14 de septiembre de 2009

Ni un paso atrás

Qué paradoja: en el debate que acompaña el tratamiento legislativo del proyecto oficial de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, resultan, sin embargo, más efectivos en su defensa los argumentos de quienes la cuestionan y ansían desesperadamente frustrar su sanción. ARPA, ADEPA, Grupo Clarín, Carlos Vila, Grupo Uno, fundaciones privadas y sellos varios, echan luz sobre el proyecto de tanto querer oscurecerlo.

De tan remotas que resultan sus demostraciones en pos de enfriar el tratamiento de la ley por otros 25 años, terminan avivándola y se convierten en sus mejores patrocinantes. Dejan ver la puja de intereses materiales, de dinero contante y sonante, que hay detrás de su brete con el gobierno nacional.

Esa querella había sido muy bien disimulada por el penetrante discurso de la derecha en las décadas previas. ¿Cómo? Fácil: negando los conflictos políticos, maldiciendo la ideología, impugnando la lucha de clases, y por añadidura, “naturalizando” las condiciones sociales que tenían a esos grupos concentrados como únicos ganadores. La sociedad de la inequidad, esto es, el despilfarro de unos pocos y la mendicidad de varios millones: el emergente de un dolor de muelas de Dios.

El proyecto es claro en cuanto a la voluntad de la normativa de pluralizar el espectro radiofónico y televisivo, añadiendo a la oferta de voces a escuchar la de sectores sociales, colectivos vivos de la comunidad, que hoy están impedidos de expresar su palabra y pensamiento propios. Esos sectores, cuando quisieron hablar con énfasis y tener llegada, tuvieron que hacerlo siempre a través de mediaciones. De un otro comunicacional que no eran ellos. Interpretados a menudo por un discurso que nunca los reflejó cabalmente. Que generalmente los editó mal. Que los tergiversó a propósito. Que tituló a conveniencia sus pareceres. Nunca fueron sujeto en los medios, sino objeto de estudio o análisis de los comunicadores. Ejemplo: el tono policial para referir la organización y lucha de los desocupados; la recurrencia a la fría estadística para narrar la miseria durante los años noventa. ¿Por qué será que recién ahora, tantos años después, la pobreza adquiere nombre y apellido, descubre su rostro, revela una historia de vida detrás, en el relato mediático? ¿Por qué la Iglesia y hasta la Sociedad Rural transitan con fingida rimbombancia el traumático escenario de la miseria planificada, sin preguntarse jamás por las causas que la originaron?

Se quieren incorporar expresiones a través de medios de comunicación, que hoy son exclusiva propiedad y derecho de sociedades comerciales, trust financieros y consorcios privados multirubro. Es impostergable adecuar la ley a la revolución tecnológica que se avecina, porque de lo contrario esas posibilidades democratizantes que brinda el desarrollo técnico se abortarían en la reproducción al infinito del esquema monopólico en el que hoy se desenvuelve el aire mediático.

Extrañamente, esto se desprende con claridad, a la vez que de los argumentos de quienes están a favor de la ley, también de sus contrincantes. ARPA protesta porque el proyecto sería “contra la libre asociación y la propiedad privada”, dice. Esto es, la concentración grosera de medios y licencias para operarlos. En qué quedamos: ¿Están a favor de la libertad de expresión, como afirman, o persiguen el máximo beneficio del interés comercial privado? ¿Son periodistas o empresarios?

ADEPA, en tanto, que agrupa a las sociedades que editan los diarios de mayor tirada nacional, impugna de “intervencionista” al proyecto. Caramba, ¿quién es más intervencionista aquí? ¿ADEPA o el Estado?

No se entiende por qué “interviene” ADEPA en el debate, siendo que la nueva legislación no versará sobre la prensa gráfica, que es el tema de su incumbencia. Justamente, que ADEPA, que es la Cámara de empresarios de diarios, se meta en la cuestión demuestra la espesura de los intereses concentrados que podrían ser afectados.

Pero ese calificativo, “intervencionista”, apunta hacia la otra gran cuestión en juego. Un exabrupto, un tic, un fallido, que anuncian el fondo de la superficie, el suelo del cielo: el rol del Estado. ARPA lo dice de modo aún más visceral: “El Estado no tiene derecho a la libre expresión”. Mire usted. El derecho es para ellos solos, los privados. Esos son los conceptos que estructuran el pensamiento y el discurso de nuestras empresas de comunicación e información. Un derecho privativo y excluyente. Particularidades de la prensa independiente argentina…

Hace casi siete años que se está intentando la construcción de otro rol para el Estado. No un Estado para reprimir los desbordes sociales que provocan las políticas de exclusión, sino un Estado-motor de la economía. El Estado como articulador e integrador social, propio del escenario posterior a la plena fragmentación de la comunidad que sufrimos los argentinos. El Estado como garante, no ya de frondosos negocios privados, sino del desarrollo endógeno lo más homogéneo posible. Un Estado en perspectiva con los demás de América latina y menos con los países imperialistas centrales. Y el Estado, también, como asegurador de la libertad de expresión, no sólo para los medios privados, poseedores de las más altas antenas y los más caros transmisores, sino también para aquellos segmentos sociales que tienen mucho para decir, pero que no pueden hacerlo porque el orden económico de la sociedad se los impide sistemáticamente desde hace 30 años, precisamente desde que la dictadura dictó su decreto-ley de radiodifusión.

Un Estado que no intervenga en nada, quieren. Que no intervenga cobrando derechos de exportación de soja. Que no intervenga distribuyendo la riqueza. Que no intervenga regulando la importación en salvaguarda de la industria nacional. Que no intervenga en el valor del dólar. Que no intervenga en el aliento oficial a las discusiones paritarias.

Que el Estado los deje hacer libremente, ambicionan. Que intervenga dejando de intervenir. A que sólo intervenga y decida el mercado, aspiran. Es decir ellos. Los dueños de todo, incluido el mercado, sus variables, todos sus resortes y, hasta hace pocos años nomás, el mismísimo Estado nacional.

Nos vemos.


Fuente: Redacción Rosario

1 comentario:

Mery dijo...

No no no yo no lo puedo creer!!!! cro muy bueno, para relectura obligada!!!!
el estado no tiene derecho a la libre expresión??? jaja
"negando conflictos politicos", "maldiciendo la ideología", este posteo es insuperable...me deja sin palabras es exactamente lo que siento.
Mientras transcurrían las audiencias la semana pasada escuchaba una tras otras las asociaciones de periodistas en contra del proyecto, no lo podía creer, sentía que se estaban suicidando, o que estaban entregados no lo sé fue muy fuerte, incoherente, difícil de entender...
Rescate el discurso de un periodista joven Ariel Magirena, claro, contundente, iba a hablar por él mismo, solo y estaba a favor del proyecto, pero solo.
Lo de utpba fue una verguüenza.
Bueno te quería comentar eso.
Por lo demás tus palabras son exactamente lo que siento.
saludos cumpa mery