¿Cuál es el modelo sindical?

Es un lugar común en los discursos de los que nos identificamos con una sociedad más justa e igualitaria, enumerar las asignaturas pendientes en materia de políticas económicas que transformen las profundas asimetrías en materia de distribución de la riqueza. También se reiteran los efectos de décadas de neoliberalismo y sus secuelas en relación con los millones de excluidos que apenas sobreviven en una vida de privaciones y carencias. Incluso, se habla en el mundo de las relaciones laborales sobre la herencia de años de precarización laboral, destrucción del andamiaje convencional o, en su defecto, violación de las normas convencionales en los más diversos sectores de la producción y los servicios. Con la meta puesta en la creación de empleos –por parte de los gobiernos posteriores a a la debacle de 2001–, la precarización laboral fue eclipsada por la necesidad y las urgencias de políticas que enfrentaran el drama existencial de la desocupación. Con consignas como “trabajo decente”, los gobiernos kirchneristas echaron mano a conceptos acuñados en lo que va del siglo por la Organización Internacional del Trabajo, y avanzaron en dirección de blanquear otro de los flagelos que afectan el mundo contemporáneo, el trabajo en negro.

Más allá de los avances significativos en esta materia queda un largo camino por recorrer. En esa búsqueda que incida en la calidad del trabajo de la mayoría de los asalariados en nuestra geografía, tendrán que jugar un papel significativo los representantes de los trabajadores. Ya que si las víctimas de los atropellos no se constituyen en sujetos de derecho, las decisiones de un Estado regulador –que intente equilibrar el fiel de la balanza en favor de los sectores más vulnerables en el mundo del trabajo–, pueden quedar, dichas acciones, tan sólo en buenas intenciones.

Pero cuáles son los obstáculos principales para la implementación de un proceso paulatino de mejoramiento de las condiciones de trabajo de los asalariados en la Argentina. En primer lugar, décadas de neoliberalismo, desde marzo de 1976, fueron cristalizando una cultura empresarial profundamente inequitativa, en cuyo horizonte de gestión la libre organización gremial de sus trabajadores es vista como un intrusismo que atenta contra los planes de desarrollo empresarial. Este dato de la realidad incontrastable se ve reflejado en las dificultades existentes para organizarse desde cada lugar de trabajo. Un dato significativo es que más del 70% de los trabajadores de nuestro país no está organizado sindicalmente, siendo pocos los gremios que superen estas cifras alarmantes de falta de representación. Y los que superan estos porcentajes por lugar de trabajo, en muchos casos son afiliaciones formales que no implican la naturalización en el ámbito laboral de una gimnasia gremial democrática –la inmensa mayoría de ellos no conocen la experiencia de discutir horizontalmente en asamblea sus reivindicaciones más sentidas–.

Si partimos del análisis incontrastable que el escenario heredado de las políticas neoliberales en el mundo ha instalado una suerte de atomización disolvente en los antiguos colectivos de trabajo, podemos llegar a la conclusión provisoria de que los lazos sociales de solidaridad puertas adentro de cada empresa están muy deteriorados. Lo que los sociólogos laborales conceptualizan con el nombre de atomización, no es tan sólo un término académico, sino que es la dramática situación de indefensión en la que se desarrollan las penurias cotidianas del común de los trabajadores que no pueden ejercer su derecho constitucional a organizarse colectivamente en su lugar de trabajo, en una suerte de átomos dispersos en un mar de precariedad.

Esta asimetría de poder, que tiñe el escenario vivencial de cientos de miles de trabajadores, se torna incompatible con un proyecto donde la participación ciudadana sea el eje de una idea de país en equidad sin exclusiones. Para poder subsanar este cercenamiento de derechos en el mundo del trabajo, el gobierno que se precie de progresista deberá abrir el debate en la sociedad, sobre qué tipo de organización los trabajadores tendrán que desarrollar como herramienta idónea para ir mejorando su vida cotidiana, para sumarse activamente en un proceso de democratización que articule con el resto de la sociedad sus necesidades y legítimas aspiraciones.

Los datos antes mencionados son síntomas de desgaste de una realidad, que desde la década de los ’70 viene agudizándose y repercutiendo sobre el modelo sindical que pudo haber servido para una larga etapa histórica que institucionalizó al trabajador como sujeto de derecho allá por 1945, y que lo tuvo como la columna vertebral del movimiento político más importante del siglo XX en la Argentina, que permitió un ciclo de movilidad social ascendente inédito, con el consiguiente progreso social de millones de hijos de trabajadores. Desde la dictadura genocida en adelante se dieron drásticos cambios, tanto a nivel macro como a escala micro, en cada lugar de trabajo; la organicidad vertical y el sindicato típico de la etapa fordista ha perdido incidencia y efectividad en el imaginario de las nuevas generaciones de trabajadores, no sólo en nuestro país sino en el mundo.

De la Ley de Asociaciones Profesionales ratificada en 1974 por el gobierno del general Perón, la metamorfosis social, producto de la hegemonía neoliberal a escala global, ha instalado al trabajador en un escenario de incertidumbre que lo ha dejado en una profunda impotencia ante la hegemonía de los que mandan.

Las mismas herramientas que en otra etapa histórica sirvieron para organizarlos, hoy necesitan de una profunda revisión que permita a las nuevas camadas de trabajadores apropiarse de las mismas y ser partícipes de su futuro. Repensar el trabajo en plena crisis y dotar de sentido a las herramientas que surjan del nuevo espíritu de época es lo que permitirá no caer en enfrentamientos estériles entre tendencias divergentes en el movimiento sindical y poder trascender el dogmatismo sectario o corporativismos autoritarios, buscando el bien común de la multitud de trabajadores que siguen siendo mayoría y merecen una vida mejor para ellos y su descendencia. Pensar en una sociedad justa e igualitaria para el futuro sin la efectiva organización democrática de los trabajadores es tan incongruente como alucinar en la supuesta felicidad de alguien a quien se le coartan sus deseos.

El conflicto de los trabajadores del subterráneo, como tantos otros en los últimos años, manifiesta ese malestar embrionario, expresado en la “mano rebelde del trabajo” que reclama un lugar bajo el sol de un sistema democrático que valore la diversidad y acepte el pluralismo en el ámbito de las relaciones laborales, apoyándose en las normativas vigentes por la OIT en materia de libertad sindical. Un futuro donde se aspire a una democracia plena y participativa no puede dar la espalda a ese proceso en gestación, las sociedades expresan en su transición el juego inexorable de lo instituyente por nacer y lo instituido por transformarse, no entenderse con esta dinámica es querer petrificar el devenir social.

Nos vemos, buen domingo.


Fuente: BAE