31 de enero de 2010

Memorias, política e historia

“Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, sino precipitar el momento". Walter Benjamin

Cuando hablamos de la historia, se nos (re)presenta en nuestro imaginario social la idea de que la historia es homogénea, única y oficial. De modo que es impensable para ese imaginario ver a la historia como un campo de luchas, de elecciones, de combates, en donde el sujeto intervenga y produzca su propio tiempo de existencia. Por este motivo, nos resultan pertinentes los aportes de Pilar Calveiro (2008) acerca de que la memoria puede adquirir toda su potencialidad de ser un instrumento de resistencia, en tanto y en cuanto la memoria pueda establecer una presencia del pasado en el presente, visibilizando las formas de dominación que se constituyeron en el ayer y continúan siendo hoy.

No obstante, es importante decir que no se trata de una guerra por la representación de la historia, sino de una batalla cuyo campo es la historia misma. A su vez, en esta disputa cobran relevancia los atributos de los discursos y las políticas de la memoria, que son capaces de trazar las asimetrías respecto del poder. Por eso, nos parece central ligar los conceptos de historia, memoria y política, ya que es a través de las memorias entendidas como territorios que se producen intervenciones (formas de práctica política) que los configuran como campos de batalla de las representaciones simbólicas de nuestros pasados en la historia. En este sentido, la historia es un relato institucional de un proyecto político; relaciones de poder instituidas que convalidan el proyecto dominante hacia el pasado pero también en el presente y hacia el futuro.

Llevar a cabo la desnaturalización del sentido común de la historia oficial, nos revelaría la importancia de la concepción de una historia otra. Jameson (1989) nos propone pensar la existencia del inconsciente político de la historia oficial. Este implica otra temporalidad y otro sujeto contrapuestos a la violencia basada en la idea del progreso, que anula nuestra historia y la posibilidad de intervención en ella para transformarla.

Uno de los obstáculos más destacados para una mirada crítica de la historia, al decir de Walter Benjamin, es lo que sucede con los momentos invisibles que en ella se encuentran, que no se ven y no se narran, simplemente se los desconoce. De igual modo se desconoce la violencia que los anuló, que los hizo no visibles. El escritor ligado a la Escuela de Frankfurt plantea la necesidad de evidenciar el conflicto, la lucha por la historia, la pregunta acerca de la relación entre visibilidad y no visibilidad.

La concepción a contrapelo de la historia de Benjamin nos invita a interpretar los discursos y políticas de la memoria como si fueran una señal de alarma en la normalidad. No se trata de reclamar por un pasado que ya quedó trunco, que es irrecuperable, sino por la violencia que se ejerció e impidió la realización de ese pasado en el presente, y que permite la continuidad de la dominación en él. La violencia que se visibiliza instituye y cosifica una versión de la historia como oficial y reinante. Quisiéramos concluir este párrafo con una cita de las tesis de Walter Benjamin, texto tan hermoso y al mismo tiempo tan contundente:

Quien hasta el día actual se haya llevado la victoria, marcha en el cortejo triunfal en el que los dominadores de hoy pasan sobre los que también hoy yacen en la tierra. Como suele ser costumbre, en el cortejo triunfal llevan consigo el botín. Se le designa como bienes de cultura.”... “Jamás se da un documento de cultura sin que lo sea a la vez de la barbarie. (Benjamin, 2007, Tesis VII. p. 28)

Hasta aquí mencionamos el vínculo entre memoria e historia, ahora bien, podríamos agregar que resulta indispensable hablar de la dimensión política que las atraviesa. Los discursos y las políticas de la memoria, como otras expresiones contestatarias de la década de los noventa, se pueden concebir a través de su derrotero político como políticas en movimiento. Acciones colectivas que derrumban los límites de la repetición mediante la in(ter)vención. Creemos que estas experiencias políticas (o por lo menos gran parte de ellas) provocaron en su tiempo la ocasión para una apertura del presente, entendida ésta como una grieta en el tiempo, una brusca expansión del instante que significó un nuevo punto de vista, un ensanchamiento del horizonte político.

Estas prácticas políticas nacieron al calor de una nueva idea de temporalidad, que involucra un encuentro entre el pasado trunco y el presente. Este pasado que aparece en el presente como un relampagueo fugaz, un instante de peligro, y es tarea de nuestro tiempo dar cuenta de este síntoma y poder hacer hablar a este doble silencio. En primer lugar darle voz a ese vacío, “el grito”, y en segundo lugar levantar el silencio violento que pesa sobre esas voces o gritos olvidados y anulados. Por eso podemos ver en estos discursos de la memoria una forma de pensar al tiempo ya no en su linealidad, sino dar a conocer que toda historia de los vencedores se sostiene sobre las voces silenciadas de aquellos que construyeron ese pasado que no fue, por la violencia y el terror que actuó sobre ellas. En ese sentido, pueden ser una herramienta política que ayude al conjunto de la sociedad en la tarea de escuchar aquellas voces y lograr su redención.

Al respecto sería bueno recordar otra cita de Walter Benjamin de su texto “Tesis de la Filosofía de la Historia”: Hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En él se representa a un ángel que parece como si estuviese a punto de alejarse de algo que le tiene pasmado. Sus ojos están desmesuradamente abiertos, la boca abierta y extendidas sus alas. Y este deberá ser el aspecto del ángel de la historia. Ha vuelto el rostro hacia el pasado. Donde a nosotros se nos manifiesta una cadena de datos, él ve una catástrofe única que amontona incansablemente ruina sobre ruina, arrojándolas a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado. Pero desde el paraíso sopla un huracán que se ha enredado en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán le empuja irreteniblemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras que los montones de ruinas crecen ante él hasta el cielo. Ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso. (Benjamin, 2007, Tesis IX, p. 29)

Los relatos de la historia nunca son inocentes, por eso la escucha de lo que tienen para decirnos es primordial para comprender lo que aconteció. Discutir esas diversas narrativas implica actuar políticamente y de alguna manera disputar el poder.

Nos vemos,


Fuente: "Discursos y políticas de la memoria: consideraciones acerca de la relación entre pasado y presente". Sergio Gradel

29 de enero de 2010

Entre la espada y la pared

Habíamos publicado el capítulo 2 de la serie Deuda Externa - El robo del siglo y el comentario de Resentido Común me llevó a una publicación en su blog sobre el tratamiento que hizo Ecuador para descubrir la legitimidad de su deuda externa.

También trató el tema Rafael Bielsa en su columna de Perfil y hace referencia a un pasaje de la mitología griega donde Escila era un monstruo marino de varias cabezas condenado a guardar un estrecho paso marítimo. Habitaba junto a su colega Caribdis, que tragaba torrentes tres veces al día y los devolvía otras tantas veces, adoptando la forma de un remolino que arrastraba lo que se ponía a su alcance. De la narración nació la frase “estar entre Escila y Caribdis”, esto es, entre la espada y la pared. Los “tiempos interesantes” que vivimos también nos dicen que, entre la espada y la pared, la voluntad política puede poner imaginación, voluntad y un día de verdad y justicia.

Todos los análisis que hicimos y haremos como un aporte a la liberación nacional tiene su big bang con el desacato de Pérez Redrado ante la decisión política de realizar un nuevo canje de deuda y el pago de los compromisos de 2010. Pero, en el imaginario colectivo, en la mente de legisladores que vigorosamente ingresaron a un nuevo año de labor parlamentaria hablan de analizar la deuda. Y esta bien. Aunque son otros los tiempos.

La decisión política del gobierno de Alfonsín fue la deuda publica no se toca, tal vez por la enorme presión recibida de la oligarquía y el FMI

Transcurriendo el año 1985, más precisamente en el invierno de ese año, el Citibank enviaba un informe indicando a una serie de empresas públicas argentinas cuantos millones de dólares deberían pagar en un plazo perentorio de 96 horas contados desde el 21/09/1985 en concepto de servicios de sus respectivas deudas externas.

Los números no eran ni parecidos a los que encontraron los investigadores del BCRA luego de la confrontación con el pormenorizado detalle de deuda por deuda, empresa por empresa y vencimiento por vencimiento los diferentes compromisos con entidades financieras extranjeras que debían pagar los organismos estatales.

Cuando uno quiere mirar sin anteojeras, la realidad se muestra siempre en todo su esplendor y los números eran tal cual, por más que sea doloroso para el país. Comprobaron una serie de irregularidades flagrantes. Por ejemplo, que los montos de muchos de los pagos de intereses requeridos por el Citibank no coincidían con los registros de las respectivas empresas públicas intimadas; en otros casos, vieron como bancos del exterior exigían que se efectivizara un pago de servicios ya efectuado.

Por si esto fuera poco, el BCRA -bajo la presidencia de Juan J. A. Concepción- ordenó que cualquier deuda inferiores a 100.000 dolares fuera tomada por buena sin constatación alguna.

Mención aparte para Agua y Energía de la Nación que debió hacerse cargo de compromisos contraídos a pesar de la opinión de sus jerárquicos; la empresa pasó a tener una deuda de 2.500 millones de dólares contra 120 millones de 1976. Vale la pena recordar que como consecuencia de esta política deliberada de vaciamiento, el endeudamiento de las empresas estatales [1] se elevó de U$S 5.189 millones en 1976 a U$S 33.176 millones en 1983, es decir más de 600% en menos de siete años.

Otro botón para la muestra: en aquel informe del 21/09/1985 se incluía el pago del servicio de U$S 1 millón por un semestre de la deuda del Comando en Jefe del Ejercito. Los investigadores del BCRA y empleados del Banco Nación recibieron la orden de no meterse. Secreto total.

Para el economista Asiain, una auditoría de la deuda serviría mucho desde el punto de vista cultural. “Hay una gran mentira de que los argentinos vivimos de lo que nos dieron los extranjeros, nos viven diciendo que debemos honrar las deudas. La sociedad tiene que saber de dónde vino esa deuda. Es un tema relevante para el presente y para el futuro de país

En sintonía tal vez con Bielsa, Norberto Galasso dice: “Hay que investigar y reforzar el poder internacional para decidir en conjunto. A las finanzas internacionales no les importa cuándo se contrajo la deuda. Hay que finalizar este proceso de otra manera, a partir de la unidad latinoamericana, donde todos los países puedan expresar una opinión común frente a los grandes acreedores internacionales que viven de hacer juicios a los Estados”.

