31 de mayo de 2008

QUE ME DIGAN QUE NO ES EL MAS GRANDE


NO SE PUEDE CREER

¿Qué es lo que nos pasa a los argentinos?, ¿Por qué vamos a contramano del sentido común y de la racionalidad?

Miremos un poco a Brasil que en el 2008 tendrá una cosecha agrícola record de 142.6 millones de toneladas, 7% más que en el 2007 y estiman para el 2009 otro aumento del 5-6%. Ello le permitió al Ministro de Agricultura brasilero afirmar que esta cosecha record contribuirá a dismi-nuir el impacto interno del aumento de los precios internacionales de los alimentos

En Brasil la Inversión Directa Extranjera en el 2007, según un reciente estudio de la CEPAL, ascendió a 34.600 millones de dólares, un nivel seis veces más alto que en la Argentina. El aumento de ese año con respecto al 2006 en el Brasil fue de 15.800 millones de dólares y en la Argentina de 683 millones. Standard and Poor calificó la deuda de Brasil como de “investment grade”, lo cual le permitió colocar en el mercado financiero internacional títulos públicos a una tasa de interés del 5,2% anual. En cambio la Argentina sólo tiene acceso con sus títulos públi-cos en Venezuela a una tasa de interés en torno al 12% anual. El Gobierno Venezolano siempre está predispuesto a aceptar estas operaciones porque los bancos venezolanos amigos del gobierno compran esos títulos pagando el dólar oficial y luego los vendan cobrando el dólar con su cotización en el mercado negro, que duplica el precio del dólar oficial.

Lo que no se entiende es ¿por qué en la actualidad hay fuga de capitales privados hacia el ex-terior y por qué la Argentina tiene un riesgo país que es casi cinco veces más alto que el de Brasil? ¿Por qué se habla de corralito? Cuando existen puntos fuertes de la realidad actual: cin-co años creciendo al 8,6% anual, disminución del desempleo laboral del 25% en 2002 al 8,5% a fin de 2007, superávit fiscal y externo que no se había observado en los cuarenta años previos a la crisis del 2002, reservas internacionales superiores a los 50.000 millones de dólares, dis-minución de la deuda del gobierno del 147% del PBI (2002) al 56% del PBI a fin del 2007.

En el periodo 2002-2006 la combinación superávit en la cuenta corriente del Balance de Pagos y entrada de capitales permitió aumentar las reservas internacionales en 36.000 millones de dólares y además cancelar deuda con los organismos internacionales por 17.000 millones de dólares. Este contexto siguió siendo favorable en el primer semestre del 2007. A partir del se-gundo semestre la crisis de los préstamos hipotecarios en los Estados Unidos repercutió en la Argentina. En efecto, en el segundo semestre del 2007 tuvimos salida de capitales privados por 4.800 millones de dólares. En abril de este año la confrontación entre el gobierno y el campo da lugar a una nueva salida de capitales de u$s1.500 millones de dólares.

Una forma de cuantificar la credibilidad del gobierno es a través de las estimaciones del riesgo país. A comienzos del 2007 el riesgo país de Argentina era el mismo que en Brasil. En la actua-lidad el riesgo de Argentina es casi cinco veces más alto que el de Brasil: Argentina 533 b.p., Brasil 191 b.p., México 134 b.p., Venezuela 523 b.p. Todo ello pone de manifiesto la falta de credibilidad del gobierno argentino.

¿El gobierno va a seguir acumulando distorsiones de precios relativos y estrangulamientos sec-toriales como en la energía? ¿El gobierno tiene pensado alguna estrategia antiinflacionaria más allá de seguir manipulando el Índice de Costo de Vida? ¿Estará dispuesto el gobierno a enfren-tar el costo político que va a significar corregir las distorsiones? ¿Tiene en claro el gobierno que ese costo político será cada vez mayor si sigue postergando tomar decisiones y sigue cayendo la imagen presidencial?

La historia política de los países, avanzados o no, demuestra que hay dirigentes políticos que tienen un comportamiento político predecible, dirigentes que toman decisiones guiados por el sentido común. Los Kirchner, por el contrario, no siempre han tenido un comportamiento prede-cible. Cuando se produjo la imponente manifestación orientada por Blumberg, el Gobierno actúo en función del sentido común. No lo enfrentó sino que trato de colaborar y dialogar con él. Finalmente, envío al Congreso Nacional varias de sus propuestas de legislación. Kirchner actuó con una lógica de sentido común. Otro comportamiento de sentido común fue luego de la derro-ta electoral en Misiones cuando estuvo en juego la reelección de Rovira. Kirchner asimiló el fra-caso electoral y su primera reacción fue pedirle a Solá y a Fellner que no vayan por sus reelec-ciones como gobernadores. En este caso, también, siguió una estrategia guiada por el sentido común.

