Todo un dato. Todo un mensaje. Todo un lenguaje. Todo un acto.

Las noticias de la semana que pasó dejan a muchos sin palabras, sin mecanismo de razonamiento alguno. Algunas, como el ataque al ex-futbolista Caceres, genera un sentimiento de hartazgo, porque cuando un lee sobre la bonaerense o la federal, como la letra del tango lo mira sin comprender.

El escándalo de espionaje que involucra al gobierno porteño acaba de incorporar un elemento inquietante. Ciro Gerardo James, el ex agente de la Policía Federal acusado de haber intervenido los teléfonos del dirigente judío Sergio Burstein y del empresario Carlos Ávila, también posó su oído en otros teléfonos sensibles. Entre ellos, el de un familiar directo de Mauricio Macri, jefe de la comuna. Y autoridad máxima de la administración que contrató los servicios del espía indiscreto. La noticia de las escuchas telefónica en el clan Macri, rememoran la serie Disnatía. Cual Don Corleone, el intendente porteño quiere trasmitir una imágen impoluta, cuando debajo de la alfombra, hay de todo.

Cualquier argentino está familiarizado con el término puntero. Denostados, por izquierda y por derecha, así se denomina a esos políticos –desde funcionarios hasta juntadores de votos– que acceden a la trama de dinero, planes sociales, puestos en municipios o acceso a negocios tales como la obra pública. Los porongas son menos mencionados. Porque poronga suena grosero pero, sobre todo, porque da miedo meterse con ellos. En la jerga policial no podía surgir un nombre elegante para nombrar a los jefes que, en actividad o exonerados, la tienen tan grande que pueden partir al medio a cualquiera. No es preciso haber sido un lector denodado del recientemente fallecido Claude Lévy-Strauss para saber que se habla como se vive. Es decir, el lenguaje es una prolongación del acto. También es un acto. No es lo mismo patear una mesa que decir algo. Pero ciertas palabras o conceptos generan conductas. Los porongas generan disciplina. Imponen respeto a unos y terror a otros.

La Bonaerense no está sola. Hay una red –podría llamarse corrupción estructural– de delitos ocultos que pretenden justificarse en la escasa remuneración salarial. Pero el problema no son los vales de nafta o los viáticos, sino la impunidad. Desde las zonas liberadas para que algunas bandas operen –y paguen el diezmo a los recaudadores de los porongas– hasta el uso de mano de obra juvenil para cometer delitos. ¿Alguien puede creer que dos pibitos chorros de una villa se roban un Mercedes Benz por cuenta propia? Ni siquiera en un mal guión de Hollywood. Es más, el mismo juez platense Luis Arias denunció casos en los cuales, las mafias policiales les pagaron a los pibes “con 40 dosis de paco” por hacer trabajos sucios. Arias aseguró que, además, se tomó la molestia de constatar que muchas de las partidas presupuestarias destinadas a la contención de chicos en riesgo (calle, droga, delito) no llegan a destino. Claro, el ministro de Seguridad Carlos Stornelli denunció penalmente a Arias.

Stornelli, el contrarreformador, prefiere a los porongas. Para él, aquella reforma de León Arslanian, que tanto furor causaba en la familia policial, es nefasta. Porque con los foros de participación comunitaria se puede husmear lo que pasa en las comisarías, enterarse de los recorridos de los patrulleros y hasta incidir en el nombramiento de los jefes de las comisarías. Y los porongas tienen todo el circuito armado. Bien lo sabe el peronismo conservador bonaerense: cuando arreció la pelea entre Carlos Menem y Eduardo Duhalde se tiraron con fruta muy pesada. El entonces gobernador, que había esculpido con cuidado su relación con la Bonaerense desde 1974, estaba orgulloso de la mejor policía del mundo. Hoy no la maneja Duhalde. Pero éste logró poner a muchos jueces y fiscales que son amigos de la familia policial y de los punteros políticos. Pero también lo saben radicales que, con menos intendentes en la provincia, tienen senadores y diputados que miraron al costado cuando Arslanian hizo la reforma y que ahora hacen lo mismo frente a la contrarreforma de Stornelli. Además, a la hora de dar acuerdo para los nombramientos de jueces o fiscales miran más sus intereses que la probidad de los candidatos.

En la provincia de Buenos Aires no hay una puerta giratoria para los presos. Las cárceles albergan a cerca de 30.000 presos. El noventa por ciento proviene de hogares pobres o de barrios marginados. No hay prácticamente presos por delitos de guante blanco. Los pocos ex policías procesados porque alguna vez fueron pescados in fraganti lograron zafar de las condenas porque los jueces encontraron vicios procesales o desestimaron evidencias. En contraste, el setenta por ciento de los presos tienen prisión preventiva pero no condena. Por la incapacidad de jueces y fiscales es que, a veces, algunos presos logran que se les computen doble los años sin condena y salen relativamente pronto. Pero, ojo, en otros casos no es que los magistrados sean incompetentes, sino que son corruptos.

Con respecto a los mal llamados menores (que para la ley provincial son “niños, niñas y adolescentes”, como en la Convención Internacional de los derechos…), la legislatura provincial sancionó una ley de Protección de los Derechos de la Infancia en 2004. Por distintas dilaciones, se puso en marcha hace dos años y significó la creación progresiva de tribunales especiales y de servicios de contención también adecuados a cambiar la ley de Patronato por una de derechos. Hubo dos especialistas que pasaron por la subsecretaría de Niñez y Adolescencia (Martha Arriola y Cristina Tabolaro) que fueron desechadas por el gobernador Daniel Scioli, sin dudas a instancias de Stornelli, quien coincide con que el tema de niñez en calle o en riesgo debe ser asimilada a la órbita policial. En muchos distritos, las líneas telefónicas para contención de chicos en calle pasan automáticamente al 911, la línea policial. Todo un dato. Todo un mensaje. Todo un lenguaje. Todo un acto.

Nos vemos, buen domingo.


Sobre el texto de Eduardo Anguita, Miradas al Sur "Punteros y Porongas"