“La deuda externa de la Nación ha resultado groseramente incrementada a partir de 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país a través de los diversos métodos utilizados, que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados –nacionales y extranjeros– en desmedro de sociedades y empresas del Estado” (fallo del Juez Ballesteros en la causa Olmos)

Nos vemos,


[1] El informe de Cash, dice que según la causa Olmos, en 1975 la deuda externa tanto pública como privada era de U$S 8.085 millones, mientras que en 1983 ya ascendía a U$S 45.087 millones y dos años después, ya en período democrático, rondaba los U$S 49.000 millones. Las cifras entre informes e informes difieren, precisamente, por el proceso de selección en la auditoría.



28 de enero de 2010

El hambre en su contexto

Es habitual que cuando se habla del hambre se tienda a ver como una especie de desgracia, como un desastre colosal, una fatalidad terrible del destino. Quizá sea lo normal cuando está alcanzando una magnitud tan colosal en nuestros días: ¿quién puede atreverse a pensar que detrás de la muerte diaria de 30.000 personas puede haber algo más que eso, cómo creer que alguien puede estar causando semejante atrocidad?

Sin embargo, Jean Ziegler, el anterior relator de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, que sabía bien de lo que hablaba, expresó muy rotundamente lo que es el hambre: "un crimen organizado contra la humanidad".

Me parece que no es posible llegar a otra conclusión si se conoce lo que hay a su alrededor, cómo funcionan de verdad los mecanismos comerciales y las instituciones y políticas de las que depende que los seres humanos más vulnerables del planeta puedan acceder o no a los recursos con los que pueden alimentarse. Y para conocerlos basta quizá con ir leyendo año a año los informes que van presentando los relatores de las Naciones Unidos, los informes de la FAO, por más que caigan en saco rato también un año detrás de otro.

Los factores que están haciendo que mueran 30.000 personas de hambre cada día, que solo en 2009 el número de hambrientos haya aumentado en 100 millones de personas, no son difíciles de descubrir y entender.

En primer, influye de modo muy determinante la dificultad que tienen millones de personas para acceder a recursos que están a su lado, que deberían ser suyos pero cuyo uso le está vedado. De hecho, no puede pensarse que el hambre sea algo que se padece exclusivamente en países radicalmente pobres sino en los que a pesar de disponer en algún momento o ahora mismo de recursos suficientes no pueden ponerlos al servicio de sus ciudadanos. Unas veces es la tierra, otras el agua y últimamente las semillas, es decir, lo recursos más básicos que poco a poco van acumulándose por los grandes propietarios o empresas multinacionales.

Los informes de las Naciones Unidas viene poniendo claramente de manifiesto que el reforzamiento de los derechos de propiedad que reclaman, con éxito, los grandes propietarios y empresas, solo sirve para que éstos aumenten su poder de mercado y para que aumenten los precios de los insumos, lo que aleja a los pequeños campesinos de la posibilidad de garantizar la mínima seguridad alimentaria a sus poblaciones. Y que la extensión continua de los derechos de propiedad a nuevas variedades de semillas está verticalizando la cadena alimentaria, de modo que los pequeños productores cada vez tienen menos autonomía y posibilidades de orientar la producción hacia la satisfacción de las necesidades de su entorno. Además de fomentar el monocultivo que proporciona altos réditos comerciales pero pocos recursos alimentarios a las poblaciones.

Los informes internacionales también denuncian sin mucho éxito cómo el acceso al crédito, especialmente de las mujeres (que producen más de la mitad de la producción alimentaria mundial, y entre el 80 y el 90% de la de los países más pobres, pero que solo reciben el 10% de a financiación dirigida a la agricultura) se restringe cada vez más, cuando eso se podría resolver con una milésima parte de lo que se ha dedicado a salvar a los bancos que han provocado la crisis financiera.

Las relatorías vienen denunciando desde hace años que la regulación en la que se mueven las grandes compañías multinacionales, por llamarla de algún modo, es extraordinariamente lesiva para el derecho a la alimentación de los seres humanos precisamente porque en ningún caso hacen valer este derecho ante cualquier otro privilegio comercial.

Y de un modo particularmente expreso se ha demostrado que las condiciones en que se desenvuelve el comercio internacional impiden que se pueda satisfacer ese derecho porque está pensado, en el mejor de los casos, para que genere rendimientos a nivel agregado, como ganancias del sistema de comercio en su conjunto, y a largo plazo, pero no en términos de proporcionar ganancias a las personas concretas y en relación con su capacidad efectiva para poder alimentarse. Y también han puesto de relieve que las políticas liberalizadoras están produciendo una mayor concentración de la producción, más monocultivo y expulsión de los pequeños productores porque para que puedan redundar en un más efectivo derecho a la alimentación sería necesario que se pudiera proteger la producción dedicada a la provisión autóctona y que se garantizara la diversidad. Lo que no se permite a los más pobres y débiles de la cadena de la producción alimentaria, aunque sí a los más ricos.

También es cada vez más evidente que, si bien es verdad que la producción agroalimentaria necesita formas de financiación específica a nivel nacional e internacional, la vinculación hoy día existente entre los canales de financiación y los mercados financieros especulativos solo está sirviendo para alimentar la ingeniería financiera, las burbujas y la inseguridad alimentaria. Solo basta entrar las páginas web de cualquier entidad bancaria o de inversión financiera para comprobar lo habitual que es la oferta de productos de ahorro destinados a rentabilizar la subida de precios de los productos alimenticios que así quedan cada vez más lejos del poder adquisitivo de millones de seres humanos. No nos engañemos: ese dinero mata.

El nuevo relator de las Naciones Unidas, el belga Olivier de Schutter (quien según sus propias palabras solo dispone de un presupuesto para dos a tres misiones internacionales por año, de un asistente en Ginebra que lo apoya administrativa y logísticamente y que no recibe ninguna remuneración añadida a la de su sueldo como profesor en Bélgica), también ha sido bastante claro al poner de relieve el daño que la producción de biocombustibles está produciendo a la hora de disfrutar del derecho básico a alimentarse. En su opinión, la política de Estados Unidos y de la Unión Europea en este campo es "irresponsable" y el despliegue de los biocombustibles "un escándalo que sólo sirve a los intereses de un pequeño grupo de poder".

En sus informes al Secretario General la relatoría viene también manifestando que el problema de fondo que está provocando el hambre en el mundo es que los Estados "no respetan" el derecho a la alimentación, no solo porque sus políticas no se encauzan por vías que pudieran hacer efectivo su disfrute sino que, para colmo, ni siquiera respetan sus compromisos de ayuda.

En junio de 2007 se celebró una Cumbre mundial sobre la crisis alimenticia en la que los países poderosos se comprometieron (como en tantas otras) a destinar recursos para combatir el hambre. Cuando a finales de 2008 presentaba el Informe Anual de la FAO, su director Jacques Diouf, declaraba que su organismo no "ha visto un dólar de los 11 mil millones que fueron prometidos por algunos países al final de dicha cumbre". Y eso en un periodo en el que, como ya he señalado, esos mismos gobiernos dedicaron cientos de miles de millones de euros a salvar a bancos y banqueros irresponsables.

Por eso resulta cada vez más evidente que combatir el hambre es evidentemente un asunto económico, en el sentido de que es preciso que funcionen mecanismos de asignación y provisión que garanticen producción suficiente y una distribución efectiva. Pero también, y sobre todo, que la principal dificultad para ponerlos en marcha es política. La causa del hambre es una distribución muy asimétrica del poder y de las capacidades de decisión y la vía para acabar con esa plaga no pueden ser otras que invertir ese equilibrio. En una dimensión que puede parecer más microescópica, así lo señala el último informe de la FAO sobre El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2008 cuando afirma que para acabar con el hambre y la desnutrición infantil hace falta reducir la desigualdad de poder entre hombres y mujeres.

Por extensión, lo necesario a nivel global para combatir el hambre es invertir el equilibrio de poder, reconocer el derecho a la alimentación como plenamente exigible y anteponerlo a cualquier otro y evitar que su disfrute esté constantemente amenzado por una lógica comercial y financiera que, además de injusta, es completamente insostenible.

Nos vemos



Fuente: Revista TEMAS PARA EL DEBATE Nº 181 - Noviembre 2009

27 de enero de 2010

Política monetaria y autonomía política

Ar­gen­ti­na y Ve­ne­zue­la atra­vie­san cir­cuns­tan­cias com­ple­jas en el ám­bi­to ban­ca­rio. En la Ar­gen­ti­na un di­fe­ren­do en­tre la pre­si­den­ta Cris­ti­na Fer­nán­dez y el aho­ra ex ti­tu­lar del Ban­co Cen­tral, quien se ne­gó a aca­tar la dis­po­si­ción gu­ber­na­men­tal de pa­gar par­te de la deu­da ex­ter­na con fon­dos pro­ce­den­tes de las re­ser­vas de di­vi­sas, di­na­mi­zó el avis­pe­ro. En Ve­ne­zue­la, el lla­ma­do bo­lí­var fuer­te, ins­tau­ra­do ha­ce dos años pa­ra fa­ci­li­tar el sis­te­ma de pa­gos na­cio­na­les e im­pul­sar la in­cor­po­ra­ción del país al Mer­co­sur, de­bió ser de­va­lua­do, tras sos­te­ner una pa­ri­dad cam­bia­ria in­via­ble pa­ra el lar­go pla­zo. Si se quie­re, la bur­bu­ja fi­nan­cie­ra que lle­vó el pre­cio del ba­rril de cru­do a más de u$s100 fa­ci­li­tó esa po­lí­ti­ca mo­ne­ta­ria, pe­ro al des­plo­mar­se los pre­cios su con­ti­nui­dad se vio de­ci­si­va­men­te afec­ta­da. La épo­ca de las va­cas gor­das ha­bía con­clui­do pa­ra am­bos go­bier­nos.

A raíz de la in­su­bor­di­na­ción de Mar­tín Re­dra­do, el Eje­cu­ti­vo lo des­ti­tu­yó me­dian­te un de­cre­to de Ne­ce­si­dad y Ur­gen­cia. El ti­tu­lar del BCRA lo­gró que una jue­za lo reins­ta­la­ra en el car­go, al tiem­po que la opo­si­ción par­la­men­ta­ria se re­la­mía por el tras­pié pre­si­den­cial. Co­mo con­se­cuen­cia de es­ta ma­nio­bra, la co­ti­za­ción de los tí­tu­los pú­bli­cos –en par­ti­cu­lar los do­la­ri­za­dos– su­frie­ron re­duc­cio­nes en las pi­za­rras de la Bol­sa de Va­lo­res, po­nien­do en du­da si la tra­ba­jo­sa po­lí­ti­ca de re­ne­go­cia­ción de la deu­da en de­fault, en­ca­ra­da por el mi­nis­tro de Eco­no­mía, lle­ga­ría a buen puer­to.

