De esto no se habla
El nuevo lock out agropecuario que acaba de lanzar la Mesa de Enlace, que la sitúa entre las entidades más retrógradas de la Argentina, nada tiene que ver con el verso de que el gobierno nacional no los escucha y que nada ha cambiado en el horizonte productivo rural. El subsidio a la lechería, la automaticidad de los permisos de exportación a la producción granaria, de carnes y lácteos, la apertura de los registros de exportación de trigo y maíz, la reducción de los encajes de exportación, y el incentivo a la terminación de novillos pesados no figuran en los titulares de los grandes medios. Desde Redacción Rosario, para una mejor comprensión del fenómeno, se desgranan esas medidas que se aplicaron hace menos de un mes.
No se sabe muy bien por qué, el gobierno nacional no ha salido –en términos sistemáticos y con números en la mano– a brindar su relato respecto de las últimas concesiones al sector, que suman centenares de millones de pesos de costo fiscal. Se sabe, sí, los por qué del silencio de algunas administraciones provinciales que permanentemente reivindican su matriz productiva agropecuaria –Santa Fe y Córdoba, por ejemplo– respecto de esos avances: no quieren mostrar “debilidad” ante sus respectivas sociedades rurales ni que se sospeche algún grado de “complicidad” con el gobierno, al que consideran un apestado del medioevo.
Tampoco queda claro cómo la Iglesia, tan preocupada con el “escándalo” de la pobreza, no se manifieste en contra de la escandalosa omisión de las patronales rurales respecto de los beneficios obtenidos y de los riesgos de desabastecimiento que corren los sectores más postergados, que los impulsores del lock out niegan pero se sabe que termina siendo un factor más de los que incrementan la pobreza. A continuación, las medidas de las que muy pocos hablan.
Subsidio de 500 millones de pesos a la lechería
El 30 de julio de 2009 el gobierno nacional elevó la ayuda de 10 a 20 centavos por litro de leche y amplió la base de beneficiarios al 95 por ciento de los tamberos de todo el país. La medida se anunció en la Escuela de Lechería de Villa María, oportunidad en la que, además, el gobierno respaldó un acuerdo entre productores e industriales que fija una banda de 77 a 81 centavos el precio de litro de leche en el tambo.
El subsidio le cuesta 500 millones de pesos al Estado nacional. La problemática del sector lechero, con la caída internacional de precios, no impidió que se produjera un aumento del 4 por ciento en la producción con respecto al primer semestre del año 2008 y que el país exporte un 14 por ciento más de leche. Si bien no son números espectaculares, están lejos de los vaticinios con olor a terrorismo verbal de quienes prevén que “habrá que importar leche en 2010”, como el tambero Hugo Biolcati.
Cuando se anunció la medida, el presidente de la Mesa Provincial de Lechería de la provincia de Santa Fe, Oscar Poi, sostuvo que “esto da oxigenación, una ayuda al productor para que pueda sortear esta situación donde viene complicado económica y financieramente”. Otro que opinó favorablemente fue Alfredo de Eléspuru, presidente de la Cámara Pampeana de Productores de Leche, quien calificó la decisión gubernamental como “una ayuda muy importante”. Fue más lejos, y sentenció: “Nos salvó la vida”. Sin embargo, el aporte más importante de Eléspuru fue la explicación que le dio a las críticas de los autodenominados “representantes del sector” a nivel nacional: “Se ha invitado a todo el mundo, hay sectores que por ahí no quieren concurrir por cuestiones políticas. Nosotros fuimos y eso no implica que seamos afines o partidarios, nada que ver”.
Automaticidad de los permisos de exportación a la producción granaria, de carnes y lácteos
Desde el 1° de agosto, hace menos de un mes, el gobierno le anunció a la Mesa de Enlace, en una reunión que fue precedida por frases altisonantes de parte de sus integrantes, que se agilizarían los Registros de Operaciones de Exportación (ROE). A partir de ese momento, la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) tarda un máximo de cinco días para otorgar los ROE rojos, que corresponden a la exportación de carnes; los verdes, para todo tipo de granos, y los ROEL, para exportaciones de lácteos. Si bien es cierto que los patrones ruralistas exigían la total eliminación de los ROE, el gobierno argumenta que su mantenimiento sirve para contar con un registro de exportaciones y así poder diseñar políticas públicas para el sector.
Apertura de los registros de exportación de trigo y maíz
Aunque el Gobierno subordina esta apertura al abastecimiento del mercado interno, una posición lógica que apunta a mantener los precios internos a cubierto de las oscilaciones del mercado internacional, lo cierto es que las últimas declaraciones ante la Oncca determinaron que existía –al 1° de agosto pasado– un remanente de 1 millón de toneladas de trigo y de 1,3 millón de toneladas de maíz exportables en forma inmediata. Buena parte de ese remanente ya fue vendido al exterior, por lo que, una vez más, una medida que les llena los bolsillos es ninguneada y van por más, argumentando que no son escuchadas las demandas del sector.
