El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria implementada por el Gobierno Nacional fue mutando a lo largo del tiempo. EN una primer etapa transferían fondos a los municipios santafesinos para que estos, mediante procesos licitatorios, entregaran bolsones de mercadería a beneficiarios que accedían previo informo socio económico de asistentes sociales. Posteriormente el gobierno provincial introduce un mecanismo de tickets denominado Santa Fe Vale con el mismo criterio, manteniendo el mismo padrón de beneficiarios pero con un sistema de ticktes que sólo permitían adquirir los productos en comercios adheridos al sistema.
Binner ya gobernador, toma la decisión de cambiar este sistema de tickets por un sistema de tarjetas que denominó Tarjeta Unica Ciudadana, funciona como una tarjeta de débito en los comercios adheridos al sistema. Alrededor de 200 mil santafesinos son beneficiarios.
Ese no es el punto. La cuestión es que Binner -en una primer etapa- no licitó al prestador del sistema, contrató en forma directa al Banco Municipal de Rosario con el único argumento de ser el único banco estatal y que razones de emergencia le habían impedido llamar a licitación. Se supo después que el servicio lo brinda a traves de la tarjeta Cabal del banco Crediccop.
Decir que existían razones de emergencia es un disparate, porque -en serio- construir un sistema de tarjetas, mecanismos de distribución entre municipios no se hace de la noche a la mañana. El Banco Municipal de Rosario es el receptor de todos los depósitos judiciales de Santa Fe y Rosario. Esto no es casualidad.
Luego que el Tribunal de Cuentas de la Provincia impugnara el contrato con el banco rosarino con observación legal Binner se decide a llamar a licitación para determinar el nuevo prestador de la tarjeta. Un negocio de 8 millones de pesos anuales (por las comisiones que la tarjeta le cobra al los comerciantes adheridos en concepto de comisiones) cuyo proceso licitatorio tendrá demoras lo que le da pié al gobernador para prorrogar el actual contrato. Agregamos este dato, el proceso licitatorio se inició el 28 de noviembre de 2008.
El Tribunal de Cuentas impugna este convenio por el cual se transfieren 18 millones de pesos mensuales al banco rosarino para que administre la tarjeta, pero como el banco no tiene estructura para ello, tercerizó el servicio en un banco privado (Credicoop) o a la empresa de tarjetas vinculada a este, (Cabal) también en forma directa. Este es un proceso viciado de origen.
Estas son las consecuencias de las improvisaciones del gobierno socialista, tener diseñado un mecanismo en etapa de experimentación que, gracias a la impronta mediática y al desmedido salvataje del banco rosarino, lo hicieron nacer con forceps.
Nos vemos.
Binner ya gobernador, toma la decisión de cambiar este sistema de tickets por un sistema de tarjetas que denominó Tarjeta Unica Ciudadana, funciona como una tarjeta de débito en los comercios adheridos al sistema. Alrededor de 200 mil santafesinos son beneficiarios.
Ese no es el punto. La cuestión es que Binner -en una primer etapa- no licitó al prestador del sistema, contrató en forma directa al Banco Municipal de Rosario con el único argumento de ser el único banco estatal y que razones de emergencia le habían impedido llamar a licitación. Se supo después que el servicio lo brinda a traves de la tarjeta Cabal del banco Crediccop.
Decir que existían razones de emergencia es un disparate, porque -en serio- construir un sistema de tarjetas, mecanismos de distribución entre municipios no se hace de la noche a la mañana. El Banco Municipal de Rosario es el receptor de todos los depósitos judiciales de Santa Fe y Rosario. Esto no es casualidad.
Luego que el Tribunal de Cuentas de la Provincia impugnara el contrato con el banco rosarino con observación legal Binner se decide a llamar a licitación para determinar el nuevo prestador de la tarjeta. Un negocio de 8 millones de pesos anuales (por las comisiones que la tarjeta le cobra al los comerciantes adheridos en concepto de comisiones) cuyo proceso licitatorio tendrá demoras lo que le da pié al gobernador para prorrogar el actual contrato. Agregamos este dato, el proceso licitatorio se inició el 28 de noviembre de 2008.
El Tribunal de Cuentas impugna este convenio por el cual se transfieren 18 millones de pesos mensuales al banco rosarino para que administre la tarjeta, pero como el banco no tiene estructura para ello, tercerizó el servicio en un banco privado (Credicoop) o a la empresa de tarjetas vinculada a este, (Cabal) también en forma directa. Este es un proceso viciado de origen.
Estas son las consecuencias de las improvisaciones del gobierno socialista, tener diseñado un mecanismo en etapa de experimentación que, gracias a la impronta mediática y al desmedido salvataje del banco rosarino, lo hicieron nacer con forceps.
Nos vemos.
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