El go­bier­no del co­man­dan­te Chá­vez, por su par­te, des­do­bló el ti­po de cam­bio, lo que cons­ti­tu­ye una de­va­lua­ción di­fe­ren­cial se­gún el des­ti­no de la di­vi­sa. Si se con­si­de­ra que la pa­ri­dad an­te­rior era de 2,15 bo­lí­va­res por dó­lar y que pa­só a 2,6 bo­lí­va­res (pa­ra los sec­to­res ali­men­ta­rio, de sa­lud, ma­qui­na­ria, cien­cia, tec­no­lo­gía, re­me­sas fa­mi­lia­res y ma­nu­ten­ción de ve­ne­zo­la­nos en el ex­tran­je­ro) que­da cla­ro que se tra­tó de un in­cre­men­to su­pe­rior al 20%; en cam­bio, el otro dó­lar, que se uti­li­za­rá pa­ra el con­su­mo en ge­ne­ral de­no­mi­na­do pe­tro­le­ro, tre­pó has­ta los 4,3 bo­lí­va­res fuer­tes.

Es­to es, un au­men­to que su­pe­ra el 100%, y que no pue­de no im­pac­tar en los con­su­mos po­pu­la­res de un país que ad­quie­re ca­si to­do en el ex­te­rior. Cla­ro que el des­do­bla­mien­to, acom­pa­ña­do de la cri­sis ca­pi­ta­lis­ta glo­bal, plan­tea en los he­chos una ter­ce­ra ban­da cam­bia­ria: la flo­ta­ción li­bre: el pre­cio que sur­ja del co­mer­cio mar­gi­nal de di­vi­sas. Só­lo se tra­ta de sa­ber cuán mar­gi­nal es, o si por el con­tra­rio ter­mi­na re­sul­tan­do ca­paz de arras­trar de­trás de su­yo las otras pa­ri­da­des cam­bia­rias. En­ton­ces, el éxi­to de la me­di­da adop­ta­da por Chá­vez de­pen­de de que la co­ti­za­ción en la ter­ce­ra fran­ja no se des­pe­gue de­ma­sia­do del de­no­mi­na­do dó­lar pe­tro­le­ro, o aun des­pe­gán­do­se ca­rez­ca de en­ti­dad pro­pia. Si así no fue­ra, la via­bi­li­dad de to­do el sis­te­ma se­ría pues­ta en cues­tión. Y eso no pue­de no afec­tar la es­ta­bi­li­dad de un go­bier­no cru­za­do por múl­ti­ples con­flic­tos.

La cri­sis en la Ar­gen­ti­na, en cam­bio, aun­que se ha­ya pre­sen­ta­do en sus ini­cios co­mo un con­flic­to téc­ni­co en­tre el Ban­co Cen­tral y el Eje­cu­ti­vo, ad­qui­rió rá­pi­da­men­te un tras­fon­do po­lí­ti­co, cu­ya na­tu­ra­le­za no de­be con­fun­dir­se. Es cier­to, la opo­si­ción in­ten­tó boi­co­tear la po­lí­ti­ca di­se­ña­da por el go­bier­no en ma­te­ria de pa­gos al ex­te­rior por ser­vi­cios de deu­da; pe­ro pre­ci­sa­men­te por eso, por­que los afec­ta­dos no son los pe­que­ños bo­nis­tas que no en­tra­ron en el can­je an­te­rior si­no los fon­dos fi­nan­cie­ros que se que­da­ron con los tí­tu­los a pre­cio vil y es­pe­ran ma­te­ria­li­zar la di­fe­ren­cia ya, el te­ma se vuel­ve es­pe­so y los dam­ni­fi­ca­dos pue­den vol­ver­se po­co ami­ga­bles; y na­die ig­no­ra que pa­tear­les el ne­go­cio no sue­le ser un ac­to gra­tui­to.

De mo­do que la re­pen­ti­na sen­sa­tez opo­si­to­ra más que re­mi­tir a la “res­pon­sa­bi­li­dad na­cio­nal” –y a la com­pren­sión de las atri­bu­cio­nes del Eje­cu­ti­vo en su re­la­ción con el Con­gre­so– nos re­cuer­da que pi­sar esos ca­llos trae con­se­cuen­cias po­lí­ti­cas, so­bre to­do pa­ra quie­nes ten­gan que asu­mir res­pon­sa­bi­li­da­des eje­cu­ti­vas en el 2012. Por tan­to, la mar­cha atrás su­po­ne ele­men­ta­les re­fle­jos po­lí­ti­cos pa­ra so­bre­vi­vir en la jun­gla fi­nan­cie­ra in­ter­na­cio­nal.

No es me­nos cier­to que el de­no­mi­na­do “Con­sen­so de Was­hing­ton” prio­ri­zó la au­to­no­mía a los ban­cos cen­tra­les. Esa fór­mu­la ha per­mi­ti­do, en efec­to, de­bi­li­tar el con­trol ofi­cial de la po­lí­ti­ca mo­ne­ta­ria y, por tan­to, fa­ci­li­tar to­das las po­lí­ti­cas neo­li­be­ra­les en la ma­te­ria; aho­ra bien, co­mo no se tra­ta de un ac­to que gol­pee los in­te­re­ses del sis­te­ma fi­nan­cie­ro –pa­gar con re­ser­vas del Ban­co Cen­tral su­po­ne hon­rar la deu­da–, y por tan­to, la po­si­bi­li­dad de en­con­trar alia­dos que cri­ti­quen la me­di­da K en el mun­do glo­bal no pa­re­ce ta­rea sen­ci­lla. Sal­vo que se pre­ten­da in­ves­ti­gar la es­truc­tu­ra de la deu­da (di­fe­ren­ciar deu­da le­gí­ti­ma de deu­da ile­gal) y ac­tuar en con­se­cuen­cia. Por cier­to, no es ésa la in­ten­ción del grue­so de la opo­si­ción par­la­men­ta­ria, y ni que ha­blar de los sec­to­res em­pre­sa­ria­les au­na­dos en los par­ti­dos.

Las tri­bu­la­cio­nes de Chá­vez, en cam­bio, de­ben in­te­li­gir­se co­mo par­te de los em­pe­ños de su go­bier­no por pro­te­ger a la eco­no­mía ve­ne­zo­la­na de una es­pe­cu­la­ción mo­ne­ta­ria ca­paz de so­ca­var sus re­ser­vas. Si no pu­die­ra pre­ser­var­las, si el ata­que ter­mi­na­ra sien­do efi­caz, ha­bi­da cuen­ta de que el Ban­co de In­gla­te­rra no pu­do sos­te­ner­se, ese go­bier­no ten­dría que con­si­de­rar la do­la­ri­za­ción del sis­te­ma. En esa di­rec­ción apun­ta, por cier­to, su de­bi­li­ta­da opo­si­ción; opo­si­ción que es­pe­ra avan­zar a ca­ba­llo de las di­fi­cul­ta­des que so­por­ta el mo­de­lo cha­vis­ta.

Pa­ra mues­tra, Ecua­dor bas­ta. La de­ci­sión de sus­ti­tuir la mo­ne­da na­cio­nal –el su­cre– por el dó­lar es­ta­dou­ni­den­se, im­pues­ta ha­ce una dé­ca­da por el ex pre­si­den­te Ja­mil Ma­huad, aún no ha si­do re­ver­ti­da, pe­se a que se ha tra­du­ci­do en con­cen­tra­ción de la ri­que­za y caí­da de la com­pe­ti­ti­vi­dad, co­mo se­ña­la el ba­lan­ce efec­tua­do por el pre­si­den­te Ra­fael Co­rrea. De mo­do que con­ser­var el ti­món de la po­lí­ti­ca mo­ne­ta­ria y con­ser­var un re­la­ti­vo gra­do de au­to­no­mía po­lí­ti­ca efec­ti­va ter­mi­na sien­do ca­si una mis­ma co­sa.

Nos vemos.


Fuente: BAE, textos de Alejandro Horowicz

26 de enero de 2010

Deuda externa, el robo del siglo - 3

El Punto Final de la Investigación

El 4 de Diciembre de 1986, siendo presidente José Luís Machinea, la gerencia del sector externo del BCRA elaboró el informe Nº 480/161, modificatorio de la resolución 340 (que sirvió de marco para el comienzo del proceso de verificar la deuda externa argentina.) Con la investigación iniciada en 1984, luego de tantas idas y venidas, salieron varias cosas a la luz: 1) Nunca se impulsó la inspección de la totalidad de la deuda, sino manejarse con un muestreo acotado y digitado desde arriba; 2) el espíritu de la resolución 340 -severo por cierto- fue diluyéndose con el tiempo por una actitud indiferente y no carente de subjetividad por parte de las autoridades del BCRA; 3) el radicalismo siempre se opuso a la investigación por parte del Congreso de la Nación con el argumento que la autoridad natural para la investigación era el Banco Central; 4) los caminos elegidos y transitados por el gobierno de Alfonsín en materia de negociaciones con el FMI y los bancos acreedores del exterior, dejaron en claro que no existió voluntad de esclarecer la cuestión hasta las ultimas consecuencias.

Con todos los elementos al alcance de las manos, con pruebas contundentes recolectadas por los investigadores, la Gerencia de Estudios y Estadísticas del Sector Externo del Banco Central debería haberse encargado de ahorrarles miles de millones de dólares al pueblo. Sin embargo, decidió desatender los informes elevado por la Gerencia de Inspección de Entidades Financieras y en definitiva, a mediados de 1987 se había limitado a dar de baja deudas por cifras insignificantes [1]

El sector del BCRA llevó a la practica la amnistía pactada con FMI y sus socios locales. Además creó los instrumentos formales necesarios para que esa situación de hecho se acogiera a derecho.

Se creo un grupo de trabajo para dar soporte a esta estrategia, integrándolo con funcionarios que entraron al BCRA durante la dictadura de Martinez de Hoz y Videla y con algún especialista novel. El equipo -en el banco lo llamaban grupo de tareas- rápidamente generó el instrumento que pondría en la práctica el punto final a la investigación de la deuda externa privada; la pública ya es sabido, sigue hasta hoy, gozando de buena salud.

Los investigadores de la deuda de COGASCO, que también participaron de las negociaciones con esa firma, principal deudor externo del país (por entonces) produjeron el informe 480/161 del 04/12/1986, el que fue elevado al directorio del BCRA.

