2 de febrero de 2008

BINNER Y LA REGIONALIZACION: REDISTRIBUCION DEL INGRESO

la destrucción de las economías regionales en cuanto a modelo de crecimiento en la década menemista es de tal magnitud que únicamente con esfuerzo y perseverancia común se lograra restablecer el equilibrio. Aún cuando el uso del suelo signifique para los que supieron leer que la convertibilidad era igual a acumulación de capital y hoy tienen sus dividendos, la sojización (como claro ejemplo) de nuestra provincia trae un crecimiento notable del empobrecimiento de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Traslademos la idea a la Argentina toda. La globalización y los acuerdos económicos regionales diluyen las fronteras nacionales y debilitan los instrumentos tradicionales de política monetaria y fiscal. A ello se suma la tendencia a reafirmar el papel del mercado. Todo ello transfiere parte sustancial del anterior protagonismo del estado nacional, por un lado, a reglas de funcionamiento de los negocios privados, y por otra a los gobiernos provinciales y locales. Éstos se encuentran hoy, repentinamente, expuestos a los efectos de los cambios bruscos y profundos de la economía mundial contemporánea. Condicionamientos ideológicos, en buena medida sustentados por las debilidades de la intervención, y las restricciones fiscales, han reducido las capacidades de acciones compensadoras. Esto es, disminuye el respaldo anterior del gobierno nacional, como amortiguador de las desigualdades (e impactos locales) sobre las jurisdicciones de menor nivel.

En el mismo sentido, en el frente externo la globalización y los acuerdos regionales operan conjuntamente reduciendo el grado de independencia en la política económica de los países y diluyendo la capacidad compensadora y arbitral del estado nacional entre territorios. Para fortalecer las capacidades de los gobiernos provinciales y municipales, se propone la formación de regiones.

Luego de la jornada de trabajo en el nodo Reconquista que organizó el Ministerio de Gobierno de Binner, quedó al desnudo la inacción de las políticas públicas del gobierno de Obeid en el sentido de la mejora estructural que demandan los presidentes de comuna e intendentes para, precisamente, generar un desarrollo social armónico; no solo eso, también se desnudó la inacción en el ámbito de la salud, de la educación y de la producción.

Sin dudas que promover la partición del territorio provincial en nuevas zonas (en cierto modo, siempre "artificiales" o "convencionales") tiene el propósito de aplicar de manera más eficaz medidas de orden económico-social. Estas regiones "de acción política" (o regiones "de planificación", en términos de la vieja bibliografía) consisten, en definitiva, en áreas con respecto a las cuales son pertinentes las decisiones económicas y la aplicación de instrumentos de política.

Ahora bien, la regionalización obviamente señala límites espaciales, y se respalda en la pretensión y búsqueda de una estructura administrativa de acción. Pero ésta, como toda estructura, tiene un alto grado de estabilidad en el tiempo, mientras que las cambiantes condiciones actuales generan alteraciones frecuentes de la estructura económica espacial “real”.

En cuanto a los múltiples objetivos sociales, como límite lógico, se podría construir con fines de política una regionalización particular, una "zonificación", para cada objetivo independiente. Lo cual es un imposible a todas luces. Una regionalización que los contemple a todos es más integral, pero también más compleja. Lo dicho hasta ahora nos habla de que la regionalización (aún cuando estuviera, en origen, acertadamente construida) puede llegar a resultar una dificultad, un impedimento, y no un aspecto positivamente influyente.

Existen criterios de construcción "desde arriba" y "desde abajo". Se trata pues de impulsar la construcción institucional para implementar acciones de política que permitan adaptarse en forma eficaz a los nuevos escenarios. Es necesario comprender que lo que estamos discutiendo, gobernantes y gobernados, es una nueva distribución de los ingresos.

La organización federal del país que establece la Constitución Nacional, los gobiernos provinciales tendrían una cuota muy importante de responsabilidad en el desarrollo de sus propias regiones. Sin embargo, en la práctica, la centralización de recursos en el nivel nacional ha implicado una fuerte transferencia del poder de decisión real hacia el nivel central y esto ha diluido las responsabilidades de los gobiernos locales y ha generado una perversa estructura de incentivos en la gestión de las administraciones provinciales, donde se premian más los contactos con el gobierno central que el esfuerzo y la responsabilidad propios.

A través del sistema impositivo que existe actualmente, el gobierno central ha tendido a acaparar una exagerada proporción de la recaudación tributaria y con estos recursos públicos se ha dedicado a “ayudar” a los gobiernos locales en el cumplimiento de sus funciones, a través de múltiples transferencias y programas nacionales. Este esquema de “ayudas” diseñadas y administradas por gobierno central no resuelve los problemas locales y, en muchos casos, tiende a agravarlos.

El camino hacia un desarrollo territorial más armónico requiere diseñar un modelo institucional superador del esquema actual de distribución de “ayudas” gestionado desde el gobierno central. La clave es un nuevo modelo que asigne las responsabilidades y otorgue los recursos automáticamente a los propios gobiernos provinciales. Para que los gobiernos provinciales asuman las responsabilidades de disminuir la pobreza y mejorar la distribución territorial del ingreso, es crucial que los recursos públicos que recauda el gobierno nacional sean distribuidos de manera automática y no bajo un esquema de “ayudas” o planes nacionales diseñados y administrados centralmente por el gobierno nacional. El compromiso del gobierno nacional con el desarrollo armónico de toda la geografía del país debiera materializarse a través de garantizar un esquema de distribución de recursos públicos que opere como compensador de las asimetrías regionales y que funcione de una manera transparente y automática.

Estos dos elementos – descentralización con desarrollo del capital social – son consistentes con la noción de que no habrá un real desarrollo integrado, armónico e inclusivo sin una renovación institucional del sector público, tanto en el ámbito nacional como en el provincial y municipal. Una acción muy importante es que se establezca en todos los niveles un sistema de monitoreo y evaluación de resultados de los programas públicos. En la medida que los sistemas de información de las provincias produzcan información confiable y completa sobre los programas públicos locales, la sociedad civil de cada lugar podrá demandar y contribuir a encontrar soluciones a los problemas existentes. La producción y difusión de esta información permitiría a la sociedad civil controlar el uso de los recursos, monitorear la gestión pública y promover que el sistema político genere alternativas para mejorar la situación económica y social local.

La regionalización que esta poniendo en marcha el gobernador de Santa Fe tiene como objetivo fundamental generar una armonía de crecimiento en todo el territorio provincial. Cambiar el modelo socio-económico. Romper con las asimetrías. Y en este tren estamos todos, los que no entienden la dinámica de la geopolítica y los movimientos constantes de los factores de la producción, los que no entienden que los problemas sociales exceden las acciones de gobierno y que la reconstrucción es entre todos se queda como el viejo Matías, aquel personaje de la canción de Víctor Heredia: solo en el anden hablándole a las paredes.


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