Deuda del grupo Vicentín SAIC. Las diferencias con Molino Cañuelas

Fue noticia que el grupo CIMA adquirió la deuda que Vicentin mantenía con un grupo de bancos internacionales, en el marco del proceso de concurso preventivo que tramita desde 2020 en el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, a cargo del magistrado Fabián Lorenzini. La operación, que involucra USD 447.194.396,91, fue formalmente notificada en el expediente judicial el 17 de diciembre de 2024, luego de concretarse el 12 de noviembre.

Antonela Betiana Miño, representante legal de un conjunto de corporaciones financieras internacionales que son parte del concurso de Vicentin, comunicó al Juzgado de Primera Instancia, Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista que una empresa argentina adquirió los créditos concursales de esas entidades.

Según informó CIMA, la transacción incluye créditos cedidos por varias entidades financieras del exterior. Se trata de las acreencias concursales de  (IFC), Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO), Natixis New York Branch, Coöperatieve Rabobank, MUFG Bank, ING Bank NV y Sumitomo Mitsui Banking (SMBC), las cuales, en conjunto, representan una suma de 447,1 millones de dólares.

Quien es CIMA

La empresa argentina en cuestión es CIMA Investments S.A., propiedad de Esteban Antonio Nofal, hijo de Luis Benjamín Nofal, quien, junto a Carlos Ávila, creó la firma Torneos y Competencias S.A. (actualmente sólo “Torneos”). 

Esteban Nofal, quien integra el directorio de Torneos y Competencias, fue socio de Alejandro Burzaco en esa sociedad, donde se desempeñó además como CEO hasta diciembre de 2015, cuando fue despedido luego de que declarada como arrepentido en EE.UU. en la causa judicial conocida por “FIFA Gate”, la cual desnudó la corrupción presente en el fútbol internacional. En la justicia argentina Burzaco sigue imputado por los delitos de evasión tributaria, asociación ilícita fiscal y encubrimiento de activos procedentes de actividades ilícitas.

Nofal también integra el capital de CIMA Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión SA, CIMA Agente Productor SA y Emprendimientos Tupungato SA, entre otras firmas.

El acuerdo de rescate del concurso de Vicentin –proceso que se inició en febrero de 2020– ya cuenta con las mayorías necesarias para poder homologarse y proceder con la compra de los bienes de Vicentin por parte de un grupo conformado por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Bunge y Viterra.

Sin embargo, para poder avanzar con la homologación de la propuesta de rescate es necesario que los jueces penales que tramitan causas contra ex directivos de Vicentin levanten las medidas cautelares dispuestas sobre los bienes de la concursada.

En ese marco, el juez concursal Fabián Lorenzini solicitó a los Tribunales Penales de la ciudad de Rosario –que llevan adelante causas por presunta estafa, asociación ilícita y administración fraudulenta contra ex directivos de Vicentin– que levanten las cautelares contra la compañía agroindustrial santafesina. En caso de que no se acceda a tal pedido, Lorenzini solicitó elevar la cuestión a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe para que dirima en el conflicto.

La cuestión es que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe resolvió en octubre pasado admitir un recurso de inconstitucionalidad solicitado por la empresa Commodities SA del grupo Grassi, que pretende frenar la homologación del concurso de acreedores de Vicentin para poder implementar un cramdown, proceso en el cual diferentes propuestas de rescate compiten entre sí para intentar obtener la mayoría necesarias para lograr la homologación final.

Las diferencias con el concurso de Molino Cañuelas

¿Por qué el concurso de Molinos Cañuelas y CAGSA ya está prácticamente finalizado y el de Vicentin SAIC sigue en “veremos” a pesar de haberse declarado en cesación de pagos casi dos años después? La respuesta es que la propuesta de familia Navilli se focalizó en convencer a los entidades financieras internacionales, que conforman el grueso del capital concursal.

La propuesta en realidad son tres, la primera de las cuales, denominada “A”, es la que eligieron la mayor parte de las entidades financieras foráneas. Consiste en un único pago al contado equivalente al 12,5% del crédito concursal. No parece mucho, pero se abonará en dólares estadounidense.

Para los acreedores locales, en cambio, las deudas en pesos serán valorizadas en dólares al tipo de cambio vigente al momento de la cesación de pagos (97,8 $/u$s), pero se abonarán en pesos argentinos.

La segunda alternativa (opción “B”) consiste en un pago inicial del 4,0% más un 9,5% y un 14% a los 180 y 365 días de la firma de la homologación del acuerdo respectivamente. A partir del segundo año de vigencia, se aplicarán cuotas anuales de 16.6%, 19.1%, 22,4% y 14.4%. No se considera la actualización por inflación en este caso.

La opción “C” comprende el 100% de la acreencia concursal, pero se abona en el transcurso de un plazo de catorce años, de los cuales los primeros ocho contemplan un porcentaje mínimo del capital.

En esta alternativa sí se devengan intereses no capitalizables sobre el saldo del crédito a una tasa creciente anual que durante los primeros años no llega a cubrir a depreciación proyectada del dólar estadounidense, aunque luego eso se compensa de manera progresiva.

La propuesta “C” contempla el grueso de los pagos en el último tramo del plazo propuesto, lo que incrementa el riesgo ante la dificultad para poder proyectar la situación vigente dentro de una década.

En garantía del pago de las opciones “B” y “C”, Molino Cañuelas y CAGSA constituirá un fideicomiso en garantía sobre las siguientes marcas en todas sus clases: “Cañuelas, “Pureza”, “9 de Oro”, “Pigüé”, “Letizia”, “Paseo” y “Mamá Cocina”. Es decir: todos bienes intangibles.

Si bien las tres propuestas de pago presentadas (contado, corto plazo y largo plazo) no convencieron a buena parte de los acreedores granarios y comerciales, ahora, con la mayoría lograda, es muy probable que tengan que elegir una de esas opciones para recuperar parte de su capital.

El concurso preventivo involucró a más de 650 acreedores y un pasivo quirografario de 1290 millones de dólares, donde se contó con el 89,0% de respaldo de los titulares de la deuda quirografaria que representan al 60% de los acreedores.

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Fuente: Bichos de Campo