Algo sobre COGASCO. Así como la oligarquia y el capital extranjero tuvieron en el siglo 19 su punto de apoyo más importante en el control y propiedad de la tierra, el intento oligarquico de Martinez de Hoz tuvo en el control de las explotaciones petroleras y de gas uno de los pilares de su proyecto. COGASCO S.A. se constituyó en el país con el objetivo de realizar la construcción del gasoducto Centro-Oeste (Mendoza-Neuquen). Su casa matriz era la Nacap B.V. de Holanda. Para la realización de dicho gasoducto se recurrio al endeudamiento del exterior, un sindicato de bancos cuyo agente era el Amsterdam-Rotterdam Bank (Ambro Bank), el monto de la deuda ascendió a 918 millones de dáolres en concepto de capital. De dicha suma solo ingresaron al pais 292 millones de dólares, el resto (con un procedimiento que ya vimos antes), quedó en manos de Nacap en Holanda.

En esas cumbres al parecer miraron para otro lado. En lo formal, hasta fines de 1987 (J. L. Machinea, seguía siendo presidente del BCRA) el directorio aún no había aprobado el instrumento que aniquilaba cualquier intención auténticamente indagatoria. En la práctica, el informe 480/161 estaba siendo utilizado desde los primeros meses de esa año. Las investigaciones debían regirse por el. Eso quiere decir que los inspectores tenían prohibido encontrar ilícitos, ya que el único elemento que debían tener en cuanta era si las divisas entraron al país y comprobar la existencia de documentación correspondiente a los compromisos; ambos elementos no faltaban jamás en este tipo de operaciones.

La maniobra se realizaba de otra forma: fundamentalmente a través de los auto-prestamos, el desvío de los fondos hacia fines no declarados y mediante la utilización indiscriminada de seguros de cambio. Da la casualidad que estos tres aspectos, por decisión gerencial, a partir de Enero de 1987 no pudieron ser tenidos en cuenta para dar de baja una deuda.

El directorio del BCRA determinó que todo estaba bien: cada dolar que la oligarquía robó durante la dictadura, lo desembolsó el conjunto de los argentinos.

La documentación recolectada permiten contar hoy, con verdades documentadas. Llegará el tiempo en que se conviertan en pruebas condenatorias para quienes decidieron amnistiar a la oligarquía, poniéndole un punto final a la investigación de la deuda externa privada que, aunque parcial, recortada y manipulada, igual hubiera podido penalizar a gran cantidad de ilícitos y al amplísimo numero de responsables de la destrucción nacional que quedaron al descubierto.

Nos vemos

[1] El único caso importante fue el de COGASCO, pero no pudo contabilizarse porque como resultado de las negociaciones realizadas por los tecnócratas, el estado se hizo cargo de la deuda de esta empresa por un monto superior al que fue dado de baja.

25 de enero de 2010

Deuda externa, el robo del siglo - 2

Seguimos con nuestro aporte relacionado con los orígenes de la deuda externa argentina, analizando ahora las maniobras de los capitales oligárquicos; recordemos como operaban con la contratación de seguros de cambio que les permitía en definitiva licuar los pasivos tomados en el exterior.

La maniobra de AUTOPRESTAMO fue otra de las utilizadas para la apropiación ilícita de dinero, gracias a un régimen financiero que las facilitaba o mejor dicho, las incitaba. El modus operandi era: empresas que, ya sea para la obtención de un préstamo del exterior, como para la renovación parcial de uno ya existente, debían hacer un depósito a plazo fijo en el banco acreedor por un monto igual o superior al préstamo. Estos plazos fijos eran efectuados con fondos propios que la empresa poseía en el exterior, o bien con la transformación de Bonex en dólares. Pero además, dichas garantías (eso y no otra cosas eran los depósitos abiertos en bancos del exterior) ni siquiera se informaban al Banco Central. En muchos casos, tampoco surgieron de los balances y libros de la sociedad cuando se los investigó.

Tan abundante como significativa es la nómina de las empresas que realizaban auto-préstamo: Renault Argentina S.A., Sideco Americana S.A., SOCMA S.A., Suchard Argentina S.A., Cargill S.A., Celulosa Jujuy S.A., Ford Motor Argentina S.A., Sudamtex S.A., Textil Sudamericana S.A., entre otras.

La inventiva de los grupos económicos no reconocía (hoy tampoco) límites. Por ejemplo se conformaba una empresa, para realizar un proyecto industrial en el país, pero buscaba financiar el proyecto con capitales del exterior. En realidad, el préstamo que le otorgaban no ingresaba al país, sino que por una sugerencia del acreedor debía ser transferido a otra empresa en el exterior que sería la encargada de fabricar maquinarias, equipos, aportar tecnología, etc., para la posterior instalación de la planta en Argentina. Además, el contrato prevía que la operatoria de importación de esos equipos y servicios correría por la firma que solicitaba el crédito.

¿Que pasó? Solo ingresaban al país el 20% de las maquinarias ya que la nueva empresa conformada en el país no podía efectuar los pagos necesarios para cubrir las importaciones, realmente, la situación se prolongó por años, acumulándose intereses por la deuda (préstamo inicial) contraída. Para fundar la empresa que iba a encarar un proyecto industrial con fondos del exterior, necesariamente tenía que ser avalado por alguna autoridad económica de Argentina, o sea el Estado.

¿Quien está pagando hoy los intereses de una deuda contraída para el desarrollo de una industria que no fue tal? ¿Quienes fueron los beneficiados y quienes los perjudicados con tan curioso préstamo financiero? Cementos NOA, es un caso emblemático.

Selva Oil es otro ejemplo de aportes de capital disfrazado de préstamos financieros; y se lo hacía de una manera sencilla: se constituía la empresa con muy poco capital para emprender un proyecto industrial. Pero como la empresa era en realidad filial de una gran empresa con sede en el exterior y la envergadura del proyecto no era proporcional al capital constitutivo, debía recurrir al financiamiento externo. La casa matriz debía capitalizar a su filial. Ciertamente esta sociedad madre realizó fuertes inversiones pero no en forma de capitalización de la nueva empresa, sino como préstamo financiero, beneficiándose de paso con el régimen de seguro de cambio, lo que le aseguró además una rápida repatriación de la inversión.

Como dice Carlos Heller, es necesario la conformación de una comisión bicameral que analice la deuda, sus orígenes y sus responsables, establecer sanciones a quienes tienen responsabilidad histórica y que llevaron al país a ese nivel de endeudamiento tendría el mismo valor que tiene el juicio y castigo a los genocidas, para que esas cosas no vuelvan a pasar.

Nos vemos.


Fuente: Biblioteca del Club de los Filómatas


22 de enero de 2010

Deuda externa, el robo del siglo - 1

Reflexiona Alfonso Prat-Gay en su columna de Perfil: Quizás haya que ir más atrás y detenerse en las raíces del default de 2001 y también en el origen y autenticidad de la deuda pública argentina. (...) Los argentinos pagamos hoy, entre otras cosas, el costo de la mentira, de la mala praxis y de la obsesión por el corto plazo. La mentira, como lo están comprobando Cristina y Néstor Kirchner, Boudou y el propio Redrado, tiene patas cortas.

Siguiendo con la historia de la deuda externa argentina, las investigaciones permitieron verificar numerosas irregularidades cometidas por la oligarquía nativa, la misma que, no tenemos dudas de haber puesto su esfuerzo para que más del 80% de la deuda privada no fuera investigada.

Se hicieron grandes negociados con el seguro de cambio. A modo de propedéutica, hagamos una breve reseña histórica.

El plan económico (y antes pergeñado) por José Alfredo Martínez de Hoz en favor de los grupos oligárquicos y las transnacionales, fomentó un rápido y perverso endeudamiento externo. Con el referente de la tablita cambiaria la mayoría de las empresas oligárquicas recurrieron a tomar financiamiento del exterior.

Como sabemos, a Videla lo sucedió Viola y con éste llegó al Ministerio de Economía Lorenzo Sigaut, en cuya gestión se efectuaron dos poderosas devaluaciones de la moneda (en Marzo y Junio de 1981), también implementó el SEGURO DE CAMBIO [1], cuya finalidad real era trasladar el costo del endeudamiento privado al Estado. Fue presentado persiguiendo dos objetivos centrales: por un lado, mejorar el perfil de la deuda externa, puesto que ante la cantidad de vencimientos que se acumulaban en el corto plazo, permitía que los deudores refinanciaran sus deudas en plazos más prolongados; en segundo lugar, atenuar los perjuicios que provocaban las empresas radicas en el país as fuertes devaluaciones decretadas por el gobierno de facto, ya que les aseguraba un tipo de cambio más ventajoso.

Existen numerosos casos detectados en los que el espíritu manifiesto en la norma resultó notablemente alterado en beneficio de particulares y en desmedro de la nación, como sucedió por ejemplo en el caso de Pérez Companc, grupo económico que recibió los beneficios del seguro de cambio sin haber obtenido de su acreedor del exterior la prórroga correspondiente del vencimiento del préstamo, tal como lo requería la comunicación A-137.

Ejemplo son los ARGENDOLARES, que eran depósitos en moneda extranjera efectuados por residentes de este país en bancos de plaza. Tales depósitos podían a su vez ser represtados por esos bancos a otras empresas, pero éstas ya no podrían obtener los beneficios del seguro de cambio porque no se trataba de préstamos obtenidos en el exterior sino que su origen eran montos en dólares (u otra moneda extranjera) depositados por el residente argentino.

Hasta allí, todo en orden, pero está el caso -entre muchos- del Citibank de Buenos Aires, que le conseguía a sus clientes una línea de crédito del Citibank de Nueva York, con lo cual podían cancelar aquellos préstamos que le habían sido otorgado por el régimen de Argendólares, ahora si pudiendo conseguir el seguro de cambio para la nueva financiación proveniente del exterior.

Así las cosas, las maniobras perjudicaron al país. Los privilegios a la oligarquía de especular con un tipo de cambio favorable, aumentaba la deuda que caía sobre las espadas y los bolsillos de todos los argentinos.

Nos vemos


[1] Los seguros de cambio eran compromisos a término contraídos por el BCRA con el sector privado y cubren préstamos financieros en moneda extranjera. En otras palabras, el Banco Central le aseguraba al sector privado la venta de divisas para la cancelación de préstamos financieros al exterior a un tipo de cambio predeterminado, ya sea un valor fijo o resultado de una determinada formula de actualización. La empresa que contrataba un seguro de cambio abonaba una prima. El nivel de los subsidios otorgados a beneficiarios de los seguros de cambio dependía de las diferencias a su favor entre la evolución del tipo de cambio y las primas de seguro.