Reducción de los encajes de exportación
En aquella reunión también fue anunciada una reducción de los encajes para la exportación de carne, que se redujeron del 65 al 30 por ciento. En criollo, desde esa fecha los frigoríficos pueden exportar sin restricciones hasta el 70 % de lo que acopian en sus cámaras. Por otra parte, se eliminó el encaje que afectaban a los cortes especiales de alto valor (lomo, bife angosto, cuadril, bife ancho y tapa de cuadril, entre otros), menudencias y termoprocesados. Esto último hace que en realidad el encaje real se situó por debajo del 30 %. Las destempladas declaraciones de algunos productores respecto de que si fuera necesario se negarían a vender la cuota Hilton por la crisis del sector sean de un cinismo que roza la irracionalidad.
Incentivo a la terminación de novillos pesados
Otra de las concesiones que se llevaron los agrogarcas debajo del brazo aquella tarde de julio fue el estímulo al engorde de novillos pesados. El Gobierno, de esta manera, le otorga a los invernadores dos pesos por cada kilo que engorden los novillos hasta un máximo de 100 kilos, pero sólo si están terminados. Técnicamente, un novillo pesado está listo –terminado– cuando alcanza por lo menos los 460 kilos. Hasta ese momento los animales se enviaban a faenar con unos 260 kilos en promedio. La medida se tomó en base al trabajo que el gobierno realizó en conjunto con la Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA), que nuclea a unos 30 consorcios de nueve provincias argentina.
La APEA estimó que en los primeros seis meses de implementación de la medida se podrían sumar al mercado 150 mil nuevos novillos pesados, lo que supone un costo fiscal inicial de 30 millones de pesos. En el Gobierno prevén que en dos años las compensaciones alcanzarían a 2,4 millones de cabezas, elevando el costo a 480 millones de pesos. No obstante, una parte de ese desembolso se recuperaría a partir de los mayores ingresos provenientes de las retenciones, pues la mayoría de los cortes del novillo pesado tienen como destino la exportación.
El titular de Coninagro, Carlos Gareto, que este martes ofició de vocero de la Mesa de Gauchócratas, justificó el lock out en una presunta falta de respuesta a sus “demandas concretas”. Según el dirigente ruralista, el gobierno nacional no aceptó “ninguno de los planteos realizados en materia de lechería, ganadería, trigo, segmentación de retenciones, producciones regionales, emergencia agropecuaria y normativa regulatoria distorsiva, entre otros”. Nada les alcanza, nada les alcanzará.
Nos vemos.
Fuente: Redacción Rosario
No se sabe muy bien por qué, el gobierno nacional no ha salido –en términos sistemáticos y con números en la mano– a brindar su relato respecto de las últimas concesiones al sector, que suman centenares de millones de pesos de costo fiscal. Se sabe, sí, los por qué del silencio de algunas administraciones provinciales que permanentemente reivindican su matriz productiva agropecuaria –Santa Fe y Córdoba, por ejemplo– respecto de esos avances: no quieren mostrar “debilidad” ante sus respectivas sociedades rurales ni que se sospeche algún grado de “complicidad” con el gobierno, al que consideran un apestado del medioevo.
Tampoco queda claro cómo la Iglesia, tan preocupada con el “escándalo” de la pobreza, no se manifieste en contra de la escandalosa omisión de las patronales rurales respecto de los beneficios obtenidos y de los riesgos de desabastecimiento que corren los sectores más postergados, que los impulsores del lock out niegan pero se sabe que termina siendo un factor más de los que incrementan la pobreza. A continuación, las medidas de las que muy pocos hablan.
Subsidio de 500 millones de pesos a la lechería
El 30 de julio de 2009 el gobierno nacional elevó la ayuda de 10 a 20 centavos por litro de leche y amplió la base de beneficiarios al 95 por ciento de los tamberos de todo el país. La medida se anunció en la Escuela de Lechería de Villa María, oportunidad en la que, además, el gobierno respaldó un acuerdo entre productores e industriales que fija una banda de 77 a 81 centavos el precio de litro de leche en el tambo.
El subsidio le cuesta 500 millones de pesos al Estado nacional. La problemática del sector lechero, con la caída internacional de precios, no impidió que se produjera un aumento del 4 por ciento en la producción con respecto al primer semestre del año 2008 y que el país exporte un 14 por ciento más de leche. Si bien no son números espectaculares, están lejos de los vaticinios con olor a terrorismo verbal de quienes prevén que “habrá que importar leche en 2010”, como el tambero Hugo Biolcati.