Pero no siempre fue así. Un ejemplo de comportamiento no predecible fue cuando las encues-tas señalaban una imagen positiva de Néstor Kirchner del 70% y decidió postular a Cristina Kirchner como candidata a Presidenta. El sentido común advertía sobre los riesgos a que pue-de conducir un gobierno con doble comando. La designación de Cristina de Kirchner se basó en una lógica de comportamiento disociada del sentido común.

Otro ejemplo es la confrontación con el campo. No se entiende la lógica de razonamiento políti-co que lleva a enviar a D’Elia a Plaza de Mayo para desactivar el cacerolazo ni a Moyano a acampar cerca de Gualeguaychu. Escapa al sentido común entender el capricho del gobierno en seguir con su planteo de retenciones móviles que conducen a un impuesto del 95% sobre el excedente de un precio internacional de la soja superior a los 600 dólares la tonelada. En efecto, hasta ahora siempre el precio fue bastante inferior a los 600 dólares aun en plena euforia in-ternacional. El gobierno se encerró en un planteo abstracto sobre un excedente no esperado de 600 dólares y está incurriendo en un costo político más elevado que si hubiesen modificado las retenciones. Más advirtiendo que “conceder” el marginal del 95% no tiene ningún costo fiscal.

Estas dos hipótesis opuestas de comportamiento de los Kirchner son la que están actualmente en discusión para adivinar el comportamiento futuro del gobierno en el caso de que se profundi-ce la aceleración inflacionaria, avance la puja distributiva y se acreciente la pérdida de popula-ridad del gobierno. Además, el gobierno deben tomar en cuenta las enseñanzas del pasado que nos advierten que cuando las cosas andan bien los 50.000 millones de dólares son un activo pero cuando andan mal son un ave pasajera que huye espantada.

Frente a estos desafíos futuros, ¿Cuál será la lógica de comportamiento de los Kirchner? ¿Se comportarán de acuerdo al sentido común y estarán dispuestos a enfrentar los costos políticos que implica corregir las distorsiones que se están acumulando? ¿Estarán dispuestos a hacer el “service” del modelo como recomiendan alguno de sus asesores? O, por el contrario, ¿triunfara la teoría conspirativa y confrontativa?, ¿Cuál de las dos versiones de comportamiento de los Kirchner entrara en acción?

FUENTE: ECONOMETRICA S.A.

17 de mayo de 2008

DE NUEVO LA IDEA DEL CORRALITO

Leemos en Economía Para Todos un interesante de Roberto Cachanosky que desnuda los males argentinos, los desaciertos del gobierno y el miedo al fracaso que a todos nos envuelve.



