La tormenta imperfecta

Existe una desproporción entre la constitución del Fondo del Bicentenario para garantizar el pago de vencimientos de deuda pública en 2010 y las repercusiones motorizadas por varios sectores políticos: recurso de amparo ante la Corte Suprema, presentaciones judiciales, anuncios catastrofistas. Porque en rigor, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) no hace más que anticipar por unos meses lo que iba a ocurrir de cualquier forma durante el año, a medida que se produjeran los vencimientos de la deuda pública denominada en dólares: la compra de esas divisas por el Tesoro al Banco Central, lo cual iba a disminuir igual de modo puntual las reservas internacionales.

No se trata entonces del “uso de las reservas” para pagar deuda lo que surge como problemático. El nivel de estas reservas es más que suficiente para cubrir las necesidades del comercio exterior, desalentar presiones especulativas y administrar el tipo de cambio; además, las perspectivas para 2010 apuntan a un nuevo excedente en la cuenta corriente de la balanza de pagos (estimado en 10 mil millones de dólares) y a la acumulación de más reservas.

Si el problema fuera que no tenemos suficientes reservas, entonces habría que cesar todo pago de deuda externa, con o sin Fondo del Bicentenario, lo que los críticos a esta medida no parecen estar sugiriendo. Este punto debe quedar claro: toda operación de balanza de pagos afecta, de modo positivo o negativo a las reservas. El pago de deuda externa no es una excepción. Es absurdo postular la intangibilidad de las reservas, como sería ilógico para cualquier empresa o particular negarse a usar el dinero depositado en su cuenta bancaria.

¿Cuál es el problema entonces? Podría ser la fuente de los pesos con los cuales el Tesoro adquiere los dólares: en este caso es un préstamo del Banco Central al Tesoro, materializado por un bono público que recibe la entidad monetaria. Esto podría exceder las limitaciones que impone la Carta Orgánica del Banco Central (artículo 20) para el financiamiento del gobierno nacional mediante “adelantos transitorios”. Pero aunque fuera este el caso, el DNU tiene fuerza de ley mientras no sea rechazado por el Congreso y la ley más reciente modifica a la más antigua.

Tampoco puede pretenderse que se trate de un financiamiento desorbitado: su monto es de cerca de 2 por ciento del PIB, que podemos comparar con el apoyo a la economía que prestó la Reserva Federal de Estados Unidos en el último cuatrimestre de 2008: 1,3 billón de dólares, o sea más de 9 por ciento de su producto interno bruto (PIB) de ese año. No sólo se trata de un financiamiento del Banco Central que en términos internacionales es muy moderado, sino que ni siquiera tendrá impacto monetario en la medida en que se utilice para pagar deuda denominada en dólares: el Banco Central depositará dólares en una cuenta del Tesoro nacional en ese mismo banco, que la utilizará para pagar deuda en dólares, sin que esto altere la cantidad de moneda en la economía.

Tampoco puede honestamente presentarse esta medida como la muestra de un descontrol fiscal. Pese a la política contracíclica que expandió el gasto público y al impacto de la crisis sobre la recaudación tributaria, la Argentina es de los pocos países que en 2009 presentaron cuentas fiscales cercanas al equilibrio: el año cerrará probablemente con un pequeño excedente fiscal primario, no con un déficit gigantesco e inmanejable como en otras épocas.

Asistimos entonces a una tormenta en un vaso de agua. Ninguno de los aspectos de la creación del Fondo del Bicentenario sale de lo que en cualquier otro lado se vería como gestión normal de gobierno. No genera ni revela ningún desequilibrio externo, ni fiscal, ni monetario. Busca dar a los operadores financieros una muestra de solvencia que acelere la reducción del “riesgo país”, mejore y abarate el acceso al crédito para el sector público y el privado, sin que ello signifique volver a depender de los capitales externos; de allí la urgencia del decreto. ¿Por qué tanto revuelo?

Lo que ocurre es que esta medida pone en evidencia la contradicción entre un modelo económico que ha recuperado la capacidad para instrumentar políticas activas de desa-rrollo económico e integración social y los resabios todavía poderosos de la política neoliberal del Proceso y de los años ’90.

Nos vemos.


Sobre textos de Eric Calcagno