8 de abril de 2010

En la dirección correcta

Una de las líneas del Club es marcar los devastadores efectos de la política neo-liberal de la década del '90, haciendo hincapié en la destrucción de las economías regionales en todos los eslabones de la cadena productiva. Felizmente, desde el 2003 en adelante se establecieron parámetros y líneas para posibilitar el recupero de muchas fábricas en manos de sus empleados y obreros, bajo la figura de cooperativas de trabajo.

El marco legal para la recuperación de empresas está en la dirección correcta. La recuperación de empresas es una de las estrategias utilizadas por los trabajadores para hacer frente a la pérdida del trabajo resultante del cierre empresarial. La actual ley de quiebras y concursos constituye uno de los mayores obstáculos que los trabajadores deben enfrentar en su desobediencia al desempleo. Dado que dicha ley tiene como finalidad central la liquidación de la empresa y no su continuidad productiva, la posibilidad de que los trabajadores se hagan cargo de estas empresas en crisis está principalmente supeditada a la sanción de leyes específicas que transfieran –transitoria o definitivamente– los bienes a los trabajadores. Por estos motivos, la modificación de la ley de quiebras es un reclamo histórico de los diversos nucleamientos de empresas recuperadas.

En este sentido, la propuesta de modificación de esta ley anunciada recientemente por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, constituye –en el caso de lograrse– un sustantivo avance para el crecimiento de estas experiencias autogestivas de sostenimiento de fuentes de trabajo. Una reforma que promueva la continuidad inmediata de la producción a través de los trabajadores organizados en cooperativas de trabajo, jerarquice los créditos laborales y habilite la adjudicación directa de las empresas a las cooperativas es, sin lugar a dudas, un importante aliciente institucional para un proceso que ha tenido su origen en la acción directa de la fuerza de trabajo.

Queda claro que dicha reforma no resuelve todos los obstáculos que se les presentan a estos trabajadores en su avance sobre la dirección de la producción. Por ejemplo, podrá objetarse con razón que los beneficios de la reforma propuesta no alcanzan a todas las recuperaciones. La vía institucional de acceso a la tenencia de la unidad productiva que se abre a través de esta reforma contempla sólo a los casos en que existe quiebra de la antigua empresa. La adjudicación directa es factible para los casos en los cuales los trabajadores tienen condiciones en el mediano plazo de financiar con sus acreencias laborales, gestión productiva y otros recursos la compra de los bienes.

Más allá de estas limitaciones, la reforma en cuestión representa un avance frente a la situación existente y no impide seguir luchando por mayores logros. Podrá cuestionarse también la intencionalidad del gobierno nacional. Si la intención es la de promover el proceso de recuperaciones, ¿por qué esta reforma no se realizó cuando la fuerza política en el Gobierno contaba con un Congreso más afín? En los hechos, a fines de 2004 existió un proyecto de reforma a la ley de quiebras que alcanzó media sanción, pero luego no prosperó por falta de apoyo político. En este sentido, el anuncio de la Presidenta muestra que la política no es la simple resultante de una intencionalidad originaria y preexistente de los actores; por el contrario, ejemplifica cómo la dinámica de los conflictos entre fuerzas sociales abre permanentemente nuevas perspectivas, desencadenando situaciones originales. También advierte que el anuncio de la reforma no es garantía de su materialización, sino que es necesario construir una fuerza social que permita su viabilidad.

Por último, quizás se escuche también objeciones que expresen el egocentrismo político tan habitual hoy en día, donde la evaluación de lo correcto o incorrecto de una medida política depende no de la medida en sí, sino de quién es el actor que la enuncia. La relación crítica necesaria con el Gobierno no puede implicar sabotear los avances; por el contrario, se necesita sumar en las metas comunes aun cuando los intereses que las nutran no necesariamente sean compartidos. Cualquier semejanza con otros hechos del presente no es sólo mera coincidencia, forma parte del signo distintivo de un proceso de cambio social que, como siempre en la historia, se presenta bajo formas contradictorias y no asume las formas idílicas con las cuales tienden a representarlo nuestras culturas de izquierda.

Nos vemos


Sobre un trabajo de Julian Rebon y Rodrigo Salgado, Investigadores UBA-Conicet, integrantes del Observatorio Social sobre Empresas Recuperadas y Autogestionadas (Instituto Gino Germani-UBA).

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