Fuente: Base de datos del Club de los Filómatas

21 de enero de 2010

Los abogados del diablo

La intención del Poder Ejecutivo de crear el Fondo del Bicentenario para garantizar el pago de los vencimientos de la deuda externa puso de relieve una vez más la intrincada red de vasos comunicantes que unen los sectores trasnacionalizados de la economía local con algunos de los estudios jurídicos más influyentes del país. Comunión de intereses y afinidad ideológica mediante, la construcción de poder nació en los años de plomo, se reconvirtió en la década menemista y hoy aflora con nuevos ropajes, pero iguales propósitos. Una situación que aprovecharon los fondos buitres EM Limited y NML Capital para torpedear en el juzgado neoyorquino de Thomas Griessa la estrategia del Gobierno.

“Hay reservas suficientes y voluntad de pago. ¿Si el país no puede pagar, no estaríamos ante un verdadero sabotaje?”, se pregunta un consultor de la city. Obviamente, la pregunta es retórica e interesada. El hombre apostó al canje. Acostumbrado a transitar despachos donde se toman decisiones trascendentes, agrega –para sorpresa del cronista– un análisis que coincide con la lectura oficial. “Mire bien. Los verdaderos artífices de la judicialización no están en la superficie. Algunos son muy impopulares”, dice con tono confidencial. Según su lectura, se trataría de operadores con profundos conocimientos de temas económicos, financieros y legales. Una vez más, el interlocutor no quiere hacer nombres. Mucho menos que se lo mencione. “No se equivoque, Redrado es, a lo sumo, un peón en este ajedrez”, dice antes de dar por terminado el diálogo.

Algunos de los protagonistas del intrincado entramado ocuparon cargos relevantes en el Poder Judicial antes de saltar a la actividad privada o brindaron soporte técnico al andamiaje legal que precedió a las privatizaciones. Otros –menos presentables– sirvieron como funcionarios durante la dictadura o hicieron difusión de las políticas neoliberales que aplicaron José Alfredo Martínez de Hoz y Domingo Cavallo. Comparten un denominador común: sus servicios sólo entran a tallar cuando grandes sumas de dinero o intereses políticos de gran envergadura están en juego.

Especializados en derecho público, regulación económica y reestructuración de pasivos, son los preferidos por las multinacionales, las empresas de servicios públicos, los bancos extranjeros y los acreedores del Estado. También por Martín Redrado para resistir el decreto de necesidad y urgencia que lo removió de la presidencia del Banco Central de República Argentina. Quienes conocen el ambiente judicial no se sorprenden de que la elección de Redrado haya recaído en el abogado Juan Carlos Cassagne. Por su estudio, aseguran las revistas de negocios, pasaron algunos de los asuntos y de las operaciones más importantes de los últimos años. En el Palacio de Tribunales subrayan que en su track récord figura la demanda que patrocinó –junto a su ex socio Emilio Cárdenas– en nombre del Bank of Nova Scotia contra el Estado nacional por 600 millones de dólares. Apenas un renglón de un extenso currículum que incluye la colaboración que brindó a Roberto Dromi y Rodolfo Barra en el diseño del andamiaje legal que precedió a las privatizaciones.

No es el único caso. Héctor Mairal –actual socio de Marval, O’Farrel & Maizal– fundó en 1971 con Guillermo Walter Klein el estudio Mairal & Klein, de influyente actuación hasta que en 1984 la comisión del Congreso que investigó la estatización de la compañía Italo obligó a dos sus integrantes –José Alfredo Martínez de Hoz (h) y Mariano Grondona (h)– a huir de las oficinas del buffet cargando documentos. Recuperada la documentación, los legisladores pudieron reconstruir la ruta del dinero que, fugado del país durante los años de plomo, había sido consignado como préstamos por los bancos extranjeros y que Domingo Cavallo –durante su paso por el Banco Central en 1982– convirtió en deuda pública.

La trayectoria de Mairal registra otros destacados. Entre los más recientes: la representación de bonistas italianos ante el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial. Pero también, cuando la Convertibilidad lanzaba un último suspiro, la nominación en la publicación británica Chambers & Partners como uno de los cien abogados de negocios más importantes del mundo. Un ranking que incluyó a Cassagne. Menos prestigiosos, aunque siempre presentes, Martínez de Hoz (h) y Mariano Grondona (h) también recobraron protagonismo tras la salida de la Convertibilidad. Las empresas extranjeras Pan American Energy, El Paso Energy, Mobil Argentina y RGA Reinsurace son algunas de las firmas que les confiaron sus asuntos; además de los grupos Enersis y Wintershall, holdings en nombre de los cuales presentaron demandas ante el Ciadi por u$s 1.800 y u$s 480 millones, respectivamente.

Dos buitres importados. Menos refinados, pero tan eficientes en sus objetivos como los estudios locales, los abogados de los fondos buitres EM Limited –de Kenneth Dart– y NML Capital –de John Singer Elliot– ocasionaron, judicialización local mediante, un serio daño al Gobierno. Acostumbrados a lidiar con dictaduras africanas y especializados en acorralar naciones, sus propietarios pueden alcanzar rendimientos que oscilan entre el 75 y el 300 por ciento. Dispuestos a esperar el tiempo que sea necesario, sus apuestas no se hacen en los mercados. De allí que en sus estructuras corporativas tengan un mayor peso los abogados especializados que los buenos financistas.

Tal el caso de EM Limited, fondo que tiene acreencias por u$s 2.700 millones, de los cuales unos u$s 1.500 están bajo litigio en el juzgado de Griessa. Perseguido por evasión impositiva en Estados Unidos, Dart perdió su condición de ciudadano estadounidense y se refugió en las Islas Caimán. Antes de desembarcar a fines de 2001 en nuestro país, y de profundizar sus operaciones cuando el default era un hecho, fundó la West Indias Company, una firma con la que incursionó en oscuro terreno de las privatizaciones.

Similar es la historia de Elliot, titular de Elliot Asociates –controlante de NML Capital–. Residente en Belice y Bahamas, los dos paraísos fiscales desde donde opera un banco con sede en Miami, posee u$s 1.500 millones de títulos públicos que adquirió apenas declarado el default. Financista de la industria cinematográfica de Hollywood, consiguió poner contra la espada y la pared a la República Democrática del Congo por una deuda de u$s 1.200 millones con un embargo que afectó la embajada del país africano en Washington.

Nos vemos


Fuente: Sur, historia de buitres y caranchos

20 de enero de 2010

Deuda externa privada, historia de decidias

Segunda Parte

En el post anterior analizamos los lineamientos fijados por la Resolución 340 del gobierno de Raúl Alfonsín para estudiar en profundidad la composición de la deuda privada argentina y determinar en base a estos parámetros la legitimidad.

Pero, ¿que se investigó? El universo total de la deuda privada a investigar alcanzaba a 17.000 millones de dolares, atribuidos a 8.562 deudores, los que fueron divididos en tres segmentos:

1) El grupo de 19 empresas más endeudadas del país. La primera de ellas con un pasivo de 1.000 millones de dolares y las 18 restantes con deudas inferiores a los 96 millones. EL conjunto de grupo privilegiado sumaba el 37% de la deuda total del sector privado argentino.

2) El grupo de las 495 empresas cuyo pasivo externo iba de un mínimo de 4 millones de dolares hasta un máximo de 96 millones, representaban el 43% del total.

3) El grupo de las 8.048 restantes con deudas que oscilaban entre los 15.000 dolares y los 4 millones de la moneda norteamericana, conformaban el 20% de la totalidad de la deuda privada.

Según el tipo de endeudamiento se consideraron tres grupos:

a) DEUDA COMERCIAL, la que se originó como consecuencia de importaciones.

b) DEUDA FINANCIERA, producto de préstamos financieros obtenidos en el exterior.

c) OTRAS DEUDAS, abarcaba todas las deudas contraídas en el exterior, ya sea por servicios recibidos, pagos de regalías, asistencia técnica entre otros conceptos.

Recordemos que durante el debate realizado en el Congreso de la Nación sobre la investigación de la deuda externa, el radicalismo se opuso a la formación de una comisión bicameral (propuesta por la oposición justicialista, entre otras) con el argumento de que era una tarea que el propios BCRA estaba llevando a cabo a "través de un cuerpo de técnicos especializados". El argumento, cierto en su aspecto formal -efectivamente se estaba investigando- no daba cuenta sin embargo de un detalle importante: los inspectores no tenían más infraestructura de apoyo que la que consiguieron con su propio esfuerzo; el aporte del BCRA fue nulo o casi nulo.

Pero eso no fue todo. La pretendida investigación ordenada por aquella resolución 340, no fue demasiado generosa con la necesidad de aclarar hasta el último punto el orígen y las consecuencias de cada centavo de deuda: la inspección del organismo rector de las finanzas de la Nación, se limito a menos del 50% de la deuda financiera y a un porcentaje considerable menor del rubro Otras Deudas dejando además de lado la llamada Deuda Comercial en su totalidad. En cuanto a las empresas deudoras, se investigaron solamente las del primer grupo, más unas 175 del segundo y aproximadamente 300 del tercero, sobre un total de 8.048.

Del primer segmento que comprende a las 19 empresas endeudadas por un valor de 6.417 millones de dolares, la investigación se realizó sobre los compromisos externos de esas firmas -mediante un muestreo realizado por funcionarios del BCRA- solo por 3.035 millones de dolares. En lo respecta al segundo segmento constituido por 495 empresas que adeudaban un total de 7.556 millones de dolares, solo se investigó la suma de 2.045 millones de dolares. Finalmente, en relación con el tercer segmento compuesto por 8.048 empresas se previó un muestreo de sólo 150 empresas por un monto de 300 millones.

En síntesis sobre un total de 43.006 millones de dolares, la deuda efectivamente investigada alcanzó sólo a 5.080 millones es decir el 11,8% del total de los compromisos externos del país. No obstante este irrisorio monto investigado, se detectaron irregularidades por un monto de 1.500 millones de dolares que significaron la solicitud de pedidos de baja de compromisos externos.

Pero esto no es todo, si se tiene en cuenta que los bancos acreedores no habían confirmado dentro de los 45 días estipulados por la resolución 340, un alto porcentaje de las deudas que las empresas radicadas en el país poseían con ellos, el BCRA (además de los 1.500 millones señalados) debería haber dado de baja deudas que por este concepto ascendían -según cálculos de la gerencia del sector externo, (24/8/1987)- una suma superior a los 1.000 millones de dolares.