11 de mayo de 2008

LA ESTAFA DE LAS RETENCIONES

El diputado (mc) Mario Cafiero y el abogado Ricardo Monner Sans, con el apoyo de la investigación de Francisco Javier Llorens, han realizado una presentación a la Justicia Federal solicitando una investigación de naturaleza penal sobre la forma en que se aplican las retenciones, y el papel en ellas del "puñado de empresas extranjeras que, con la complicidad o al menos aquiescencia del Estado Argentino, dominan el comercio exterior argentino.
"El ranking de todas las empresas exportadoras de la Argentina del año 2007 aparece encabezado por Cargill con ventas al exterior por u$s 4.317,6 millones; en segundo lugar se ubica Bunge con u$s 2.673,7; en tercer lugar se encuentra LDC Argentina (subsidiaria de Grupo Louis Dreyfus) con u$s 2.030,9 millones. Estas tres empresas cerealeras encabezan el ranking de todas las empresas exportadoras del país. Un puñado de empresas cerealeras (que se completa con Nidera SA, Noble Argentina, subsidiaria de Noble Grain, ADM Argentina SA y Aceitera General Deheza SA) maneja el negocio de la exportación de cereales de nuestro país."
En dicha presentación judicial, los accionantes señalan que el Art. 737 del Código Aduanero "establece que para la aplicación del derecho de exportación ad-valorem se 'excluyen del valor imponible los derechos y demás tributos que gravaren la exportación'. Sin embargo la SAGPyA calcula el derecho de exportación sobre la base del precio FOB, sin descontar o deducir los derechos incluidos en ese precio. En consecuencia, de acuerdo a la información suministrada en la página web de la SAGPyA, el método aplicado para el cálculo y publicación del precio FAS al productor, es absolutamente erróneo, ya que se descuenta el porcentaje de las retenciones del valor FOB, sin deducir el importe de las retenciones en él incluido.
"La diferencia no es menor. Por ejemplo, para una operación de exportación de soja a 500 U$S FOB, si los Derechos de Exportación vigentes al momento (43 %) se calcularán sobre el precio FOB serían de: 500 X 43% = 215 U$S y por lo tanto para el productor/exportador quedarían 285 U$S. Sin embargo, conforme el Código Aduanero (Art. 737) los Derechos de Exportación deben aplicarse sobre el precio neto que percibe el exportador/productor y no sobre el precio FOB. Por lo tanto el Derecho de exportación a cobrar legalmente sería de: 500-500/1,43 = 150 U$S. Por lo tanto el Precio neto que debería recibir el exportador/productor debería ser de: 500-150 = 350 U$S. En este caso teórico la diferencia es de: 350 u$s - 285 u$s = 65 u$s, o sea el productor habría sido despojado así de un 19 % del precio e importe que le correspondía."
Dicho en otras palabras, el porcentaje de impuesto que se le está cobrando al productor calculado sobre el precio que se le paga es muy superior al que se dice. Así, por ejemplo, el 35% de retención significa un impuesto del 54% de lo que cobra el productor, y la diferencia se agranda al aumentar las retenciones. Para que se entienda: un 50% de retención significa un 100% de impuesto sobre el precio que recibe el productor.
Así tenemos, por un lado, la ilegalidad en la aplicación del impuesto y el engaño que encubren en cuanto al porcentaje que significan para el productor. Pero, además, el otro hecho a investigar es ¿quién se queda con la diferencia? ¿Cómo rinden el impuesto los monopolios exportadores? Por eso la presentación judicial concluye planteando "dos imperiosas necesidades:
• Tanto la SAGPyA, cuanto el Ministerio de Economía, cuanto la Aduana Nacional, deben abrir todos los meses un informe de las exportaciones en granos de la Argentina, desde los cuales se pueda acceder a la información básica por exportador. Ejemplo: total exportado en toneladas, países de destino, precio máximo, precio mínimo, precio promedio, etc. Esta mínima información que puede confeccionarse con recursos informáticos muy sencillos (una planilla de Excel o Access) podría servir de contralor cruzado y de la verificación de los precios FOB oficiales publicados por la SAGPyA. Si esto no se hace es porque no quiere transparentarse el mercado de exportación de granos.
• La necesaria profundización de un tema de grave repercusión nacional, conlleva la necesidad de realizar una investigación de la contabilidad de las trasnacionales traficantes de granos que dominan el mercado y allí seguramente encontraremos esos recursos que la Presidenta dice que hay que redistribuir. Esos recursos, consiguientemente, no saldrán de los bolsillos de chacareros y medianos productores."

4 de mayo de 2008

EL TEOREMA DE LOS ALIMENTOS

Recibimos esta muy interesante nota del Sociólogo y Periodista Ernesto Seman , que queremos compartir.

