Mediocracia
por Enrique DüsselEl "derecho a la libertad de prensa" de la burguesía ante el Estado tradicional (absoluto y mercantil) se ha pasado lentamente al otro extremo: al monopolio de la comunicación en manos de dicha burguesía, ahora trasnacional, globalizada, que ejerce un poder nunca antes visto sobre la opinión pública ciudadana, sobre todo de las masas antes no influenciables por la prensa escrita.
Es decir, contemplamos una mediocracia (el "poder" de los "medios de comunicación") que no sólo se sitúan sobre el Estado, sino también sobre la comunidad política misma. De los tres términos del espectro comunicativo (el Estado, la comunidad política y los medios de comunicación) estos últimos han sojuzgado a los otros dos, en nombre del "derecho a la libertad de prensa".
Entiéndase que la sociedad civil y las empresas privadas de la burguesía pueden tener un derecho a la libre expresión, pero dentro de los límites que debe estipular la Constitución y las leyes correspondientes, cumpliendo con las finalidades propias de los "medios de comunicación". En principio, dicha función ideal sería la educación de la comunidad política en su identidad cultural, en la conciencia de su historia, en el aprendizaje de novedades. El entretenimiento es permitido, pero no puede ser la función ética esencial de los medios de comunicación, que en realidad son la prolongación de la escuela, la universidad, como otra institución social de formación de un pueblo. Sabemos que esto ha sido completamente invertido, pero no por invertido hay que olvidar el sentido de las cosas.
Los "medios" son medios "de comunicación" de una generación dada a la nueva, de conocimientos útiles y morales para fortalecer a la comunidad política. De hecho se han transformado en algo así como el mercado que muestra las mercancías del capital ante potenciales compradores, mediando programas "atractivos" para ganar a la atención a la "publicidad" comercial. Es decir, se han transformado los medios en instrumento de la empresa capitalista, siendo ellos mismos una gran empresa que explota la comunicación, "adormeciendo" la conciencia ciudadana con respecto a los grandes problemas que los acucian cotidianamente.
En efecto, los medios de comunicación cautivan al espectador apresándolos con la imagen, el sonido, dando el sentido a la cotidianidad, sea política, cultural o económica. La mayoría de los espectadores se tornan impotentes de poder reaccionar ante la mediocracia, ante el monopolio de la comunicación en manos de grandes consorcios.
De un "derecho a la libertad de prensa" se ha pasado al "monopolio despótico del mensaje cifrado", discurso de dominación antidemocrático sin contrapartida, sin competidor posible. La comunidad política no puede ejercer su "derecho a una información veraz" (tercer polo de la comunicación, junto a los medios de comunicación y el Estado). La comunicación, un bien público esencial, ha sido secuestrada contra la ciudadanía, que como pasivo espectador es constituido en su subjetividad más íntima (en sus deseos, sus interpretaciones, su sentido de la existencia cotidiana) según la voluntad omnipotente de los medios.
Por ello es necesario que el Estado ejerza sus derechos de conceder o no, de concursar públicamente, o de penalizar cuando un medio no cumpla con la legalidad estatuida. Al otorgársele a un medio la posibilidad de comunicarse con la comunidad política no lo priva de cumplir sus obligaciones. Si, por ejemplo, participa activa y directamente en un "golpe de Estado" es evidente que el Estado puede en el momento del término de la concesión privarle de la posibilidad de dicho ejercicio. Es lo que ha acontecido en Venezuela. El enorme escándalo que los mismos medios de comunicación han organizado indica que temen en América Latina perder el ejercicio monopólico injusto que los estados irresponsables ante su propia población les habían concedido.
Los pueblos latinoamericanos, que comienzan a saber elegir a su gobernantes (como en Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Nicaragua), empiezan también a tomar conciencia que habrá que ordenar constitucional y legalmente a los medios de comunicación, que de un ejercicio mediocrático deberá en el futuro descubrir su sentido cultural y educativo al servicio del pueblo.
En este caso dicho pueblo podría ejercer el "derecho a la comunicación veraz" que los medios de comunicación en manos de los intereses privados del mercado globalizado no le permiten cumplir. El Estado debería igualmente reasumir su papel rector en la comunicación, que es también un bien público y del cual hay que garantizar la libertad democrática eliminando monopolios (o duopolios) mediocráticos.
La expresión de las masas populares por medios de comunicación comunitaria es igualmente un "derecho a la libertad de prensa" del pueblo (no sólo de los medios de comunicación al servicio del capital), de los ciudadanos, que debe protegerse y alentarse como esencia de la democracia.
