27 de febrero de 2009

Cepo financiero

La Federación de empleados municipales de Santa Fe (FESTRAM) elaboró una propuesta que incrementará la coparticipación a los gobiernos comunales en 127 millones de pesos/año, lo que implicaría en aumento en términos relativos del 13%. Hoy se cuestiona el sistema tributario provincial, profundizando el modelo fiscal implantado en la década del 90 con la instrumentación de los Pactos Fiscales.

El “corazón” de esta política fue precisamente, la política fiscal y su impacto sobre las cuentas públicas. La reforma del sistema previsional, traducido esencialmente en su privatización y transferencias a las AFJP, la rebaja de aportes patronales y el incremento de la deuda pública por vía de intereses generaron un traspaso de recursos del Estado al sector privado y específicamente al sector financiero de más de 150.000 millones de dólares.

Entre 1994 y 2001, el Estado Nacional dejó de recaudar 70.000 millones de los cuales 30.000 correspondieron a los aportes que pasaron a manos de las AFJP y 40.000 al sector privado por la recaudación de los aportes patronales. Parte de estos baches fiscales se cubrieron con endeudamiento y los intereses de la deuda pública en el mismo período creció a 83.000 millones de dólares.

Paradójicamente, el gasto operativo del Estado se mantuvo constante, por lo que el déficit fiscal y la supuesta explosión del gasto público, está concentrada en la fabulosa transferencia de ingresos que se produjo del Estado (de las contribuciones de los sectores mayoritarios de la población a ese 10% de los sectores altos que se beneficiaron con el incremento del 22,6% en su participación del PBI, en desmedro del conjunto de la sociedad) a pequeños sectores privados fundamentalmente vinculados al capital financiero.

Para tener una idea, en 1990 la coparticipación constituía el 10,03% del total de los recursos del Sector Público Provincial, mientras que en el 2006, representaba el 7,22%. Así mismo mientras en 2003 el impuesto a las propiedades impactaba en un 17,05% sobre el total de la recaudación provincial, en 2007 sólo alcanza el 9,5%; ello se traduce en una severa reducción de los ingresos comunales que constitucionalmente son titulares del 50% de ese tributo.

Mucho más grave aún, si observamos que en el mismo período la tierra agrícola en la zona núcleo de Argentina trepó como promedio en un 147,63% llegando a incrementos del 499% en las zonas más rentables de la Provincia de Santa Fe. Sin embargo en Alcorta, una hectárea valuada en $ 41.850.- pagará solo $ 3,00 en la cuota 3 del impuesto inmobiliario, según boletas de API; en tanto el incremento de los valores inmobiliarios en dólares/m2 en el período 2003-2008 asciende a un 168% promedio en las ciudades del interior de la Argentina. Solo en la ciudad de Santa Fe, el incremento superó el 111%, de esta forma una propiedad ubicada en la capital santafesina cuyo valor (en la seccional tercera) es de $ 1.750.- el m2, abonará como cuota 3 del inmobiliario $ 37,50/m2 según el API.

La aplicación de los pactos fiscales a instancias del FMI implicó entre otras la desgravación en los Ingresos Brutos a sectores vinculados con la economía primaria, incrementándose la presión tributaria sobre los sectores productivos y de servicios que son generadoras de empleo genuino. En la actualidad, con una economía en crecimiento cercano al 9% anual y con un modelo de desarrollo absolutamente distinto a la década del 90 aún perduran estas desgravaciones y en definitiva, estos sectores que participan del 13,2% del PBI geográfico de la provincia de Santa Fe, no pagan este impuesto. Completan el cuadro de participación: Industria Manufacturera 28,70%; Comercio 11,20%; Empresariales y de alquiler 16,80%; Construcciones 6,60%; Transporte, almacenamiento y comunicaciones 7,40%; Seguridad Social y Enseñanza 3,70% Servicios sociales, de salud y personales 2,50% e Intemedicación financiera 1,70%

De allí que la médula de la propuesta consista en 1) eliminar las exenciones  a las facturaciones superiores a los 350 mil pesos/año y 2) el retorno a la participación del inmobiliario al 17,5% permitirán alcanzar los 127 millones/año de incremento a la coparticipación a municipios y comunas.

Resta aún, tratar el Presupuesto 2009 que legisladores propios del oficialismo deben ponerse de acuerdo y que Binner saque del freezer el proyecto de modificación de los tributos provinciales en beneficio de miles de santafesinos socialmente vulnerables que, todos los días deambulan en busqueda de soluciones a sus problemas.

Nos vemos


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