  • DEUDA EXTERNA U$S 43.006 millones al 31/12/1983.
  • DEUDA EXTERNA PUBLICA U$S 25.500 millones al 31/12/1983. (no fue investigada)
  • DEUDA EXTERNA PRIVADA U$S 17.206 millones al 31/12/1983.
  • 1º SEGMENTO U$S 6.417 millones en 19 empresas --> DE ORIGEN FINANCIERO: U$S 6.047 millones, se investigaron sólo U$S 3.000 millones. DE ORIGEN COMERCIAL: U$S 297 millones (no fue investigada). DE OTRO ORIGEN: U$S 71 millones, se investigaron U$S 35 millones
  • 2º SEGMENTO U$S 7.556 millones en 495 empresas --> DE ORIGEN FINANCIERO: U$S 6.036 millones, se investigaron U$S 2.045 millones. DE ORIGEN COMERCIAL: U$S 154 millones (no fue investigada). DE OTRO ORIGEN: U$S 95 millones, se investigaron U$S 35 millones
  • 3º SEGMENTO U$S 3.227 millones en 8.048 empresas no fueron investigadas.
Resumiendo este embrollo: DEUDA INVESTIGADA: U$S 5.080 millones (11,8%) DEUDA NO INVESTIGADA: U$S 37.926 millones (88,2%). Por razones que desconocemos, la cifra definitiva externa total suministrada oficialmente por el BCRA al 31/12/1983 ascendía a 46.005 millones de dolares.

Algunas empresas de los grupos económicos de la oligarquía y capital extranjero con probados ilícitos fueron: Renault S.A., Suchard Argentina S.A., ISIN S.A., Fiat Concord S.A., Cargill S.A., Cogasco S.A., Selva Oil Inc., Cementos NOA S.A. y Petrolera Pérez Companc S.A.

Nos vemos


Fuente: Base de datos del Club de los Filómatas

Deuda externa privada, el destino de una investigación

Primera Parte

Norberto Bertaina, Bernardo Grinspum, Ricardo Campero (1984)

La historia en realidad empezó cuando las minorías privilegiadas -que quieren un país a su mezquina medida- se lanzaron a la rapiña desnacionalizadora. Pero es necesario puntualizar que la investigación tiene una fecha fija: 5 de Julio de 1984.

Ese día el directorio del Banco Central de la República Argentina que entonces presidía Enrique García Vázquez (el número 2 del equipo económico encabezado por Bernardo Grinspum) firmó una resolución que iba a tener impensables derivaciones con el correr de los meses: era la 340, que dispuso la conformación del cuerpo de investigación (inspectores de cambio) que analizaría las declaraciones de deudas en moneda extranjera al 31-10-83, efectuadas por empresas del sector privado.

Esta medida implicó dos decisiones: por un lado, no investigar la deuda pública y por otro, iniciar la investigación de la deuda privada que con el correr del tiempo terminaría en una simple pantalla para el punto final.

Aquel cuerpo de inspectores de la deuda, contratado al efecto, empezó a trabajar en silencio. Primero se debieron determinar los parámetros a partir de los cuales podría establecerse cual porción de la deuda era legítima y cual ilegítima. Se acordaron entonces - a través de la mencionada resolución 340, los siguientes criterios:

  • Cuando el acreedor externo no confirme dentro de los 45 días del pedido de solicitud de saldo o niegue la existencia de una deuda, ante el pedido de confirmación formulado por el BCRA.
  • Cuando por cualquier medio de prueba se confirmare que calidad de deudor y acreedor podía confundirse (esto es, si alguien se estuviera prestando dinero a si mismo = autopréstamo).
  • Cuando la operación se hubiera realizado fuera de las que se llaman "practicas de mercado generalmente aceptadas".
  • Cuando la operación investigada no se encontrase suficientemente acreditada.
La comprobación de cualquiera de estos cuatro tipos de figuras, daría lugar a la caracterización de ilegal a la deuda investigada. El cuerpo de inspectores no tenía esa responsabilidad de juzgar, sino de evaluar e informar. Además, los inspectores estaban obligados a indagar cualquier otro tipo de irregularidades, como las cambiarias o las que pudieran surgir de lo estipuado en el punto II incisos "a" al "f" de la resolución 34o.

Un prolijo y fundamentado estudio acerca de cada empresa verificada fue elevado a la Gerencia de Estudios Estadísticos del Sector Externo, denominación de una de las 17 gerencias en que se dividía administrativamente el BCRA, dependientes de cuatro gerentes principales a quienes a su vez comandaba un gerente general con siete subgerentes. Juan Sommer el responsable de recibir los informes del cuerpo de inspectores de la deuda, tenía como segundo a Enrique A. Bour.

Sector Externo era entonces la gerencia que, tras analizar rigurosamente los informes, podía determinar la autenticidad o no de las deudas declaradas por las empresas investigadas, o dar curso ante quien correspondiera de cualquier irregularidad encontrada.

Eduardo Aliverti por entonces decía "Y esta claro que casi 30 millones de idiotas útiles pagaremos hasta el último dólar comprometido por las maniobras de una oligarquía financiera que no deja de dominar los resortes económicos del país..."

Nos vemos


Fuente: Base da datos del Club de los Filómatas

19 de enero de 2010

La perversidad de la deuda externa argentina

El frente jurídico de la deuda externa argentina ha sido poco estudiado. Se ha considerado que el pago tal como lo exigieron y exigen los acreedores, es inexorable y se ha tenido como indiscutible la valides de los contratos y la aplicabilidad de sus causas; sin embargo para defender mejor los intereses nacionales, los contratos de deuda externa debieron ser examinados a fondo.? Cuando uno recorre las series estadísticas de los años 1976 a 1985 relacionado con: a) Ingreso neto de capitales e incremento de la deuda, b) estimación de la fuga de capitales y c) los impactos de la fuga capitales, seguramente encuentra algo que repugna a la equidad; en general los contratos inocuos no solo son inmorales, sino también susceptibles de impugnación jurídica. ¿Fueron examinados algunos aspectos jurídicos de la deuda externa como por ejemplo las Facultad de los gobiernos de facto para contraerla.?

El hecho de haber sido una deuda contraida por gobiernos de facto, plantea, cuando menos el problema de las atribuciones y después la perturbabilidad de sus actos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación en su jurisprudencia anterior a 1947, había esatablecido que, vuelto el país a la normalidad, esas disposiciones dejan de regir para el futuro, salvo la ratificación por el Congreso, siendo válida su vigencia anterior con relación a los hechos realizados. Con posterioridad varió esa jurisprudencia y la Corte Suprema resolvió que tales normas continuaban en vigencia si no eran derogadas expresamente. Ello invierte el procedimiento, sobre todo por razones prácticas, pero no elimina el vicio de origen.

No puede negarse al gobierno legítimo, que sucede a otro usurpador el derecho de desconocer sus actos. Es principio general del derecho que el que estaba impedido de manifestar su voluntad cuando se ejecutó un acto jurídico que le incumbe, no pierde el derecho de hacerlo cuando desaparece el impedimento. En este caso, un gobierno usurpador ha ejercido la facultad que la Constitución Nacional otorga al Congreso y, más aún, ha comprometido a la Nación por varios decenios.

La pregunta final es ¿el Congreso podría haber anulado lo actuado dado el carácter legislativo de la materia?

Nos vemos.

18 de enero de 2010

Centroizquierda: un misterio y un problema

Uno de los secretos mejor guardados de la política en la Argentina es qué significa ser de centroizquierda. A ciencia cierta nadie sabe de qué se trata. Uno puede andar por la calle y, con amabilidad y respeto, preguntarles a los desprevenidos transeúntes pero, en el mejor de los casos, le responderán con el gesto típico de alzar los hombros y bajar la comisura de los labios al mismo tiempo. Para un país en el que los derechistas son vergonzantes –excepción hecha de los mediáticos tyranosaurios recientes– y que los izquierdistas son divisibles por sí mismos, ser de centroizquierda es tanto un misterio como un problema: nunca se sabe en qué consiste ni adónde conduce. Eso sí, es más cómoda que cualquier otra etiqueta de la topografía política, a juzgar por la cantidad de usuarios.

Es muy extraño este lugar. Allí no hay indagatorias ni interpelaciones molestas; en cambio, abunda la autocomplacencia puesto que la identificación con el lugar exime de explicaciones o comentarios o rendiciones de cuenta. Ser de centroizquierda pareciera ser un salvoconducto; está bien, es políticamente correcto, corresponde y, por ende, asegura el libre tránsito por los insondables caminos de los derechos humanos, el latinoamericanismo, el progresismo (cómo no, el progresismo que, incluso, hasta suele ser usado como sinónimo de centroizquierda o de revolucionario según pinte la ocasión) lo nacional y popular (otro tópico), el ambientalismo, la defensa de la democracia, etc.

La centroizquierda es una fiscalía todoterreno que promete unidad en la diversidad pero si te he visto no me acuerdo aunque, una y otra vez, mente el ejemplo del Frente Amplio uruguayo y lamente la inexistencia de una cultura política de centroizquierda en este lado del charco. Mentar experiencias ajenas y lamentar la ausencia de una propia es un sino trágico que, inexorablemente, va a parar al territorio de las ingenierías electorales cuando las papas queman y hay que cerrar listas a como dé lugar. Eso para los centroizquierdistas no kirchneristas y para los antikirchneristas, pero para los kirchneristas de la centroizquierda no pejotista el problema no es menor y para la pejotista ni te cuento.

Con todo, es muy difícil saber qué es la centroizquierda. ¿El centro es el de gravedad de toda la coalición y por eso algunos dicen el centroizquierda y no la centroizquierda? ¿Es más de centro que de izquierda o es al revés? Si el centro es la barrera infranqueable para la derecha, ¿la izquierda qué vendría a ser, el sueño eterno de la revolución pero en cómodas cuotas mensuales para no provocar al lobo feroz?

Como fuere, lo cierto es que no son pocos los hombres y mujeres que, con las mejores intenciones, reivindican para sí un compromiso militante con el ideario de centroizquierda. Por eso mismo, lejos de faltarle al respeto a nadie, pareciera haber llegado la hora de poner en cuestión esa convención del lenguaje político que designa como centroizquierda a una imposibilidad: la de transformar la política de la queja y la denuncia sistemática en la articulación de un relato del futuro que sea verosímil para millones de personas. No es que no haya empatías circunstanciales entre el ideario de centroizquierda o progresista y acciones o iniciativas protagonizadas por diversos actores y movimientos sociales. De hecho las hubo, las hay y las habrá, pero lo que nunca existió fue una estrategia de intervención política que diera cuenta de las contradicciones sociales, del espacio estatal en las que se desenvuelven y de los mecanismos de representación que paulatinamente fueron entrando en crisis hasta eclosionar en 2001.