Lo que acontece en Venezuela (por negar legalmente una concesión) y en México (en cuanto a la posibilidad de superar el duopolio existente) son buenas noticias.
Nos vemos
Es decir, contemplamos una mediocracia (el "poder" de los "medios de comunicación") que no sólo se sitúan sobre el Estado, sino también sobre la comunidad política misma. De los tres términos del espectro comunicativo (el Estado, la comunidad política y los medios de comunicación) estos últimos han sojuzgado a los otros dos, en nombre del "derecho a la libertad de prensa".
Entiéndase que la sociedad civil y las empresas privadas de la burguesía pueden tener un derecho a la libre expresión, pero dentro de los límites que debe estipular la Constitución y las leyes correspondientes, cumpliendo con las finalidades propias de los "medios de comunicación". En principio, dicha función ideal sería la educación de la comunidad política en su identidad cultural, en la conciencia de su historia, en el aprendizaje de novedades. El entretenimiento es permitido, pero no puede ser la función ética esencial de los medios de comunicación, que en realidad son la prolongación de la escuela, la universidad, como otra institución social de formación de un pueblo. Sabemos que esto ha sido completamente invertido, pero no por invertido hay que olvidar el sentido de las cosas.
Los "medios" son medios "de comunicación" de una generación dada a la nueva, de conocimientos útiles y morales para fortalecer a la comunidad política. De hecho se han transformado en algo así como el mercado que muestra las mercancías del capital ante potenciales compradores, mediando programas "atractivos" para ganar a la atención a la "publicidad" comercial. Es decir, se han transformado los medios en instrumento de la empresa capitalista, siendo ellos mismos una gran empresa que explota la comunicación, "adormeciendo" la conciencia ciudadana con respecto a los grandes problemas que los acucian cotidianamente.
En efecto, los medios de comunicación cautivan al espectador apresándolos con la imagen, el sonido, dando el sentido a la cotidianidad, sea política, cultural o económica. La mayoría de los espectadores se tornan impotentes de poder reaccionar ante la mediocracia, ante el monopolio de la comunicación en manos de grandes consorcios.
De un "derecho a la libertad de prensa" se ha pasado al "monopolio despótico del mensaje cifrado", discurso de dominación antidemocrático sin contrapartida, sin competidor posible. La comunidad política no puede ejercer su "derecho a una información veraz" (tercer polo de la comunicación, junto a los medios de comunicación y el Estado). La comunicación, un bien público esencial, ha sido secuestrada contra la ciudadanía, que como pasivo espectador es constituido en su subjetividad más íntima (en sus deseos, sus interpretaciones, su sentido de la existencia cotidiana) según la voluntad omnipotente de los medios.
Por ello es necesario que el Estado ejerza sus derechos de conceder o no, de concursar públicamente, o de penalizar cuando un medio no cumpla con la legalidad estatuida. Al otorgársele a un medio la posibilidad de comunicarse con la comunidad política no lo priva de cumplir sus obligaciones. Si, por ejemplo, participa activa y directamente en un "golpe de Estado" es evidente que el Estado puede en el momento del término de la concesión privarle de la posibilidad de dicho ejercicio. Es lo que ha acontecido en Venezuela. El enorme escándalo que los mismos medios de comunicación han organizado indica que temen en América Latina perder el ejercicio monopólico injusto que los estados irresponsables ante su propia población les habían concedido.
Los pueblos latinoamericanos, que comienzan a saber elegir a su gobernantes (como en Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Nicaragua), empiezan también a tomar conciencia que habrá que ordenar constitucional y legalmente a los medios de comunicación, que de un ejercicio mediocrático deberá en el futuro descubrir su sentido cultural y educativo al servicio del pueblo.
En este caso dicho pueblo podría ejercer el "derecho a la comunicación veraz" que los medios de comunicación en manos de los intereses privados del mercado globalizado no le permiten cumplir. El Estado debería igualmente reasumir su papel rector en la comunicación, que es también un bien público y del cual hay que garantizar la libertad democrática eliminando monopolios (o duopolios) mediocráticos.
La expresión de las masas populares por medios de comunicación comunitaria es igualmente un "derecho a la libertad de prensa" del pueblo (no sólo de los medios de comunicación al servicio del capital), de los ciudadanos, que debe protegerse y alentarse como esencia de la democracia.
Lo que acontece en Venezuela (por negar legalmente una concesión) y en México (en cuanto a la posibilidad de superar el duopolio existente) son buenas noticias.
Nos vemos
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