Cuando se anunció la medida, el presidente de la Mesa Provincial de Lechería de la provincia de Santa Fe, Oscar Poi, sostuvo que “esto da oxigenación, una ayuda al productor para que pueda sortear esta situación donde viene complicado económica y financieramente”. Otro que opinó favorablemente fue Alfredo de Eléspuru, presidente de la Cámara Pampeana de Productores de Leche, quien calificó la decisión gubernamental como “una ayuda muy importante”. Fue más lejos, y sentenció: “Nos salvó la vida”. Sin embargo, el aporte más importante de Eléspuru fue la explicación que le dio a las críticas de los autodenominados “representantes del sector” a nivel nacional: “Se ha invitado a todo el mundo, hay sectores que por ahí no quieren concurrir por cuestiones políticas. Nosotros fuimos y eso no implica que seamos afines o partidarios, nada que ver”.
Automaticidad de los permisos de exportación a la producción granaria, de carnes y lácteos
Desde el 1° de agosto, hace menos de un mes, el gobierno le anunció a la Mesa de Enlace, en una reunión que fue precedida por frases altisonantes de parte de sus integrantes, que se agilizarían los Registros de Operaciones de Exportación (ROE). A partir de ese momento, la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) tarda un máximo de cinco días para otorgar los ROE rojos, que corresponden a la exportación de carnes; los verdes, para todo tipo de granos, y los ROEL, para exportaciones de lácteos. Si bien es cierto que los patrones ruralistas exigían la total eliminación de los ROE, el gobierno argumenta que su mantenimiento sirve para contar con un registro de exportaciones y así poder diseñar políticas públicas para el sector.
Apertura de los registros de exportación de trigo y maíz
Aunque el Gobierno subordina esta apertura al abastecimiento del mercado interno, una posición lógica que apunta a mantener los precios internos a cubierto de las oscilaciones del mercado internacional, lo cierto es que las últimas declaraciones ante la Oncca determinaron que existía –al 1° de agosto pasado– un remanente de 1 millón de toneladas de trigo y de 1,3 millón de toneladas de maíz exportables en forma inmediata. Buena parte de ese remanente ya fue vendido al exterior, por lo que, una vez más, una medida que les llena los bolsillos es ninguneada y van por más, argumentando que no son escuchadas las demandas del sector.
Reducción de los encajes de exportación
En aquella reunión también fue anunciada una reducción de los encajes para la exportación de carne, que se redujeron del 65 al 30 por ciento. En criollo, desde esa fecha los frigoríficos pueden exportar sin restricciones hasta el 70 % de lo que acopian en sus cámaras. Por otra parte, se eliminó el encaje que afectaban a los cortes especiales de alto valor (lomo, bife angosto, cuadril, bife ancho y tapa de cuadril, entre otros), menudencias y termoprocesados. Esto último hace que en realidad el encaje real se situó por debajo del 30 %. Las destempladas declaraciones de algunos productores respecto de que si fuera necesario se negarían a vender la cuota Hilton por la crisis del sector sean de un cinismo que roza la irracionalidad.
Incentivo a la terminación de novillos pesados
Otra de las concesiones que se llevaron los agrogarcas debajo del brazo aquella tarde de julio fue el estímulo al engorde de novillos pesados. El Gobierno, de esta manera, le otorga a los invernadores dos pesos por cada kilo que engorden los novillos hasta un máximo de 100 kilos, pero sólo si están terminados. Técnicamente, un novillo pesado está listo –terminado– cuando alcanza por lo menos los 460 kilos. Hasta ese momento los animales se enviaban a faenar con unos 260 kilos en promedio. La medida se tomó en base al trabajo que el gobierno realizó en conjunto con la Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA), que nuclea a unos 30 consorcios de nueve provincias argentina.
La APEA estimó que en los primeros seis meses de implementación de la medida se podrían sumar al mercado 150 mil nuevos novillos pesados, lo que supone un costo fiscal inicial de 30 millones de pesos. En el Gobierno prevén que en dos años las compensaciones alcanzarían a 2,4 millones de cabezas, elevando el costo a 480 millones de pesos. No obstante, una parte de ese desembolso se recuperaría a partir de los mayores ingresos provenientes de las retenciones, pues la mayoría de los cortes del novillo pesado tienen como destino la exportación.
El titular de Coninagro, Carlos Gareto, que este martes ofició de vocero de la Mesa de Gauchócratas, justificó el lock out en una presunta falta de respuesta a sus “demandas concretas”. Según el dirigente ruralista, el gobierno nacional no aceptó “ninguno de los planteos realizados en materia de lechería, ganadería, trigo, segmentación de retenciones, producciones regionales, emergencia agropecuaria y normativa regulatoria distorsiva, entre otros”. Nada les alcanza, nada les alcanzará.
Nos vemos.
Fuente: Redacción Rosario
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Este paro es contra los grupos concentrados de poder.