Desde entonces, o sea, desde la crisis de diciembre, la centroizquierda fue puro desconcierto ante una disputa por la hegemonía que requería reflejos distintos a los acuñados en los años de resistencia al neoliberalismo. No bastaba con reivindicar la experiencia de lucha de los movimientos sociales y su dinámica autónoma, ni con ensayar un discurso político que abandonara definitivamente la ilusión frepasista de la lucha contra la corrupción entendida como la abuela de todas las batallas. El desafío consistía en atravesar la aguda crisis orgánica asumiéndola como una oportunidad y no como una trampa del sistema, como un momento favorable a la irrupción política de amplios sectores populares y no como una celada de la institucionalidad burguesa. Con sus más y con sus menos, el espacio vacante de la centroizquierda lo cubrió el kirchnerismo y entonces ya no hubo cómo remontar la cuesta de las vaguedades estratégicas y las dudas existenciales. Todo se hizo más difícil, las alianzas, la cantidad y calidad de los apoyos versus la cantidad y calidad de las críticas, las adhesiones intempestivas de quienes antes habían abjurado de los comicios, el alejamiento de los que habían depositado esperanzas previas, la medida de la distancia de los que acompañarían pero sin protagonizar, etcétera.

Ahora la situación es distinta. Tras las últimas elecciones legislativas, el conglomerado de actores políticos que se reconoce como centroizquierda ha crecido, entusiasmándose tanto con la cosecha de votos que castigaron al gobierno por sus desaciertos y asignaturas pendientes, como por la posibilidad de librar la disputa presidencial en 2011.

¿Ha sido esto producto de una estrategia? ¿Hay allí una conducción orgánica, referenciada en una construcción política y social, a la que se rinden cuentas en un ir y venir de mandatos democráticos? ¿Se trata de un nuevo movimiento histórico, fundado en un balance autocrítico del pasado reciente y en un análisis sin concesiones de la correlación de fuerzas en la sociedad? ¿Es exactamente así o sólo se trata de un puro y duro pragmatismo, una visión de corto plazo que navega como puede en medio de una crisis de la representación que sigue sin resolverse para tirios y troyanos?

Que conste, por las dudas: las mismas preguntas le caben al kirchnerismo como fenómeno político, toda vez que fue éste quien cubrió el bache dejado por las expresiones de centroizquierda y no son escasos los kirchneristas que se reclaman como parte de esas expresiones. Por lo tanto, habrá que animarse a formular éstos y otros interrogantes, aunque no haya demasiado tiempo para las respuestas y, sobre todo, para las correctas, que son las imprescindibles para avanzar todavía más.


Carlos Girotti
Sociólogo, Conicet


17 de enero de 2010

Límites a los excesos dictatoriales

Casi resultan habituales, en algunos medios, los comentarios sobre un supuesto uso oportunista de la temática de los Derechos Humanos por parte del Gobierno. Así, esa estrategia gubernamental no sería otra cosa que un acto de propaganda sobre una cuestión ilusoria en el escenario internacional e irrelevante para la vida cotidiana de los argentinos.

Sin embargo, una verdadera política de Estado se está ejecutando dentro y fuera del país para dotar a la sociedad argentina y a la comunidad internacional de herramientas permanentes para luchar contra una cultura política que postula la noción perversa de que violar los derechos humanos por parte de actores estatales y paraestatales es una suerte de tragedia cíclica y necesaria que, a la larga, no genera costos jurídicos ni políticos para sus autores.

En esa vía, Argentina y Francia han venido impulsando, en las Naciones Unidas, la adopción de un dispositivo legal y político clave para limitar los abusos y proteger a la población de los peligros del despotismo: la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas. Al día de hoy, 81 Estados han firmado la Convención y, luego de la reciente decisión de Chile del 8 de diciembre, son ya 18 los que han formalizado su ratificación . La Convención entrará muy pronto en vigencia, cuando haya sido ratificada por 20 Estados.

Y aquí conviene recordar que la Argentina fue el primer país del mundo en firmar la Convención contra la desaparición forzada de personas y el primer país de América en ratificarla en febrero del 2007. Asimismo, ha aceptado sujetarse a la competencia del Comité de Desapariciones Forzadas, un mecanismo fundamental para asegurar la eficacia de las disposiciones de la Convención.

Esta Convención, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre del 2006, reconoce a la desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad, a la vez que reafirma el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Obliga a los Estados parte a tomar las medidas necesarias para que la desaparición forzada sea tipificada como delito en su legislación penal.

Gracias a ella, la comunidad internacional cuenta ahora con una herramienta eficaz para limitar los excesos dictatoriales. Y no hay modo irónico de reflexionar sobre esta verdad, como no sea coincidiendo, conscientemente o no, con los perpetradores del horror.

Más de una vez se acusa al Gobierno nacional de obsesionarse con el pasado argentino reciente. Sin embargo, viendo el comportamiento de la derecha nacional –ilustrada o no– uno tiene derecho a pensar que el pasado tiene una persistencia inaudita en la Argentina y que el gobierno se ha limitado a impedir que vuelva, recogiendo la ardua labor que los organismos de derechos humanos hicieron en la soledad de la sociedad civil contra el despotismo de turno.

No es oportunismo: es un salto cualitativo de la política dado desde los más altos resortes del poder público. No es una maniobra distractiva: es un reconocimiento oficial a la lucha histórica con impacto en la cultura política de la comunidad.

Nadie afirma que gracias a la Convención los gobiernos no puedan cometer nuevas atrocidades con impunidad. Pero hay –en la Argentina– una nítida voluntad política de crear instrumentos jurídicos vinculantes que obliguen a los Estados a cumplir con lo pactado. Será difícil desandar ese camino.

Nos vemos


Fuente: El Argentino

15 de enero de 2010

Inversión pública para el desarrollo

Ya bien entrado el siglo XXI no debería ser motivo de discusión el hecho de que el mercado es una construcción social. Cada sociedad define qué bienes pasan o no por el mercado, lo regula y lo ordena, y en general lo dirige hacia donde considera que puede contribuir de mejor manera al bienestar de cada uno de sus miembros. Esa definición se hace –con legislación y regulaciones– a través del Estado. No se discute tampoco que el mercado es un buen asignador de recursos, pero que si no se lo controla y complementa sus fallas –que siempre existen– pueden llevar a una distribución de la riqueza injusta y no sustentable.

Cansa un poco, entonces, escuchar las viejas críticas acerca del “clima de inversión” y de “excesos” en la intervención estatal en la economía, y particularmente contra el nivel de la inversión pública. Es indicativo del bajo nivel de la discusión económica en la Argentina que las críticas a la acción del Gobierno transiten carriles remanidos, comparando un mercado “de probeta” contra las imperfecciones de toda acción pública, y olvidando –o no reconociendo– los numerosos ejemplos mundiales y locales de la eficacia de la inversión pública en lograr la riqueza de las naciones.

Las políticas públicas de fomento de la inversión y de la industria no son –como algunos parecen creer– sólo recetas de países “bananeros” (con todo respeto por los países productores de bananas), o “sojeros”, que no aceptan sus ventajas comparativas estáticas. En la base del actual bienestar de los países hoy desarrollados se encuentran modelos de fuerte intervención pública.

De modo que asociar en la Argentina la presencia de un Estado fuerte, que toma decisiones en política industrial y que invierte en infraestructura de base con potenciales problemas en el “clima de inversión”, debidos –supuestamente– a la “intervención estatal”, no sólo tiene un tufillo demodé sino que va en contra de la experiencia –no sólo reciente– de países que están a la cabeza de las economías mundiales y que dan mejor bienestar a sus pueblos.

Y van en contra también de la propia realidad argentina. Luego de la profunda crisis de los años 2001–2002, ¿cuál fue la respuesta de la inversión bruta fija argentina? Comparando con otros países que habían sufrido crisis en la segunda mitad de la década de los ’90 (Tailandia, México, Brasil, Rusia, entre otros), la inversión argentina –pública y privada– fue la que más rápidamente se recuperó: cinco años después del pico de la crisis los niveles de inversión estaban un 35% por arriba de los mejores años previos a la crisis, y 208% por arriba del peor momento de ésta. El país mejor colocado, México, estaba 32% arriba del mejor momento precrisis, pero habiendo caído su economía la mitad de lo que cayó la economía argentina. Además, la relación entre inversión y PBI (a precios constantes) se encuentra apenas por debajo –con 23%– del máximo de los últimos sesenta años.

Debe notarse que, con ser la inversión pública la componente de la inversión total que creció más dinámicamente desde 2003 (517%), todavía la inversión privada es casi el 80% de la inversión total. Es decir, para los agoreros de la “estatización de la economía”, el dinamismo inversor argentino está basado en una inversión pública dinámica y estratégica, pero minoritaria, y en una fuerte inversión privada. Los anuncios de inversión privada en 2008 totalizaron u$s16,9 miles de millones; en 2009, u$s14 miles de millones, y sólo en el reciente llamado a acogerse a los beneficios de la ley de promoción industrial se recogieron proyectos por más de 10.000 millones de pesos.

Es que la inversión productiva nacional o extranjera lo que busca para radicarse es la competitividad sistémica en un país: la vinculación entre sanas políticas macroeconómicas y sectoriales, un Estado presente que genere los incentivos adecuados y la oportunidad de participación privada. En ese sentido, la Argentina cumple todas las condiciones: crecimiento macroeconómico, disciplina fiscal, instituciones sólidas, participación privada en la ejecución de las obras de infraestructura públicas, por años postergadas. Así, la Argentina es atractiva para la inversión productiva: no sólo la inversión extranjera directa se ha mantenido en niveles relevantes (aproximadamente u$s 5 mil millones promedio anual), sino que el ahorro doméstico –público y privado– ha sido fuente fundamental del financiamiento. Esto demuestra que si antes los argentinos desconfiaban de su propio país, hoy están dadas las condiciones para invertir y generar riqueza. Nadie crece como ha crecido la Argentina ni ha transitado esta crisis internacional como lo hemos transitado si ello no fuera una realidad.

