todos".

Esta consigna totalizante no sólo expresaba la crisis de credibilidad de los partidos tradicionales sino de la política misma como instrumento para resolver las más acuciantes necesidades sociales.

En ese convulsionado período, que culminaría con el retiro anticipado de Eduardo Duhalde, se sucedían las movilizaciones sociales al tiempo que la fragmentación de la coalición de poder que había sostenido al menemismo no hallaba una salida a la crisis.

Las fracciones neoconservadoras más recalcitrantes insistían con dos ideas primarias: ajustar y reprimir. Se persistía en la misma línea que había derrumbado a De la Rúa con su aciago costo en vidas. Por fin, la masacre de Avellaneda y la furia que despertaron los asesinatos de los militantes sociales Kosteki y Santillán demostró la inviabilidad de ese proyecto.

Hoy, ocho años después, se ha recuperado el rol del Estado y la política ha sido rehabilitada como elemento aglutinador del dispositivo institucional y, sobre todo, como herramienta de cambios progresistas.

El debate, el conflicto y los consensos encuentran su procesamiento en un Parlamento que cumple con su rol dentro del sistema institucional. No es el único ámbito, ya que la política excede los despachos y a los políticos profesionales y, luego de años de pensamiento único, ha reencontrado su lugar entre los trabajadores, la intelectualidad y las organizaciones de base de la sociedad.

La recuperación del Estado y el cumplimiento de sus deberes sociales básicos implicó abandonar aquel aparato inerme o cómplice de las corporaciones que contribuyó a profundizar la desigualdad.

La intervención en la regulación de los mercados, la priorización de una economía basada en el trabajo y la producción, así como el cambio de enfoque del presupuesto social, que pasó de ser considerado un gasto para elevarse a la categoría de inversión, marcan hasta qué punto el país ha cambiado, retomando gradualmente parámetros de solidaridad e igualdad perdidos hace mucho tiempo.

Sin ajustes, sin represión, con conflictos que expresan los diversos intereses que confrontan al interior de una sociedad democrática y plural -tensiones que no hay que tratar de anular sino de resolver desde la política y el debate público- Argentina es ahora, simplemente, un país normal.

Nos vemos,



LPO