"Los países que exportan productos alimenticios enfrentan en estos días una misma disyuntiva a lo largo y ancho del planeta: imponer límites a sus ventas al exterior y resistir el enojo de sus grupos propietarios, o liberar el sector externo y enfrentar las protestas de los sectores populares por el encarecimiento acelerado de los alimentos, el famoso fenómeno de la agflación. En un país como la Argentina, donde la inflación y las protestas sociales decoraron la caída de dos presidentes y la inflación ayudó a consolidar procesos regresivos de distribución del ingreso, no cabe duda de qué tiene que hacer cualquier gobierno que no sea suicida. En las últimas semanas, en la Argentina se organizó un lockout contra el anuncio de retenciones móviles, una protesta que contó hasta con el apoyo de algunos de los beneficiarios de la medida que los indignaba, como grupos de las clases medias urbanas. En el mismo momento, en otras partes del mundo, el traslado directo del precio internacional de los productos primarios al mercado interno provocó una ola de levantamientos en protesta por la inflación: en Haití (un importador neto) las protestas dejaron cuatro muertos. En el último mes, las protestas en Egipto, Costa de Marfil, Mauritania, Mozambique, Senegal, Uzbekistán, Yemen, Bolivia e Indonesia tuvieron el denominador común de reclamar una baja en el precio de los alimentos. En Camerún, la represión a las marchas contra los aumentos de precios costó cuarenta vidas. La “escasez” de arroz es sin duda uno de los ejemplos más perversos de este proceso: la producción exportable llega a Europa y Estados Unidos a precios altos que aún pueden ser absorbidos por esos mercados, pero en los supermercados de los países productores el mismo precio deja las góndolas llenas de paquetes de arroz y a los potenciales consumidores con sus carritos vacíos. La ONU advierte que la pobreza generada por el aumento del precio de los alimentos puede generar una crisis política global. El titular del Banco Mundial, Robert Zoellick –insospechado de todo progresismo, mucho menos de kirchernismo alguno– dice que el resultado inmediato es un aumento de la pobreza urbana como no se ve desde hace décadas. A Zoellick (y a muchos otros) le preocupa lo que parece ser un hecho consumado: en muy poco tiempo, a los países desarrollados se les puede acabar el maná milagroso de los alimentos baratos, como hace un tiempo ocurrió con el petróleo. Para contener la inflación provocada por el aumento del precio internacional de sus productos, China, Vietnam, India, Camboya y Pakistán optaron por lo mismo que el gobierno en Buenos Aires: aplicar retenciones a las exportaciones y recortar (o suspender por completo) las ventas al exterior de algunos productos como arroz y café, para aumentar la oferta interna y contener la inflación. Todo esto sin haber llamado a Cristina Fernández ni a Martín Lousteau. Si uno es muy obstinado, puede suponer que lo único que les interesa a esos países es acumular dinero y aniquilar a sus productores para favorecer redes clientelares, que ninguno redistribuye, que el problema de la inflación no existe, o que sólo es consecuencia de que el kirchnerismo es malo y derrochón. Con un poco menos de tozudez, a cualquiera le quedan claras dos cosas: 1) que el problema de la inflación es mundial, es urgente, avanza rápido, carcome las economías de los países exportadores de productos alimenticios y pone en tensión a sus sociedades y, 2) que las retenciones y límites a las exportaciones son dos de las pocas herramientas que el Estado tiene a mano para resistir el doble acecho de las ganancias de sus elites y las presiones del mercado global, una tenaza que oprime las entrepiernas de los gobiernos y la distribución interna de los recursos, el excedente y los alimentos. Cuando se incluye en la foto la presión del mercado mundial –que tiende a igualar globalmente los precios internos de las economías– se descartan al menos tres de las ideas más obtusas que circulan en la Argentina, y que asumen como realidad las fantasías de café en las que inscriben el conflicto con el agro. Una es que la “necesidad de recaudar” se saciaría si el Estado mejorara el cobro de, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, algo que no ayudaría en nada a contener el precio de los productos alimenticios (lo cual no quita que, aparte, el Gobierno debería ser más eficaz en cobrar dicho impuesto). La otra es que la voracidad por recaudar sólo sirve para “agrandar el Estado” y financiar “redes clientelares”, como si éstas no fueran, aun en su modo cuestionable, herramientas de redistribución del ingreso, y como si en Europa y Estados Unidos los beneficios del Estado de Bienestar los hubieran repartido San Pedro y San Pablo y no los funcionarios de turno a los que les tocó en suerte la tarea (lo cual no quita que el Gobierno debería avanzar hacia formas universales de garantizar el ingreso ciudadano). Y la otra es que el lockout no habría existido si el Gobierno hubiera sido más preciso en el diseño de las retenciones y hubiera excluido a los pequeños productores, sobre la base de la idea ingenua y reaccionaria de que la distribución progresiva de ingresos es una cuestión de gerenciamiento y de que se pueden afectar los intereses de los productores agrarios y al mismo tiempo contar con su aplauso (lo cual no quita que el Gobierno podría hacer una lectura fina de la realidad social de ese sector productivo antes de darle forma definitiva a una medida). En ese contexto, parece más que razonable la opción de aplicar las retenciones y, con otras medidas (subsidios a los combustibles, promoción de ciertos grupos industriales), tratar de contener una alianza social amplia aun a costa de moderar el efecto redistributivo. En verdad, el mayor riesgo para la Argentina es que, como un espectador marginal de la economía mundial, la presión de los precios internacionales se haga incontenible, el aumento del precio de los alimentos no pueda compensarse con los salarios, y el Gobierno pague al mismo tiempo los costos de las retenciones y los costos de la inflación, un panorama que afectaría mucho más que el futuro de una administración. El Gobierno tiene una enorme cantidad de espacio para mejorar en cuanto al impacto de su gestión política y económica sobre la inflación. Pero aun si todas sus medidas fueran correctas, Moyano limitara las demandas salariales como la socialdemocracia de la posguerra y D’Elía adoptara los modales de Alberdi como le reclaman muchos espantados por la irrupción pública de la tensión social, aun después de todo eso, en el centro de la mesa seguiría estando el problema de la inflación y la necesidad de aplicar retenciones para evitar que el aumento de los precios internacionales impacte en la calidad de vida de los sectores populares". Ernesto Semán