Por eso es que no debemos volver a viejos debates sino destacar que tanto el Estado como la iniciativa privada tienen su rol en una economía moderna. Porque como el mercado no es perfecto, el Estado debe intervenir para motivar, orientar, incentivar y planificar. Parte del deber del Estado es promover las “obras públicas” que faciliten el comercio y la actividad productiva en general, actividades sin las cuales no puede generarse ninguna “riqueza de las naciones”. En eso se está trabajando para llevar adelante un desarrollo con equidad como lo buscaron y lo buscarán los gobiernos democráticos, independientes de los intereses particulares y responsables de su mandato popular de inclusión y bienestar general.

Nos vemos



Sobre textos de Débora Giorgi, Ministro de Industria y Turismo de la Nación

14 de enero de 2010

Estafa procesal

"Atribución a un tercero de una obligación inexistente, que engañosamente
se invoca ante la justicia. Quiere expresarse con esto, en términos complementarios
que uno de los litigantes trata de sorprender a los tribunales
aduciendo hechos o pruebas falsos. Si encuadra en alguna figura delictiva típica,
como la falsificación de documentos, la presentación de testigos falsos o el empleo del cohecho,
la estafa procesal se convierte sin más, aún frustrada en la figura punible pertinente" [1]

Otra fuente


Nos vemos


[1] Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales - Manuel Ossorio

13 de enero de 2010

Confluencias

Secundada por el ministro Amado Boudou, la presidenta Cristina Kirchner salió ayer a recortar el territorio de los aparatos y aparatitos que integran el conglomerado conocido como “la oposición”, alborotada por la movida de un octogenario juez de Estados Unidos que busca provecho para los “fondos buitre” en las trifulcas alrededor del Banco Central (BCRA).

Presos de semejante excitación los personajes opositores quieren a toda costa que las Cámaras decidan las estrategias económico-financieras del Estado nacional, empezando por el uso de las reservas excedentes, como si el régimen político hubiera mutado de presidencialismo extremo a parlamentarismo británico. Es fácil deducir que la confusión deriva de la voracidad de futuro que paladean los candidatos a la sucesión en la Casa Rosada, sobre todo cuando imaginan que el Gobierno puede ser debilitado a un grado tal que las candidaturas oficialistas dejarían de contar para la competencia. La mayoría está dispuesta a cualquier alianza y a diversas maniobras con tal de neutralizar todo resto de potencialidad popular en el kirchnerismo.

Hay un frente de intereses económicos concentrados, con influencias multicolores en la llamada “opinión pública”, que revuelve las internas partidarias con el mismo entusiasmo que algunos vagos dedican a patear hormigueros, sin hacer opciones precipitadas. De ese enjambre de todo y nada emerge la figura de Julio César Cobos como presunto jefe virtual de las hostilidades antigubernamentales. En la víspera, la Presidenta le dedicó un mimo envenenado al suponer que el actual vice no sólo pretende ascender a presidente sino que lo desea aun antes de las urnas de 2011.

Hay un neologismo para definir ese tipo de ansiedades no positivas: destituyente. Cobos no fue el único blanco de los mandobles presidenciales, y sería engalanarlo demasiado suponer que merece esa exclusividad, pero doña Cristina hizo algunas precisiones que merecen ser tenidas en cuenta: los males nacionales no nacen afuera, en todo caso rebotan en el exterior, y en este tiempo de inseguridades hay que andar con cuidado porque los buitres de las finanzas tienen representantes en más de un refugio de esta benemérita ciudad. Podrían ser puntos de partida para un debate con alguna sustancia, sin las trivialidades de cada día que golpean la sensibilidad de las audiencias con violencia equivalente al huracán que ayer devastó varios barrios porteños.

Hay un área en especial donde podrían dirimirse las discusiones y forcejeos en los próximos dos años. Es la zona ocupada por las clases medias, donde hierve el disgusto con la gestión oficial por razones que son más fáciles de reconocer que de explicar. Mensajes como el de ayer deberían ser motivo de reflexión en un sector social con un nivel educativo importante, excepto que los prejuicios hagan valer sus anteojeras, con la clásica fórmula de amigo-enemigo. En estas franjas de opinión los argumentos formalistas, leguleyos, son aceptados como buena doctrina y personajes como Cobos y Martín Redrado son evaluados por su habilidad para la trepada oportunista. Sin embargo, no debe olvidarse que buena parte de las víctimas del terrorismo de Estado surgieron de las fábricas y de las capas medias. En la memoria, pero también en el porvenir, esa confluencia, esta vez para la vida, debería repetirse.

Nos vemos


Página 12

12 de enero de 2010

El manejo de la política monetaria

La disputa alrededor del anunciado Fondo del Bicentenario, el uso de reservas del Banco Central y la continuidad o no de Martín Redrado al frente de esa institución es, de alguna manera, asimilable a la que estalló en marzo de 2008 por las retenciones a las exportaciones de granos: como ésa, tiene ulterioridades potenciales preocupantes para la gobernabilidad, y también se le parece en cuanto al uso de discursos engañosos, disimuladores, por parte de los protagonistas del conflicto. En todo caso, y más allá de las intenciones mostradas hasta ahora, al respecto, por esos protagonistas, está en juego un problema central: ¿a quién le corresponde el manejo de la política monetaria de un país?

Hito conceptual del país neoliberal y de hegemonía del capital financiero, la “independencia” del Banco Central es un instrumento claramente funcional a la estrategia de evitar cualquier intención alternativa a un modelo de acumulación y organización de la producción establecido. No en vano la ley que consagró el instituto, la 24.144 de Carta Orgánica del Banco Central, fue aprobada y promulgada en pleno auge del menemismo, en octubre de 1992. El ministro de Economía era entonces Domingo Cavallo, el mismo que en una gestión ya famosa al frente del Banco Central de menos de dos meses, diez años antes y en la última etapa de la dictadura militar, había dejado bien en claro para qué puede servir que la política monetaria de un país se maneje desde la cúpula del sistema financiero. Había decidido y ejecutado ni más ni menos que la socialización de la deuda externa privada.

Lo cierto es que, a partir de 1992, y con excepciones más bien marginales dentro del sistema político-partidario, toda la dirigencia asumió como un principio inalterable la pérdida por parte de los sucesivos gobiernos democráticos de la capacidad de manejar, de controlar, la herramienta principal para cualquier diseño de política monetaria.

También es cierto que esa generalizada reverencia a una concepción tan paradigmáticamente neoliberal, tan de los ’90, no impidió que los distintos sectores políticos, en sus etapas de manejo de resortes importantes del Poder Ejecutivo, convirtieran el principio en una abstracción ideológica en función de las necesidades cotidianas de la política económica.

Roque Fernández, el titular del Banco Central cuando se hizo ley su autonomía, pero ya como ministro de Economía de Menem, y Pedro Pou, su sucesor en el BCRA, acordaron en diciembre de 1996, por ejemplo, un fondo de garantía de liquidez para el sistema bancario argentino mediante la concesión de una línea de crédito por u$s6.100 millones –observar la similitud con los 6.500 millones de reservas que Redrado no liberó para el Fondo del Bicentenario– por parte de un comité de trece bancos norteamericanos y europeos encabezado por el Chase Manhattan Bank. La historia demostró, pese a la actual amnesia de tantos políticos de la oposición y economistas opinadores extasiados entonces por la política económica menemista, que esas operaciones de endeudamiento eterno afectaron gravemente la estabilidad real de la moneda argentina, ese valor que el Banco Central debe preservar sin aceptar “injerencias” del Ejecutivo según el estatuto neoliberal.

Ni hablar de los atentados contra la estabilidad y solidez del peso ejecutados después por el reaparecido Domingo Cavallo del gobierno radical de Fernando de la Rúa, con las políticas de “blindaje”, “megacanje” y demás yerbas con las que se corrió alegremente hasta el desastre de diciembre de 2001, mientras los bancos fugaban divisas sin parar. El “megacanje”, especialmente, constituyó un brillante negocio para algunos bancos privados internacionales, especialmente el JP Morgan, uno de cuyos ejecutivos más brillantes, Alfonso Prat Gay, llegó después, ya con Eduardo Duhalde en la Rosada, a la presidencia del Banco Central, en diciembre de 2002, después de que sus antecesores, Mario Blejer –el mismo que el Gobierno quiere ahora como sucesor de Redrado– y Aldo Pignanelli renunciaran sucesivamente por sus desavenencias con el entonces ministro de Economía Roberto Lavagna –el mismo que ahora cuestiona la “injerencia” kirchnerista–, de quien decían que no respetaba el principio de independencia de la entidad guardiana de la política monetaria.

Redrado también llegó al Banco Central, en septiembre de 2004, cuando el gobierno de Néstor Kirchner decidió no renovar el mandato de Prat Gay porque no coincidía en los criterios con los que Lavagna preparaba el plan de renegociación de la deuda en default concretado en 2005.
Queda claro que en la Argentina de las últimas décadas el tema del Banco Central y la política monetaria está estrechamente ligado con un eje de nuestra realidad económica, social y política, el del endeudamiento.

Hoy, esa estrecha relación sigue claramente vigente. Tanto como los radicales, con el poder en el Ejecutivo y en el Legislativo en aquel momento, el resto de la dirigencia política, incluida la del kirchnerismo, siempre hicieron como si no existiera el fallo que dio a conocer en el año 2000 el ahora camarista Jorge Ballestero sobre la causa por el endeudamiento externo argentino abierta dieciocho años antes por Alejandro Olmos. Las investigaciones y peritajes llevados a cabo esos años habían demostrado, así lo dice el fallo, el nivel de fraudulencia e ilegitimidad de buena parte de la deuda externa, y la complicidad de los ministros y funcionarios del área económica, desde la dictadura en adelante, y también de bancos privados y de los organismos financieros internacionales, con las operaciones fraguadas de endeudamiento. El fallo exhortaba al Congreso a retomar sus facultades constitucionales de “entender” sobre la deuda y actuar en consecuencia.

Muchos de los dirigentes que hoy descubren la importancia que tiene que un gobierno soberano pueda manejar los instrumentos de política monetaria, como el Banco Central, sólo lo hacen en función de la necesidad de usar reservas como garantía de la deuda, en lugar de pensar en usarlas como instrumento de una estrategia vigorosa de crecimiento productivo y cambio social. No hay tanta diferencia con los sectores de la oposición que en sus respectivos tiempos no cuestionaron atentados contra la moneda y la economía nacionales y sólo cuestionan el uso de reservas porque creen que para pagar deuda, como en la década de los ’90, hay que volver a endeudarse.

Nos vemos



Carlos Eichelbaum