por Gerardo Rico, Diputado Provincial
"La verdadera intencionalidad de las acciones de gobierno se traducen por el rumbo que toman en un tiempo determinado.
El gobernador Hermes Binner ha paralizado durante un año todo aporte a la presentación realizada por la Comisión Investigadora No Gubernamental de Familiares de Víctimas de Diciembre de 2001.
Este diputado como primera presentación en su función inicia el proyecto de comunicación solicitando al Ejecutivo santafesino informe sobre la reunión -que dos días antes mantuviera con dicha comisión-; el rumbo que se daría a las propuestas y los aportes que la Legislatura, como poder del Estado, puede efectuar. El cuerpo lo aprobó el 27 de diciembre de 2001.
Tres meses y 19 días después se inicia el expediente 00101-0175752-5 (que invito a la ciudadanía consultar periódicamente en www.santafe.gov.ar) por ante el Ministerio de Justicia primero y luego ante el de Gobierno.
Al día de hoy, y desde el 21 de julio del 2008, se encuentra cajoneado en la Subsecretaría Legal y Técnica del último mencionado. Todo el trámite cuenta con sólo las cuatro fojas iniciales, o sea que nada tuvo que informar ningún área en la friolera de casi nueve meses. Está cajoneado, obviamente.
Ya en junio, luego de manifestaciones de miembros de la comisión, volvimos a insistir sobre la falta de respuestas. Hace pocos días, los mismos miembros, ya convencidos de la inacción, denuncian abiertamente los hechos.
Como siempre lo hicimos, elevamos nuestra voz e indignación como representantes del pueblo santafesino ante tamaña falta de respeto a la memoria de los nueve asesinados en aquellas jornadas en territorio provincial y acompañamos en sus peticiones por la verdad a la comisión no gubernamental.
Binner entonces sale y escamotea la intención de su acción diciendo que no puede interferir ante la Justicia, y que nada pudo hacer. No pensó eso cuando utilizó virtualmente en su campaña este hecho para captar votos.
Con sólo quitar las vallas de la Casa de Gobierno como hecho simbólico no rompe los muros del silencio que apañan la impunidad.
Hace pocos días, con el dictamen de la Cámara de Casación tuvimos la prueba palpable que el manipuleo de la dilación en el tiempo por los mismos que lo deben instar, provoca leguleyos argumentos en beneficio de los culpables. Salvando las distancias, es lo mismo, el método es el mismo.
Están dados todos los hechos que ameritan un encauzamiento definitivo a una actitud rectora del Ejecutivo: están los querellantes, está el Legislativo exteriorizando su voluntad de aportar, están los juristas que interpretan profundizar con hechos nuevos la reapertura de causas, están los archivos que en forma inmediata deben exponerse. Nada hace que el Ejecutivo no dé un paso al frente y termine con la dilación.
Su inacción, entonces, determina y desenmascara la verdadera intencionalidad.
Lamentablemente, y es duro admitirlo en la máxima jerarquía provincial: Binner miente. Ya no hay margen para seguir tapando con simbolismos desprovistos de profundidad hechos cruciales que vinieron sucediendo a lo largo de un año de gestión.
El Ejecutivo nacional nos demostró en su política de derechos humanos cómo tomar el toro por las astas, ejecutar acciones concretas para desatar lo atado, aún ante una Justicia sorda, ciega y muda; ante una formidable "impunidad estructural" como lo definieran las Naciones Unidas.
Sobre los hechos de diciembre del 2001, reiteramos la convocatoria a toda la ciudadanía a expedirse; a dirigirse al Ejecutivo, al Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado. A no expedirse con generalidades por la prensa. A convocar una urgente reunión con el Legislativo, con la Comisión No Gubernamental, con los fiscales y juristas, y establecer urgentemente vías de acción para que el mero paso del tiempo no opere como amigo de la impunidad.
Siete años de negación de justicia son elocuentes. Si cada acto sólo administrativo nos va a llevar más de un año, entonces la intencionalidad está manifiesta."
Nos vemos
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