Los movimientos sociales y la reforma política

Por una extraña coincidencia –o no tan extraña según se mire– los movimientos sociales vuelven a ocupar el centro de la escena justo en las vísperas de la discusión parlamentaria sobre la reforma política. No es por decisión propia que así ocurre, como ya es público y notorio, pero esta sorprendente figuración en la agenda reinstala un debate que se había eclipsado desde el 2003 en adelante. La pregunta acerca de cuál es el papel de los movimientos sociales vuelve a cobrar una inusitada actualidad, aunque sus resonancias ya no sean las mismas de entonces.

Quizás, si Gerardo Morales y Elisa Carrió no se hubiesen entregado a su impotencia política, sus diatribas catastróficas y tremendistas contra el gobierno no hubiesen elegido como excusa a Milagro Sala. Pero lo hicieron y, de un modo impensado por ellos y por los escribas y movileros del poder real, lograron lo que nadie –ni el propio Néstor Kirchner– hubiera imaginado antes: el repentino frente común de actores políticos y sociales diversos que, hasta ese momento, transitaban sus propias veredas. Como fue dicho al inicio, todo esto ocurre unos días antes de que se comience a debatir la reforma política. Las viejas y nuevas expresiones partidarias ingresarán en breve en un territorio absolutamente desconocido para los estilos y formas de la representación ciudadana. Pero la reforma, desde luego, aunque no está dirigida al accionar político de los movimientos sociales, impactará en ellos también. Es verdad que los movimientos sociales “hacen” política. Siempre la hicieron y no dejarán de hacerla; sin embargo, la pregunta crucial es ¿alcanza con “esa” política?

Con su experiencia concreta, la organización Túpac Amaru ha demostrado, a propios y extraños, que hay reservas no tocadas por el neoliberalismo que, expresadas en términos culturales y organizativos, hablan de la existencia de una capacidad autónoma en el campo popular para trazar y alcanzar sus propios objetivos. Por cierto, no hubieran sido posibles sus logros sin el concurso activo y creciente de las políticas públicas que, desde el 2003 en adelante, el gobierno y el Estado han implementado. Pero la materialización de esos logros ha dependido enteramente de un sistema de prioridades y de gestión colectiva que sólo existen porque hay una organización popular en condiciones de establecerlos. Se necesita ser muy necio para cuestionar la legitimidad y representatividad que surgen de tantas y tan importantes realizaciones verificables en escuelas, viviendas, empleos, recreación, atención de la salud, integración comunitaria y recuperación y valorización de las culturas ancestrales. Ahora bien, si todo ello configura un punto de partida para una organización en particular, es imprescindible entender que no puede ser un punto de llegada para el conjunto de los actores que se dieron cita en Jujuy para el abrazo fraterno y solidario a la Túpac Amaru. La representatividad sectorial no es lo mismo ni equivale a la representación política, al menos al tipo de representación política que comenzará a discutirse por estos días.

Cuesta imaginar que un movimiento social se convierta en un partido político a la usanza tradicional (Milagro Sala dice –y lo bien que hace– que no cambiaría el papel que cumple por un cargo electoral o de gestión). Pero los movimientos sociales, inesperadamente convocados por la fantasmática destituyente, tienen ante sí la oportunidad de incidir de nuevo en la agenda política de la reforma. No fue de otro modo que un dirigente sindical encabezó el reclamo por las elecciones directas en Brasil y terminó siendo presidente por dos mandatos consecutivos, y que un indio aymara, líder de los cocaleros bolivianos, hiciera lo propio en su país.

Convendrá advertir, porque nunca está demás hacerlo, que ninguna experiencia es repetible por más exitosa que haya sido, pero con el mismo énfasis hay que decir que en los casos de Brasil y Bolivia ha existido un denominador común. Éste ha sido la abrupta toma de conciencia de que la legitimidad y representatividad sectorial no alcanzan cuando la marcha de la sociedad reclama un discurso y una práctica que no pueden ser sino de contenido universal. Los particularismos de los movimientos sociales son, a no dudarlo, la tierra fértil donde puede crecer la noción del interés público, pero éste reivindica para sí un accionar político que está mucho más allá del interés corporativo o sectorial. Este desafío, pues, sigue vigente en la Argentina.

Nos vemos


Sobre textos de Carlos Girotti, BAE